Desde Madrid

Cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un fusilado por la dictadura de Francisco Franco, llegó al poder en marzo de 2004, las víctimas del régimen fascista más largo de la historia de Europa creyeron que por fin había llegado su momento. La Transición española parecía estar madura para afrontar la urgente necesidad de una ley que reparara la memoria de los miles de juzgados en juicios sumarísimos y restituyera la identidad a los cerca de 30 mil desaparecidos. Los más optimistas pensaron incluso que el nuevo gobierno del PSOE iba a llevar a la práctica una de las más sentidas reivindicaciones de este colectivo: la apertura de los Archivos del terror, que permitiría poner fin a una larga historia de encubrimiento y olvido. Pero se equivocaron.

El 10 de septiembre de 2004 la administración Zapatero creó una Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, encabezada por la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el objetivo de cumplir una de las promesas electorales más sentidas del actual primer ministro: la elaboración de la Ley de la Memoria Histórica, que pusiera fin a tantos años de amnesia forzada por un régimen que supo cubrir muy bien su retirada. Con el correr de los meses las asociaciones de víctimas de la dictadura fueron dándose cuenta de que a los socialistas les faltaba la voluntad política necesaria para cumplir con su promesa.

A pesar de que han pasado setenta años del inicio de la Guerra Civil y treinta y uno de la muerte del Generalísimo, el tema aún levanta ampollas en la sociedad española y afecta intereses potentes y en pleno vigor. Una prueba de ello es la tibieza de la Ley de la Memoria Histórica finalmente aprobada el 14 de diciembre pasado, que fue ampliamente rechazada por la totalidad de los colectivos de víctimas y familiares. Defenestrada por el conservador Partido Popular, que ha visto en ella un intento de reabrir viejas heridas, y por los sectores sociales a la izquierda del PSOE, como el grupo parlamentario de Izquierda Unida o de Ezquerra Republicana de Cataluña, que la creen insuficiente, la nueva ley nace con el estigma de la mediocridad y se revela como un parche más que como una solución definitiva al problema que pretende resolver.

Entre las numerosas cuestiones que la nueva legislación deja pendientes, la que más llama la atención es la negativa del gobierno socialista a posibilitar que se abran los archivos secretos del franquismo, lo que permitiría a los familiares de las víctimas conocer los nombres de sus verdugos, muchos de ellos todavía con vida y que jamás han sido juzgados.

En su último informe sobre esta espinosa cuestión, publicado en noviembre de este año, Amnistía Internacional señala que la ley cancela la responsabilidad del Estado español por lo sucedido, equipara las víctimas con los verdugos al mantener a ambos en el secreto y privatiza el derecho a la verdad, cuando determina que serán los particulares y no el gobierno los encargados de pagar los costos de las exhumaciones de cadáveres y los análisis de las cientos de fosas comunes que se han hallado hasta el momento en la península.

Calificada por los mismos socialistas como una ley simbólica, la nueva disposición se limita a reparar la memoria histórica de las víctimas, cuando ellas o sus familiares así lo soliciten; establece indemnizaciones por la pérdida arbitraria de bienes siempre y cuando éstas puedan ser demostradas, pero no revoca los miles de juicios sumarios llevados a cabo por la dictadura, ya que el PSOE considera que una medida de tal naturaleza produciría un efecto cascada a nivel judicial de alcances muy peligrosos. La ley también obliga a la conformación de un tribunal especial que se limitará a entregar diplomas a los familiares y a los sobrevivientes en lo que quedará salvado su honor y honra, aunque no se anulen las sentencias amañadas que en su momento los afectaron.