La Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Rafael Correa pendía ayer de un hilo. El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador decidió a última hora y después de una jornada marcada por la tensión y los disturbios, dejar en manos del Congreso opositor la suerte de la consulta popular convocada por decreto la semana pasada. Por medio de esta consulta, los ecuatorianos decidirían si quieren una constituyente con plenos poderes, entre ellos, la capacidad de destituir al Legislativo. Minutos después de conocerse la decisión judicial, Correa la rechazó y acusó a los jueces de estar violando la Constitución.

El fallo del Tribunal es un claro revés para las aspiraciones del presidente Correa, ya que éste había presentado la iniciativa dejando de lado los cuestionamientos y las críticas del Congreso, donde el oficialismo no tiene ni una sola banca. El mismo día que asumió, Correa firmó el decreto para convocar a la consulta popular y lo envió directamente al Tribunal, ignorando cualquier potestad del Legislativo. El Tribunal, explicaban entonces desde el gobierno, debía dedicarse a la organización del plebiscito. Sin embargo, los vocales del Tribunal, que son representantes de los grupos parlamentarios, no lo entendieron así y les hicieron un guiño a sus compañeros en el Legislativo.

Correa minimizó el fallo del Tribunal. “Nos tienen sin el menor cuidado los trámites internos del Tribunal Supremo Electoral.” En los próximos días se debatirá en Ecuador si el Ejecutivo puede ordenar o sólo enviar la convocatoria de un referéndum al Tribunal Supremo Electoral. El gobierno sostiene lo primero, la oposición lo segundo.

La decisión de los siete vocales sorprendió a todos en Ecuador, ya que unas horas antes el Tribunal había decidido levantar la sesión.