Desde París

Tito López tiene colgada la bandera chilena en el balcón de su departamento parisino. Una manera de celebrar con los colores nacionales la desaparición del hombre que modificó su vida y la de tantos chilenos, los que residen en Chile y los otros, la decena de miles de ciudadanos que partieron al exilio. Uno de los grandes representantes latinoamericanos de la exterminación de la libertad humana se fue el domingo pasado sin que los jueces pronunciaran una sentencia. Yazmine Menateau, una chilena que perdió a su compañero durante la dictadura, dice: “Es una lástima que haya muerto en toda tranquilidad”. La muerte sin juicio del dictador Augusto Pinochet suscitó en Francia una ola de reacciones oficiales y un lamento: a pesar de que el legajo contra el dictador era uno de los más frondosos y mejor preparados del mundo, la Justicia francesa no lo juzgó a tiempo por contumacia.

El premier francés, Dominique de Villepin, lamentó la ausencia de un juicio mientras que François Hollande, primer secretario del Partido Socialista, fue un poco más lejos en sus declaraciones: “Un dictador que fue capaz de decidir la matanza de miles de chilenos y del exilio de casi un millón de personas (...) merece el desprecio de quienes defienden las ideas de democracia y derechos humanos. Pinochet hubiese merecido el deshonor civil y militar”. La cancillería francesa también se sumó al coro de quienes fustigan el hecho de que Pinochet no haya rendido cuentas a la Justicia y recordó que aún había en Francia procedimientos judiciales en curso contra otros responsables de la dictadura chilena. Ricardo Parveix, presidente de la Asociación de ex prisioneros políticos chilenos refugiados en Francia, criticó precisamente el hecho de que París no haya acelerado los trámites para enjuiciar al dictador. “Francia podía llevar a cabo un juicio por contumacia contra Pinochet. Es el país donde los procedimientos estaban más avanzados. Se perdió una oportunidad histórica.”

William Bourdon, uno de los abogados franceses de las víctimas de la dictadura, insinuó una suerte de tardanza curiosa. “Hubo una demora incómoda”, señaló Bourdon. Técnicamente, Pinochet hubiese podido ser procesado en Francia en ausencia a partir de diciembre 2005. París emitió en 1998 un pedido de arresto francés por “secuestros seguidos de torturas” de cuatro franco-chilenos desaparecidos entre 1973 y 1975. La fiscalía de París pidió incluso que Pinochet fuera enviado ante un tribunal junto a otros 15 sospechosos. Sin embargo, la jueza Sophie Clément no dio curso al pedido y decidió prolongar la investigación hasta cerrarla para siempre la semana pasada. En comparación, desde el punto de vista técnico-legal, los juicios iniciados en Chile y en otros países europeos, incluso España, eran menos sólidos que el francés. Sophie Thonon, la abogada más activa de las víctimas francesas de la dictadura, la mujer que llegó a obtener que el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger fuera convocado por la justicia francesa –Kissinger se escapó por la puerta de atrás del hotel Ritz de París en mayo de 2001– evocó la timidez de la voluntad política para juzgarlo en París: “Cuando existe voluntad política para que la Justicia vaya más rápido, la Justicia avanza rápidamente”.

Augusto Pinochet estaba acusado en Francia de la desaparición, el 11 de septiembre de 1973, de Georges Klein, consejero de Salvador Allende, y del religioso Etienne Pesle. El legajo francés también lo implica en la desaparición de dos miembros del MIR, Alphonse Chanfreau (30/07/74) y de Jean-Yves Claudet-Fernández (01/11/75). Klein y Pesle fueron arrestados por los militares. Chanfreau fue secuestrado y torturado en la Colonia Dignidad. Jean-Yves Claudet-Fernández fue secuestrado en Buenos Aires en un operativo del Plan Cóndor. A pesar de la abrumadora acumulación de pruebas obtenidas por el juez Roger Le Loire hasta el año 2001, una serie de fallas del sistema judicial impidieron que los juicios progresaran. Ricardo Parveix imputa esos atrasos a los desarreglos del sistema francés, que cambia constantemente de jueces de instrucción. Las familias de las víctimas de la dictadura están convencidas de que el último juez que tuvo el legajo en sus manos, Sophie Clément, trabajó demasiado solo y no quiso asumir la responsabilidad de ordenar el primer juicio mundial contra Pinochet.

Con todo, la posibilidad de enjuiciar a los otros 17 militares implicados en las desapariciones sigue abierta. Entre ellas, aparecen el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y Paul Schaeffer, el criminal nazi que fundó Colonia Dignidad. La jueza Sophie Clément terminó su investigación el pasado 5 de diciembre, y si se cumplen una serie de requisitos legales, en París se estima que los imputados podrían ser juzgados en Francia por contumacia a partir de 2008.