En un dictamen histórico, ocho militares y ex agentes de la dictadura pinochetista fueron acusados después de 33 años por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats. La decisión del juez a cargo, Alejandro Solís, no sólo marcó un hito en esta causa, sino que sentó un precedente para el resto de los crímenes cometidos por agentes de la DINA, la policía secreta de Pinochet. Por primera vez, un tribunal chileno acusó a la DINA de ser una asociación ilícita, ratificando el fallo argentino de la jueza María Servini de Cubría, que había condenado al ex agente Enrique Arancibia Clavel por el atentado con explosivos ocurrido en Buenos Aires en 1974, en el que fallecieron Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. “La acusación demuestra de manera contundente que estamos frente a delitos de lesa humanidad”, explicó a este diario la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira.

El apellido Prats dio la vuelta al mundo más de una vez. La primera fue cuando una bomba estalló debajo de su auto. Enemigo público de la todavía naciente dictadura pinochetista, Prats había decidido resguardarse en el barrio de Palermo días antes del golpe del 11 de septiembre de 1973.

Ese atentado y el asesinato en Wa-shington del ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier y su secretaria les permitió a muchos abrir los ojos sobre lo que sucedía dentro de Chile. Más de tres décadas después, otro Prats volvía a concientizar sobre la realidad chilena. La escupida de Francisco Cuadrado Prats, el nieto del ex general, sobre el ataúd de Pinochet en medio de una iglesia colmada de seguidores del dictador mostró al mundo que el enfrentamiento seguía vivo y las heridas, abiertas.

La familia Prats celebró ayer como si hubieran dictado las condenas. “Todavía falta, pero la acusación ya es un hito judicial en sí mismo, es un logro. Pero sobre todo es un avance para alcanzar la verdad para todo el país”, le dijo a Página/12 Angélica Prats, una de las hijas de Carlos y Sofía. Angélica, que fue una activa impulsora de la causa en la Argentina, estuvo en la Corte durante el mediodía y aplaudió al escuchar la acusación de los ocho militares retirados y agentes de la DINA por los delitos de asociación ilícita y doble homicidio calificado. Los imputados van desde los ideólogos del crimen en la cúpula de la DINA –el general y ex mano derecha de Pinochet, Manuel Contreras, el general Raúl Iturriaga y los brigadieres Pedro Espinoza, José Zara y Cristoph Willeke– hasta los que participaron directamente –el suboficial del ejército Reginaldo Valdés y los ex agentes de la DINA Jorge Iturriaga y Mariana Callejas–. Esta última fue señalada como la autora material del atentado, junto con su ex marido, el ex agente civil, Michael Townley, quien desde hace años goza de la protección de Estados Unidos. El otro autor material, Arancibia Clavel, preso en Buenos Aires, no fue nombrado en el fallo. Los ocho acusados ya estaban presos por otras violaciones de derechos humanos.

Tanto Angélica Prats como la abogada Pereira están convencidas de que los ocho acusados tendrán una condena. “Se trata de delitos muy graves y, además, la mayoría de los acusados ya tienen antecedentes penales por violaciones a derechos humanos”, explicó Pereira, quien adelantó que para junio ya podría haber sentencia. Lo único que lamentan es que el nombre de Pinochet no haya figurado entre los imputados. “Se lo debemos a la negativa de nuestra Corte Suprema, porque la jueza Servini de Cubría había determinado que había suficiente evidencia para acusarlo”, señaló Prats, recordando el pedido de extradición argentino del año pasado.