Menos de tres semanas después de la muerte del dictador Augusto Pinochet, la Justicia chilena procesó ayer a los principales encargados de reprimir a los militares que no se habían plegado al golpe de 1973. Se trata de un grupo de nueve oficiales retirados de alto rango de la Fuerza Aérea chilena, en principio responsables por las torturas y las violaciones a derechos humanos cometidas en los primeros meses de la dictadura en la Academia de Guerra Aérea (AGA). No fue ni el más grande ni el más sangriento de los centros clandestinos que utilizó el régimen pinochetista, pero fue el que marcó la vida de la presidenta Michelle Bachelet.

Apenas días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la Academia se convirtió en uno de los primeros centros clandestinos de detención e interrogación. Durante casi dos años cientos de oficiales de esa arma y militantes de los principales movimientos de izquierda fueron torturados y asesinados. Para la cúpula de la institución no apoyar el golpe significaba traición a la patria y demostraba que algunos militares de la Fuerza Aérea habían sido infiltrados por marxistas. Por eso, realizaron una purga como no se vio ni en el Ejército ni en la Marina.

Los subsuelos de la escuela castrense se abarrotaron inmediatamente con detenidos. Las aulas y los baños fueron convertidos en celdas, y las capillas y el segundo piso del elegante edificio se transformaron en improvisadas salas de interrogación y tortura. Al público se lo presentó como la antesala de un proceso judicial para erradicar la “infiltración marxista” de la institución. Pero puertas adentro la historia era otra. La “investigación” consistía en interrogatorios con preguntas sobre vínculos inexistentes entre los militares y la guerrilla Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y largas sesiones de torturas.

El objetivo de Fuerza Aérea era todavía más amplio. “Hay que extirpar el cáncer marxista de la sociedad chilena”, había explicado el comandante en jefe de esa arma, Gustavo Leigh.

Meses después comenzó el Consejo de Guerra. 66 oficiales fueron juzgados por sus compañeros de armas y la mayoría fue acusada de traición a la patria. Otros detenidos no llegaron ni siquiera a tener este juicio de fantasía porque la fuerza prefirió mantenerlos encerrados en secreto. El general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, padre de la presidenta, tampoco tuvo su juicio militar.

Bachelet había sido encarcelado en la Academia por negarse a apoyar el golpe. Su sentir democrático se lo impedía a pesar de no comulgar con el socialismo revolucionario de Allende. El general Bachelet murió en cautiverio de un paro cardíaco por las torturas que supuestamente nunca había recibido en la Academia.

Para 1974, cerca del 80 por ciento de los detenidos en la Academia eran militantes del Partido Comunista y del MIR. Sin embargo, los largos juicios militares habían atraído demasiada atención. A fines de ese año, los detenidos fueron transferidos clandestinamente a otros centros de detención más grandes y con mayores medidas de seguridad.

Los crímenes en la Academia lograron durante años quedar opacados por los horrores que se vivieron en centros clandestinos más grandes, como el Estadio Nacional –hoy rebautizado Víctor Jara–. La ley de amnistía del gobierno pinochetista, que abarcó los crímenes cometidos hasta 1978, también actuó como freno para juzgar los crímenes cometidos en los primeros años de la dictadura. Sin embargo, después de la detención de Pinochet en Gran Bretaña en 1998 los jueces chilenos, siguiendo el derecho internacional, empezaron a juzgar esos hechos como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no amparados por la amnistía.

El fallo de esta semana marca un hito en la historia chilena, afirmó en diálogo con Página/12 el abogado del Programa de Derechos Humanos del gobierno que lleva este caso, Cristian Cruz. “Por primera vez, se reconoció la asociación ilícita genocida”, señaló.