En América del Sur la Corte Internacional de La Haya se puso de moda. Siguiendo los pasos de la Argentina en la controversia por las papeleras, el gobierno ecuatoriano decidió llevar su diferendo con Colombia por la fumigaciones en la frontera al tribunal con sede en Holanda. Así lo anunció este fin de semana el presidente Rafael Correa y confirmó ayer su vicepresidente, Lenin Moreno, aunque ninguno quiso adelantar cuándo presentarán la demanda. El vicepresidente reiteró que tienen pruebas de los efectos de las fumigaciones y que él mismo las ha visto cuando visitó las comunidades que viven en la frontera. Coincidencia o no, el gobierno colombiano anunció ayer que este año destinará fondos para erradicar de forma manual 50 mil hectáreas de cultivos ilegales, gran parte de ellos en la zona fronteriza.

Sin insultos ni grandes peleas públicas, el conflicto entre Ecuador y Colombia por las fumigaciones antinarcóticos en la frontera sigue escalando. El anterior presidente interino, el médico Alfredo Palacio, había sido muy contundente al rechazar las aspersiones por ser contaminantes y nocivas para la salud de los campesinos. Sin embargo, recién con la asunción de Correa, un presidente con un capital político indiscutible después de las elecciones, es que Quito pudo empezar a darle fuerza a su reclamo. Primero llamó a consultas a su embajador en Bogotá, quien todavía sigue sin volver. Esta medida logró –aunque el gobierno colombiano lo niegue– que Alvaro Uribe suspenda las fumigaciones. El próximo paso fue un acercamiento. Aprovechando la toma de posesión del sandinista Daniel Ortega en Managua, Uribe y Correa acordaron crear una comisión tripartita junto con la OEA para que determine si el glifosato, el herbicida utilizado en las fumigaciones, es nocivo o no para los pobladores y sus cultivos.

Pero este acuerdo y la inclusión de la OEA no fueron suficientes para Ecuador. El vicepresidente Moreno explicó ayer a la radio colombiana Caracol que la demanda en La Haya será independiente del trabajo que realice la comisión. Además, defendió la decisión de introducir un tribunal internacional al diferendo. “Llevaremos las pruebas a la Corte pues creemos que es la forma de dirimir las diferencias de manera científica y no política”, explicó. Sin duda, esta movida irritará al gobierno colombiano, que apostaba por solucionar el asunto a través de un organismo regional como la OEA. Pero Moreno no parece preocupado por las repercusiones que la demanda pueda tener. El impasse diplomático terminará pronto, auguró sin dar muchas explicaciones el vicepresidente.

Ni Uribe ni sus funcionarios contestaron al anuncio de Quito. Sin embargo, y sin mencionar en ningún momento el conflicto con Ecuador, la Consejería Presidencial para la Acción Social informó que este año aspiran a eliminar de forma manual, es decir, sin utilizar glifosato, unas 50 mil hectáreas de cultivos ilegales de coca. Aunque la medida se implementará en diez departamentos, el mayor trabajo se hará en Cauca y Nariño, este último lindante con Ecuador.

Pero, a pesar del cambio de planes en Bogotá, el gobierno colombiano sigue sin reconocer los supuestos efectos de sus fumigaciones. Científicos y dirigentes ecuatorianos aseguran que las aspersiones se realizan desde una distancia muy alta y sobre zonas tan boscosas que es imposible que destruya los cultivos de coca. En cambio, el glifosato arrastrado por el viento termina contaminando a las comunidades y su agricultura. Para Colombia, el herbicida es inocuo para la salud humana y es un elemento central en su estrategia de seguridad nacional. Según sostiene el gobierno de Uribe, hay zonas que son muy peligrosas como para enviar a campesinos a erradicar manualmente la coca.