EL MUNDO › FALLO HISTORICO CONTRA LA ETA
› Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
El Tribunal Supremo español consideró ayer en una sentencia histórica a las organizaciones juveniles de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, como miembros de una organización de carácter “terrorista”. La sentencia se produjo en el marco de una megacausa impulsada contra 23 integrantes de la ex agrupación Jarrai, que posteriormente fue rebautizada como Haika y Segui cuando la primera comenzó a tener problemas ante la Justicia. Pocas horas después de la sentencia las calles de las principales ciudades vascas se vieron inundas de manifiestos y pintadas llamando a un fin de semana de lucha callejera que se anuncia extremadamente violento.
El dictamen del máximo órgano de la Justicia española contraría de este modo la anterior resolución de la Audiencia Nacional, dictada en el año 2005, en la que se consideraba a Jarrai como una mera “asociación ilícita”. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la más conservadora de las agrupaciones que nuclea a familiares de los asesinados por ETA, había presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ayer terminó por darle la razón. De este modo se sienta jurisprudencia sobre la consideración del entorno del Movimiento de Liberación Vasco como parte integrante de la organización terrorista ETA, ya que se presume que estas organizaciones contribuyen subrepticiamente a los fines violentos de la banda.
Mientras la policía nacional comenzaba ayer la búsqueda de los 23 procesados que disponían de libertad provisional, las fuerzas de seguridad del Estado se preparaban para lo que se supone que será un fin de semana violento en las principales ciudades del País Vasco. Los cachorros de ETA, como se los conoce popularmente en España, se caracterizan por protagonizar a menudo incidentes callejeros que terminan con el incendio de cajeros automáticos, coches y negocios de comerciantes con pocas simpatías por la causa independentista. Estos incidentes, también denominados kale borroka, son considerados como una especie de Intifada vasca y se producen cada vez que el entorno de la izquierda radical independentista decide llevar a cabo una de sus ruidosas protestas callejeras.
La sentencia del Tribunal Supremo es importante no sólo por el contexto político en el que se ha producido, sino por la enorme cantidad de causas pendientes contra el entorno de ETA que este año deberán ser resueltas por los tribunales españoles. Muchas de estas causas se iniciaron al amparo del Pacto Antiterrorista suscripto por el Partido Popular y el Partido Socialista luego de que ETA rompiera unilateralmente la anterior tregua en 1999.
Entre las muchas causas que se hayan abiertas contra el entorno de ETA, una de las que más atención despierta en la opinión pública es la que se sigue contra su financiación a través del chantaje a empresas ubicadas en el País Vasco. En este proceso todavía en fase de instrucción también se han visto afectados los periódicos afines a la banda, a la vez que gran parte de su aparato político, incluidos sus representantes a nivel internacional. Otra causa espinosa, en la que se hayan procesadas 40 personas, es la que investiga la financiación de ETA a través de las llamadas Herriko Tabernas (bares del pueblo) muy populares en Euskadi. También hay abierto un proceso penal contra el grupo Gestoras pro Amnistía, la asociación que coordina el colectivo de presos etarras y al que se acusa de transmitir mensajes entre los encarcelados.
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