Evo Morales decidió separar la gestión del corazón y limpió la mitad de su gabinete de un plumazo. Como tratando de corregir sus errores políticos del primer año de gestión, el presidente boliviano eliminó de su ministerio a todos –o casi todos– los que no pudieron manejar los conflictos en sus áreas y, pese a que mantuvo su principios de poner a gente socialmente representativa en los cargos jerárquicos, los analistas ven que trata de recuperar el favor de la clase media, esa porción –pequeña– de la sociedad boliviana que lo convirtió en presidente con la mayoría absoluta de los votos. Para el analista político y dirigente de izquierda Germán Gutiérrez, el primer gabinete de Evo estaba dominado por los movimientos sociales, prácticamente entregado, y eso hacía que subestime a los sectores medios de la población, algo que ahora intenta corregir.

Pero no es lo único. Si se revisa cada cambio, existe una especial manera de guardarse las espaldas en la decisión de Morales. Echó a Hugo Salvatierra del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ante la menor sospecha de que su entorno familiar estuviera involucrado en un acto de corrupción –sospechas que no han sido probadas– y lo sustituyó por la beniana Susana Rivero, una representante del oriente socialmente comprometida y con conocimiento técnico en el tema tierra que le faltaba a Salvatierra. También se deshizo de Félix Patzi, ministro de Educación que tardó menos de un mes en echarse a todo el magisterio en contra y que hizo comentarios sobre el Oriente al menos desafortunados. En su lugar puso a Víctor Cáceres, un maestro urbano que ya recibió la bendición de su gremio, que les pidió que eche a todos los sociólogos metidos por Patzi en el ministerio.

Alex Gálvez salió igual del Ministerio de Trabajo porque el único mérito que se le reconocía era más atribuible a Evo que a él: eliminar el artículo 55 del decreto que instauró el neoliberalismo en Bolivia, que permitía a los patrones contratar y despedir funcionarios sin ninguna justificación. Lo reemplaza un viejo líder sindical, Wálter Delgadillo. También echó a Fernando Larrazábal del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Al parecer, no dio la talla para liderar el gabinete económico y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, tenía que hacerle la tarea. Es por eso que asume la cartera un hombre de confianza de Villegas, Gabriel Loza.

Otra a la que le tenían que hacer los deberes era Alicia Muñoz, titular de Gobierno (Interior), la persona a la que se culpa por tantos meses negros que tuvo Bolivia en el último año. Por su falta de previsión de los conflictos, Evo tuvo que aguantar la muerte de 26 personas en su primer año de gestión y, por lo general, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debía resolverle sus problemas. Eso sí, no escogió al más conciliador de sus colaboradores para sustituirla, ya que Alfredo Rada, ex viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, se dio a conocer como alguien que no piensa demasiado lo que dice y que constantemente ha tenido problemas con el Oriente. Finalmente, decidió reemplazar a Salvador Ric, que había renunciado la semana pasada, con alguien que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Jerges Mercado es el único representante de Santa Cruz en el gabinete y tendrá en sus manos retomar el control de las empresas telefónicas y eléctricas capitalizadas por Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997.

Tal vez la decisión que más problemas le traerá a Morales será la designación de Celima Torrico como titular de Justicia Social en reemplazo de Casimira Rodríguez. La líder sindical fue identificada como una de las dirigentes de la revuelta que intentaban sacar del cargo al gobernador Manfred Reyes Villa hace dos semanas en Cochabamba. Incluso hay voces oficialistas que se quejan de que en lugar de procesarla por las muertes y heridos, Morales la premió con un ministerio. Y si con esto no basta para cosechar críticas y desconfianzas de la oposición, Morales volvió a arengar a los aymaras a alzarse en armas para defender su gobierno. Lo hizo el martes en Achacachi (altiplano paceño) ante un contingente de indígenas vestidos con ponchos rojos y armados con fusiles. A ello se suma que el poder perdido por los movimientos sociales en el gabinete ha sido repuesto en la Coordinadora Nacional por el Cambio, una organización que reúne a representantes de 14 sectores sociales, ministros, congresistas y constituyentes. Desde el opositor Poder Democrático y Social, ya se lo ve como un suprapoder y un intento totalitarista. El vicepresidente, Alvaro García Linera, asegura que se trata de un consejo económico y social de deliberación y que existen en todos los estados.