España afronta el aluvión inmigratorio proveniente de Africa con una mezcla de preocupación, desconcierto y una pizca de culpa. Una encuesta de la Cadena SER, la radio con mayor audiencia en el país, hecha pública esta semana, afirma que para el 89 por ciento de la población están llegando demasiados inmigrantes al país. La inmigración, afirma el sondeo, es la principal preocupación de los españoles, superando por primera vez en mucho tiempo al terrorismo de ETA y al desempleo.

Es por ello que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trata de mostrarse firme con la inmigración ilegal, aunque tampoco ha dudado en pedir auxilio a la Unión Europea, consciente de que el fenómeno lo está desbordando por los cuatro costados. La respuesta de la Comisión Europea no fue muy halagüeña: el ministro del Interior alemán, Wolfang Schäuble, criticó a los españoles por haber pedido fondos suplementarios a la Unión para hacer frente al fenómeno y Bruselas terminó recomendando a España que si quiere ayuda económica, primero expulse en forma masiva a los inmigrantes que ya han llegado a su territorio.

Mientras tanto, la oposición de centroderecha continúa con su cantilena en la que afirma que el creciente flujo inmigratorio se debe a un supuesto “efecto llamada”, producto de la legalización masiva de inmigrantes que llevó adelante Zapatero apenas asumió el poder hace dos años, aunque tampoco ofrece soluciones viables al conflicto.

Desde principios de año la administración Zapatero repatrió a 13.055 africanos a sus países de origen y para lograrlo tuvo que afrontar antes las enormes resistencias que le plantearon los países africanos en los que se origina el fenómeno. La Ley de Extranjería española impide que se expulse del país a una persona que no es admitida por su país de origen. Para los países africanos la cuestión es muy simple: los inmigrantes residentes en Europa se han transformado, en la mayoría de los casos, en la principal fuente de ingresos de divisas de sus países. Así que no quieren oír ni hablar de repatriaciones concertadas.

En España hay ya más de cuatro millones de inmigrantes legales, que representan el ocho por ciento de la población. Ellos han contribuido a superar el crónico déficit del índice de natalidad que sufría el país hace apenas una década, sus contribuciones a la seguridad social ayudan también a cubrir el enorme gasto social del Estado y en ciertos sectores económicos como la construcción, el campo y el servicio doméstico se han vuelto imprescindibles.

Pero el aluvión africano plantea problemas de difícil solución. Los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) están superados. Luego de que el gobierno elevara hasta seis metros de altura la valla de alambre que rodea los enclaves españoles en el norte de Africa (las ciudades de Ceuta y Melilla), el fenómeno se trasladó a las islas Canarias. Y en las islas la situación está al borde del colapso. Ante la saturación de los CIE los servicios de seguridad del Estado han optado por ocupar naves abandonadas del puerto, un polideportivo municipal, un garaje de una comisaría y hasta un viejo restaurante en ruinas.

La situación es tan crítica que el próximo martes la Fiscalía enviará al CIE de El Matorral, en la isla de Fuenteventura, una inspección con el objeto de comprobar si las denuncias del sindicato de policía acerca de las condiciones de hacinamiento que padecen los recién llegados son reales. Diversos organismos de derechos humanos han denunciado a menudo maltratos a los inmigrantes por parte de las fuerzas del orden y hace apenas dos meses un escándalo que implicó a tres policías actualmente en prisión por haber violado a seis mujeres inmigrantes en un CIE de la ciudad de Málaga dejó estupefacta a la opinión pública.

La sociedad española, mientras tanto, observa el fenómeno con gran preocupación y un poco de culpa. Por un lado, sabe que no puede prescindir de los inmigrantes si pretende que la economía siga creciendo, pero a su vez teme que la invasión termine provocando tensiones sociales.