Desde México

La guerra frontal que el nuevo gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón ha declarado al narcotráfico ha llegado a Tijuana –Baja California–, la ciudad fronteriza de mayor tránsito del mundo donde la violencia del crimen organizado confluye con la que genera la migración ilegal a Estados Unidos.

Los primeros 300 efectivos de un contingente de 3300 militares y policías están ya en su destino para poner en marcha la Operación Tijuana, 22 días después del despliegue de otras 7000 tropas federales en el estado de Michoacán. “No permitiremos que algún estado sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia común”, dijo el secretario –-ministro– de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en la presentación del operativo, al tiempo que hizo un llamamiento a la población a mantener la confianza en que las autoridades realizarán las acciones necesarias “para retomar todas las regiones del territorio nacional para el servicio de los mexicanos”. Por tierra, mar y aire el gobierno de Calderón se dispone a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada en un territorio estratégico en las rutas de distribución de droga hacia EE.UU. Para ello ha movilizado a soldados, marinos y policías apoyados por aviones, helicópteros, embarcaciones y vehículos tácticos militares, en un esquema similar al que se aplica en Michoacán desde el 11 de diciembre. Buques nacionales y extranjeros que naveguen en aguas territoriales mexicanas serán inspeccionados, así como vehículos terrestres en el área de operaciones, según anunciaron los integrantes del Gabinete de seguridad. La pieza mayor en la captura de narcotraficantes fue Jeremías Ramírez García, un importante jefe de la banda del Golfo.

Los índices de criminalidad de Tijuana en el 2006 dieron un promedio de una muerte violenta cada tres días y 130 secuestros. Según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en los últimos 30 meses unas 500 familias huyeron de la ciudad a causa de la violencia. La situación de inseguridad motivó varias marchas de protesta convocadas entre octubre y noviembre pasados por dicha organización en distintos puntos de Baja California. El presidente del Consejo Ciudadano, Alberto Capella, recordó ayer en una entrevista al diario Milenio que venía reclamando desde hace meses la intervención de fuerzas federales en la lucha contra el crimen organizado en Tijuana. Capella pidió cautela a la hora de evaluar el operativo y aseguró que en tres semanas los tijuanenses comprobarán si va en serio. “Por fin el gobierno federal no está haciendo caso. Vamos a estar muy pendientes de los resultados, para que esto no se convierta nada más que en un anuncio espectacular”, añadió. El ministro de Gobernación, Ramírez Acuña, señaló que los efectivos federales trabajarán en colaboración con el gobierno de Baja California, que encabeza Eugenio Elorduy, del conservador Partido de Acción Nacional –PAN–, al que pertenece el presidente Calderón. Sin embargo, no hizo mención alguna del alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, del Partido Revolucionario Institucional –PRI–, blanco de duras críticas por la violencia en la ciudad.

La Procuraduría –Fiscalía– General de la República –PGR– emitió el pasado 22 de septiembre un comunicado en el que atribuía el aumento de la criminalidad a la corrupción de la policía local y a “la complacencia o franco encubrimiento” del alcalde Hank Rohn.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.