EL PRESIDENTE DE ECUADOR APUESTA SU CAPITAL A LA CONSTITUYENTE

Correa quiere despolitizar la burocracia

Por Mercedes López San Miguel

El presidente de izquierda de Ecuador, Rafael Correa, está embarcado en su iniciativa de convocar a una consulta popular que permita instalar una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Constitución. Propone despolitizar los organismos públicos –cambiando su conformación– y modificar los criterios de manejo de recursos naturales y del Estado. La reforma política tendrá que alcanzarse en medio de la pugna con el Legislativo, dominado por los partidos de oposición, y la movilización de los sectores sociales que apoyan al mandatario. Ahora en el Congreso está en juego el nuevo estatuto electoral para la asamblea. El partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez es clave para inclinar la balanza a favor o en contra de la Constituyente, pero hasta ahora ha jugado para la oposición y coqueteado con el gobierno.

La propuesta del gobierno socialista es despolitizar los organismos del Estado –el Congreso, el tribunal constitucional, el tribunal supremo electoral, entre otros–, a través de una nueva forma de conformación. Por ejemplo, que los vocales en los tribunales dejen de ser representantes de los partidos políticos. También quiere reformar la Constitución para que deje de darle prioridad a un sistema económico neoliberal y que entidades como el Banco Central empiecen a rendirle cuentas al Estado. “Nos proponemos cambiar los criterios de conformación del Congreso y de manejo de recursos naturales y del Estado, siendo que actualmente hay leyes que impiden cierto nivel de inversión en algunos sectores y aumento de sueldos, por ejemplo, de los docentes”, dijo a Página/12 Vinicio Alvarado, secretario general de la Administración (jefe de gabinete) de Correa. Cuando se le preguntó si incluirán la reelección en la reforma política respondió que sí.

Alvarado subrayó que el gobierno todavía espera la implementación de la orden de llamar a consulta popular dada por Correa al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Más allá de si el Congreso lo apruebe o no, lo que cuenta es que se le pasó el estatuto al tribunal. En caso de que éste siga sin responder, se evalúan alternativas como crear un nuevo tribunal electoral, recoger firmas o acceder a tribunales constitucionales”, advirtió el funcionario a este diario.

El constitucionalista Ernesto López, ex presidente del tribunal constitucional, discrepa. Para él, cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. “En el Congreso probablemente elaborarán un nuevo estatuto y usarán el actual como base”, señaló en diálogo telefónico. López no duda de que vaya a haber una Asamblea Constituyente, pero se inclina a pensar que se dilatarán los tiempos pautados por el gobierno, que quiere que la consulta se realice el 18 de marzo.

El pasado 23 de enero, el tribunal electoral dejó en manos del Congreso el pedido de convocatoria a plebiscito del Ejecutivo para habilitar la Constituyente. La decisión del TSE fue tomada por los vocales de los opositores partidos Sociedad Patriótica, Social Cristiano, Unión Demócrata Cristiano y Renovador Institucional Acción Nacional (Prian). El argumento de los vocales del TSE fue que el documento original de Correa contiene textos constitucionales que deben ser aprobados por el Legislativo. López también objeta el documento. “El estatuto redactado por el Ejecutivo tenía puntos vacíos, por ejemplo, si la Asamblea Constituyente sometía la Constitución a referéndum y salía desaprobada, ¿para qué iba a seguir funcionando y obstruyendo la labor del Congreso?”.

El nuevo documento determina que tanto los partidos políticos como los movimientos ciudadanos podrán inscribir sus candidaturas con el apoyo del uno por ciento de firmas del padrón electoral. El número de asambleístas será de 130 (100 representantes provinciales al igual que en el actual Congreso, 24 nacionales y seis por los migrantes). Además, la Constituyente tendrá seis meses para aprobar una nueva Constitución, plazo que podría extenderse por 60 días, al cabo de los cuales la Asamblea deberá disolverse. La votación necesaria para que la Asamblea apruebe una reforma será de mayoría absoluta de la Constituyente, es decir, 66 votos. Los partidos de derecha integran una mayoría conformada por 70 de los 100 diputados y las primeras minorías las integran los seguidores de los ex presidentes Alvaro Noboa (Prian, 28) y Luicio Gutiérrez (Sociedad Patriótica, 24). Para apoyar la reforma constitucional, Sociedad Patriótica pide la devolución de los derechos políticos de su líder suspendidos por el Congreso. La negociación continúa.

Mientras el Congreso se toma su tiempo para debatir si dará luz verde o no a la Constituyente, los movimientos sociales están decididos a seguir presionando en las calles. Hernán Reyes, analista político de Universidad Andina Simón Bolívar, señala a este matutino que “las movilizaciones se ven en sintonía con el proyecto del gobierno, dado que la iniciativa es muy popular y el grado de credibilidad del Congreso es mínimo, de un 5 por ciento”. Pero Reyes advierte sobre un discurso “ambiguo” de Correa. “Por un lado, hace un llamado implícito a que lo apoyen en las calles, por otro, mantiene un discurso que apela a la negociación con los partidos políticos. En este sentido, respeta la institucionalidad y el estado de derecho y a los diputados electos. No busca la disolución del Congreso, sino la conciliación.”

---

LA CLAVES DE LA NUEVA CONSTITUCION VENEZOLANA

Transferencia “hacia abajo”

Por María Laura Carpineta

En el Palacio de Miraflores, en los directorios de las grandes empresas y en los cafés venezolanos, todos hablan de los cambios que se avecinan. El proyecto de reforma constitucional que prepara el gobierno de Hugo Chávez y los poderes que tendrá el presidente para legislar libremente en áreas estratégicas durante un año y medio crearon un clima de incertidumbre. A la oposición le asusta la posibilidad de la reelección indefinida y que Chávez continúe concentrando poder público. El oficialismo, en cambio, pone el acento en las reformas de fondo, cuyo objetivo final es cambiar la relación de fuerzas entre el Estado y las grandes empresas, y entre los partidos políticos y la sociedad.

Desde que asumió, el 10 de enero pasado, Chávez se esforzó en monopolizar la escena política. En cada acto lanzaba un anuncio que paralizaba a la oposición y consternaba a los mercados: la nacionalización de las empresas de telecomunicaciones y de electricidad más importantes del país, la ocupación de todos los pozos petroleros de la Faja de Orinoco en mayo próximo, la reforma constitucional y el pedido de superpoderes, que la Asamblea Nacional, ciento por ciento fiel a él, le otorgó en sólo unas semanas. La oposición, dirigida por su antiguo rival electoral y actual gobernador del rico estado de Zulia, Manuel Rosales, no supo ponerse a la altura de la ofensiva chavista. “Chávez es el único jugador en la cancha. Hay un descontento muy grande hacia Rosales. Al final no fue cierto que era el líder que la oposición esperaba”, le explicó a este diario el director del Centro de Investigación de Política Comparada de la Universidad de los Andes, Alfredo Ramos.

El oficialismo no es ingenuo y sabe que se encuentra en una situación excepcional. “Estamos en tiempos de cambios radicales en Venezuela” aseguró el ministro de Información y Comunicación, William Lara, en diálogo con Página/12. El gobierno de Chávez ya había reformado la Constitución en 1999 y había gozado de los superpoderes –nunca tan amplios como esta vez– en dos ocasiones. Sin embargo, nunca había tenido tan poca resistencia. “Vamos a profundizar sobre algunos cambios que ya habíamos insertado en la Constitución de 1999”, aseguró Lara, intentando resumir el sentido de las futuras reformas constitucionales.

Según el gobierno, hay dos temas centrales que deben ser profundizados. Primero, los mecanismos de democracia directa. “Queremos simplificar los procedimientos para convocar referendo”, ejemplificó Lara. Esta herramienta de control popular se complementaría con un mayor poder del Poder Ciudadano –institución creada en la reforma de 1999–, que, según Lara, funcionará como una contraloría manejada por la sociedad. Para el ministro se trata de hacer cumplir el principio constitucional de la soberanía popular. Dentro de esta lógica, el chavismo defiende la reelección indefinida. Sólo el pueblo puede decidir cuánto gobiernan sus líderes, aseguran los oficialistas, sin terminar de convencer a los opositores y a muchos analistas, que ven en este intento una mera ambición de poder personal del presidente. “El cambio fundamental que dejará esta reforma es de tipo personal, Chávez quiere que lo habiliten para ser candidato de forma indefinida”, sostuvo Ramos.

La llamada transferencia de poder al pueblo también incluirá el fortalecimiento de los consejos comunales, los organismos populares de base, que con la nueva Constitución pasarán a recibir una porción del presupuesto nacional para desarrollar proyectos de infraestructura y sociales. Como sostuvieron varios miembros del gobierno en los últimos días, la transferencia hacia abajo es la prueba fehaciente de que ni la nueva constitución ni los 18 meses de decretos presidenciales terminarán en una dictadura. Pero los dirigentes de la decaída oposición venezolana no creen en esta transferencia de poder y ven a los consejos comunales como otro organismo más del chavismo. Hace sólo unos días, Rosales, el ex candidato presidencial único de la oposición, advirtió sobre ello al asegurar que el dique de contención contra el chavismo tenía que empezar a construirse desde abajo –los barrios, las organizaciones sociales, los clubes–.

El otro eje a profundizar es la participación del Estado en la economía. Chávez fue claro. El Estado venezolano se hará cargo o será el accionista mayoritario de las empresas clave para el desarrollo del país –telecomunicaciones, electricidad, petróleo, gas– y nadie descarta que se sumen nuevas industrias. Para el gobierno están frente a la posibilidad de recuperar la dirección de la economía nacional y romper con la subordinación a los intereses de las empresas transnacionales. Para la oposición, es una nueva demostración de poder de un gobernante cada vez más intocable.

---

EL PLAN DE MORALES ES INCORPORAR LA CULTURA INDIA

Demoracia “identitaria” para Bolivia

Por Pablo Ortiz

Desde Sucre

Un día antes de sentarse en el sillón presidencial Evo Morales anunció que el 6 de agosto se instalaría la Constituyente en Sucre. Eso le daba sólo un mes para aprobar la Ley de Convocatoria y ni siquiera contaba con los parlamentarios necesarios (dos tercios del Congreso) para hacerlo a su gusto. Así, para cumplir su promesa, cedió a un pedido que hacía imposible su proyecto político: la nueva Constitución debe ser aprobada por dos tercios de los votos de los asambleístas.

Pero una Constitución aprobada por dos tercios sería muy distinta a una promulgada por mayoría absoluta. Para Carlos Romero, uno de los intelectuales del MAS, una Carta Magna a la medida del partido de Evo Morales establecería un país plurinacional, con autonomías departamentales, municipales e indígenas. En ella, la democracia combinaría el sistema liberal (representatividad de un ciudadano, un voto), con la identitaria, que permitiría a los pueblos indígenas elegir a sus representantes nacionales a través de sus usos y costumbres. Además, crearía una serie de instituciones destinadas al control social de las autoridades y limitaría las competencias de las autonomías quitándole el control de los recursos naturales renovables y la administración de los no renovables. A ello se sumaría una redistribución drástica de la tierra, así como de las riquezas acumuladas por el Estado.

La situación boliviana ha llegado a un punto en el que hasta la derecha sabe que el único proyecto viable en Bolivia es de izquierda. Sin embargo, esa visión de izquierda está más cercana a Brasil y Chile que a Cuba y Venezuela. Es por eso que la propuesta de Podemos, principal partido de oposición, plantea un Estado social, democrático de derecho, que reconoce las autonomías indígenas y además concede “discriminación positiva” para los grupos en riesgo: indígenas, mujeres, niños y ancianos. La gran diferencia se encuentra en que no reforma las instituciones que el MAS tilda de coloniales, ni ataca al “monstruo” que la sustenta: el modelo neoliberal.

Pero los partidos de oposición le recuerdan al MAS que la ONU reconoce la libre determinación de las naciones, por lo que un Estado plurinacional puede ser el primer paso para el descuartizamiento de Bolivia. Además, Jorge Lazarte, politólogo y representante del centrista Unidad Nacional, asegura que la visión del MAS no incluye a las provincias del oriente (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), por lo que sus habitantes podrían rechazar la nueva Carta Magna, poniendo en riesgo la integridad territorial del país.

Tras su victoria por mayoría absoluta en las urnas, Morales consiguió 142 representantes de los 170 que necesita para alcanzar los dos tercios, pero sin la posibilidad de formar alianza con el resto de los asambleístas, con lo que comenzó la discusión que tiene a la Constituyente trabada hasta hoy. Ante la imposibilidad de la redistribución pactada del poder, Morales ha propuesto que la decisión vuelva al sujeto constituyente, al pueblo. Plantea que todos artículos de la nueva Carta Magna que no alcancen dos tercios sean resueltos a través de una consulta ciudadana.