El Chaco boliviano vuelve a la carga para beneficiarse con el gas que es extraído de su subsuelo. Desde hace una semana, la ciudad de Camiri, situada en el sur de la provincia de Santa Cruz, ha cortado la ruta que comunica Bolivia y la Argentina, y no parece estar dispuesta a levantar sus medidas de presión hasta que el gobierno de Evo Morales ceda a todas sus demandas. La otrora capital petrolera de Bolivia, exige al Ejecutivo que refunde la empresa estatal hidrocarburífera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y con ello que instale la Gerencia de Exploración y Explotación en Camiri. También le pide que rescate los pozos residuales de las empresas extranjeras Chaco y Andina (Repsol), que industrialice el gas en las regiones productoras y que recupere la propiedad de las refinerías bolivianas, hoy bajo el control de Petrobras. Como los bloqueos de caminos no disuadían al gobierno, que exigía levantar las medidas de presión antes de iniciar el diálogo, los pobladores decidieron el viernes tomar por la fuerza la estación de bombeo de gas de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia. Con el cierre de válvulas se interrumpió la exportación de gas a Brasil y el Estado boliviano perdió 35 mil dólares por hora. El gobierno respondió con un desalojo violento, que se saldó el sábado con 13 heridos, dos de ellos por impactos de bala.

Como la situación se salía de las manos, el Ejecutivo movilizó a más de mil efectivos, entre ellos a un batallón de Cóndores Satinadores de Sanandita, la elite del ejército boliviano. De paso envió a una comisión negociadora integrada por los ministros de Hidrocarburos, Carlos Villegas; de Agricultura, Susana Rivero; y los viceministros de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y de Descentralización Fabián Yaksic. Sin embargo, el sábado se negaron a entablar las negociaciones mientras no se levanten las medidas de presión. Con 13 vecinos heridos, los camireños en lugar de ceder radicalizaron su protesta.

En realidad, el conflicto se veía venir. En noviembre del año pasado, los comités cívicos chaqueños advirtieron al gobierno que iniciarían los cortes de ruta si no atendían sus demandas y amenazaron con cerrar las válvulas de gas hacia Brasil y la Argentina. La renuncia del presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, agravó la situación, ya que no confían en su sucesor, Manuel Morales Olivera, como un buen interlocutor. Morales Olivera no tiene título profesional y ellos exigen hablar con técnicos capacitados. Además, la primera de sus demandas se encuentra en el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos de marzo de 2005, que establecía que la Gerencia de Exploración y Explotación debe estar en Camiri, y que la de Contratos y de Fiscalización debe estar en Yacuiba. Sin embargo, la idea del gobierno siempre ha sido refundar un YPFB corporativo, con sede en La Paz, a más de mil kilómetros de cualquier pozo petrolero.

Al final de la tarde de ayer, en un intento de bajar la tensión, el gobierno aceptó fijar la gerencia exigida en Camiri, pero con la condición de que se reanude el diálogo y se levante el corte de rutas por dos horas. La población se tomó su tiempo para responder y desquició a Llorenti. “Aquí hay personas que no quieren que este conflicto se solucione. No sé qué más podemos hacer, porque ya son decisiones políticas”, dijo el viceministro, en directa alusión a Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz que está en Camiri “para mediar”.

Pero una promesa ya no es suficiente para los camireños. Mirko Orgas, presidente cívico chaqueño, dijo que antes de aceptar el gobierno debe explicar cómo funcionará la gerencia y exigen que tenga tres direcciones: exploración, perforación y explotación. Mientras el gobierno no presente un plan creíble, el conflicto continuará.