Como el tema de la seguridad, el de la inmigración es una de las más fructíferas inversiones electoral que un líder político francés puede realizar durante una campaña electoral o antes de ella. A diferencia de países como Italia o España que proceden a regularizaciones masivas de inmigrados clandestinos, París mantiene un enfoque disuasivo en su política inmigratoria. Si bien la inmigración es una suerte de monopolio de la derecha, los socialistas no escapan tampoco al oportunismo y a las ambigüedades propias a un tema que reviste en Francia características particulares debido a la historia colonial francesa en Africa y en los países del Magreb. Cada cita electoral es un nuevo ring donde las distintas corrientes políticas se disputan el trono de campeón.

Todos los gobiernos proponen la lucha contra la inmigración clandestina como uno de los principios de su acción. De este modo, con escasas excepciones, todos mezclan en un mismo plato ambas inmigraciones, la clandestina y la legal, para poner al inmigrado en el centro de un debate en el que, sucesivamente, termina esbozado como los responsables de casi todos los males del país: delincuencia, desempleo, violencia, terrorismo. La última gestión de la derecha francesa no escapa a la eterna utilización del inmigrado como anzuelo colocado en el fondo de las urnas.

Desde que en los años ’80 la extrema derecha del Partido Frente Nacional de Jean Marie Le Pen irrumpió en el tablero político francés con porcentajes alarmantes –entre 10 y 15% del electorado comparte sus ideas–, la sociedad francesa y la clase política perdieron el pudor. Le Pen instaló en la sociedad su concepción xenofóbica del otro. Salvo una regularización masiva decidida cuando el socialista François Mitterrand fue electo en 1981, los sucesivos gobiernos se caracterizan por un severo apriete de clavijas de las políticas inmigratorias. Las leyes se fueron haciendo más restrictivas, a pesar incluso de que pacientes estudios realizados por expertos de la Unión Europea muestran que el flujo de inmigrantes es decisivo no sólo para el crecimiento demográfico sino también para la supervivencia del sistema de jubilaciones.

El gobierno del presidente Jacques Chirac, reelecto en mayo del 2002, hizo de la lucha contra la inmigración uno de los pilares de su discurso y de su acción. El Ejecutivo se fijó metas claras que no descuidó de promover cada mes presentando las cifras ante la sociedad: expulsar al mayor número posible de inmigrados clandestinos.

Entre el 2002 y ahora intervinieron dos reformas de las leyes migratorias. La última, cuyo autor no es otro que el actual ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, es una de las más duras que se hayan elaborado en los últimos años. Las disposiciones limitan incluso el derecho de los inmigrados que tienen ya varios años de residencia en el país.

Sarkozy introdujo en Francia el concepto de la inmigración elegida. Este concepto consiste en elegir a los mejores inmigrados, es decir, aquellos que tienen los mejores diplomas.

Nicolás Sarkozy sacó también de la galera otra idea para expulsar a los clandestinos: ir a buscar a sus hijos a las escuelas y expulsar a todo el mundo, niños escolarizados incluidos.

Las expulsiones de estudiantes jóvenes provocaron un gran debate y terminaron generando una sólida respuesta de sociedad en contra de esas prácticas. Manifestaciones, movilizaciones, protección de los expulsables, intervención de asociaciones de abogados, en suma, una serie de acciones tendientes a trabar una práctica inédita en el país.

La siguiente idea del titular de la cartera de Interior consistió en lanzar un programa de regularización de inmigrantes clandestinos que habían adquirido el derecho a tener papeles. Así y todo, de las decenas de miles de candidatos a la legalidad sólo fueron aceptados poco más de 6900. Las solicitudes de muchos de ellos, incluso con derechos, fueron rechazadas.