Hace un mes el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmud Abbas, se reunían en la residencia oficial del dirigente judío en Jerusalén. Se anunciaron entonces varias medidas para aliviar la penosa situación de la población palestina en la Cisjordania ocupada. Apenas 44 de los más de 500 controles militares y barreras que impiden la libertad de circulación han sido levantados desde entonces. Y ayer se transfirieron 100 millones de dólares de los impuestos que Israel retiene ilegalmente a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde que Hamas se alzara con el triunfo en las elecciones, el 25 de enero de 2006. Los fondos, que suman tan sólo la sexta parte del dinero que el gobierno de Tel Aviv ha congelado, han sido ingresados en las cuentas corrientes de la presidencia palestina, que mantiene una pugna sin cuartel por el poder con el movimiento fundamentalista.

Un funcionario de la Hacienda israelí señaló ayer que los 100 millones de dólares se destinarán a proyectos humanitarios y a reforzar los cuerpos de seguridad del presidente, enfrascados en las batallas callejeras con las milicias islámicas. No obstante, Saeb Erekat, uno de los consejeros más cercanos a Abbas, declinó precisar si parte del dinero se invertirá en el fortalecimiento de la guardia presidencial. ¿El motivo? Infinidad de palestinos tildarán este movimiento de colaboracionismo con el Estado sionista. Lo que continúa al ritmo habitual es la ampliación de colonias judías en Cisjordania. Días atrás, se aprobó la construcción de decenas de viviendas en el asentamiento de Maale Adumim, al este de Jerusalén.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Amir Peretz, comunicó ayer la suspensión hasta nueva orden de la construcción de la colonia de Maskiot, en la que iban a ser alojadas, en un centenar de casas, familias evacuadas de Gaza en 2005. El anuncio, en diciembre, de la edificación de Maskiot, junto al río Jordán, en el norte de Cisjordania, levantó airadas protestas de Estados Unidos y la UE. Se trataría del primer asentamiento construido en territorio ocupado en la última década.

“La medida sólo refleja confusión en el Ejecutivo, que reacciona a la presión, unas veces de los colonos y otras de la comunidad internacional, pero que no establece una política organizada”, señaló Drod Etkes, coordinador de la ONG Paz Ahora. El derechista Likud criticó con furia a Peretz por la medida.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.