La vorágine de violencia se ha desatado de nuevo en los territorios palestinos tras semanas de precaria calma. Bassam al Fara, un juez de 30 años y dirigente de Hamas, fue asesinado ayer a balazos por enmascarados que lo sacaron de su coche a las puertas de un juzgado de Jan Yunis –Gaza–, ciudad en la que era una figura prominente. Un episodio más de la lucha cruenta por el poder entre Fatah y Hamas, cuyo agravamiento forzó al primer ministro, el islamista Ismail Haniye, a suspender su primera gira al extranjero desde que asumiera el cargo en marzo. Tres niños, hijos de un oficial de los servicios de inteligencia y miembro de Fatah, el partido del presidente Mahmud Abbas, fueron acribillados a tiros el lunes en Gaza.

Tres activistas de Hamas cayeron heridos de bala el martes en Ramalá, capital de Cisjordania, donde después fue atacada una comisaría de un cuerpo policial dependiente de Abbas. Otro miliciano fundamentalista fue baleado en Yenín, uno más en Tulkarem. A dos días de la celebración del 19º aniversario de la fundación de Hamas, el ambiente difícilmente puede enturbiarse más. No parece que el asesinato del juez Al Fara, perteneciente al clan más importante de Jan Yunis, vaya a ser el último. Los ataques contra jefes locales islamistas se multiplican en Cisjordania, donde el movimiento fundamentalista carece de la fuerza que tiene en la franja de Gaza. “Quienes propugnan un golpe de estado contra el gobierno deben soportar la responsabilidad por las acciones que están generando el caos en las calles palestinas”, declaró el parlamentario de Hamas Mushir al Masri. Portavoces de Fatah negaron toda implicancia en los crímenes. Sin embargo, diplomáticos occidentales y analistas se muestran convencidos de que los autores de gran parte de los asesinatos se esconden bajo el paraguas de Fatah.

El partido fundado por Yasser Arafat y dominador de la vida política palestina durante medio siglo comienza a sufrir síntomas de desesperación. Incapaz de asumir su derrota en las urnas hace casi once meses, los disturbios y huelgas forzadas se han repetido sin solución de continuidad. El boicot de la comunidad internacional no ha logrado, por el momento, derribar al gobierno islamista, aunque Abbas y sus consejeros no dejen de amenazar con la disolución del gobierno y la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas. Los radicales islamistas sienten que están quebrando el asedio económico. Las donaciones y promesas financieras de países musulmanes están otorgando un respiro y Hamas tiene la impresión de que lo peor ya ha pasado.

Por si algo faltaba para empeorar la coyuntura, cinco cohetes artesanales cayeron sobre el sur de Israel –una veintena desde que se acordó la tregua entre el ejército y las facciones palestinas el 26 de noviembre– sin causar daño alguno la noche del martes. Y todo apunta a que los agresores forman parte de los anárquicos grupos de Fatah que tratan por todos los medios de desestabilizar al Ejecutivo de Haniye y provocar una situación insostenible. Ahora queda por ver la reacción israelí a las violaciones del alto el fuego pactado el 26 de noviembre. El primer ministro hebreo, Ehud Olmert, aseguró durante su estancia en Alemania que su gobierno seguirá sin responder. Aunque nunca se sabe hasta cuándo podrá mantener esta postura, que le granjea tantos elogios en el extranjero como agrias críticas de la potente extrema derecha de su país. “Lo importante de este alto el fuego es que ha sido negociado por Israel y Hamas con el presidente Abbas como intermediario. Los servicios de espionaje israelíes saben que Hamas es el único que puede imponer la ley y el orden”, afirmaba días atrás un diplomático europeo. Oficiales del ejército citados el miércoles por el diario Haaretz añaden que la organización fundamentalista está haciendo un notable esfuerzo para mantener el frágil alto el fuego. Lo que no significa en modo alguno un giro en la estrategia de Hamas, que persevera en su rearme.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.