El presidente George W. Bush obtuvo ayer dos objetivos de su gestión: la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen de 215 contra 212 votos la Autoridad de Promoción Comercial (TPA en inglés), facultad denominada “fast-track” (vía rápida) a través de la que el presidente podrá negociar nuevos acuerdos comerciales, y está previsto que el Senado dará luz verde a la propuesta, cuya vigencia es clave para la creación del área de libre comercio (ALCA) y un avance en las negociaciones para desregular el intercambio con Chile. Hubo reacciones encontradas de los países de Sudamérica reunidos en Guayaquil: Brasil fue el más pesimista al advertir “tendencias restrictivas” en el poder negociador de Bush, mientras los países andinos y Chile recibieron con satisfacción la “vía rápida”. La otra iniciativa, aprobada con 295 votos contra 132 y que también pasará a manos del Senado esta semana, fue la creación de un mega Departamento de Seguridad Nacional, que se encargará de combatir y prevenir el terrorismo.
La aprobación del fast-track, que habilitará a Bush a negociar acuerdos de libre comercio con todo el mundo, se produjo en la madrugada de ayer y no fue fácil, como demuestran los números. Cuando entre en vigor, la ley permitirá al presidente estadounidense gestionar acuerdos comerciales que podrán ser presentados para ser ratificados o rechazados por el Congreso, sin posibilidades de modificación. Su vigencia es eje para la creación prometida por Bush del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), un mercado libre de 800 millones de consumidores que se extendería desde Alaska hasta la Patagonia. En ese proceso, Washington puede empujar también la conclusión de la negociación de un acuerdo de libre comercio con Chile, proceso ya avanzado y que esperaba la ley de promoción comercial. Sudamérica celebró a medias la decisión de la Cámara, citando el diluvio de restricciones que enfrentan sus exportaciones para ingresar al mercado estadounidense. El canciller brasileño Celso Lafer dijo que “hay tendencias positivas al mismo tiempo que tendencias negativas” en el poder con que contará Bush. El más beneficiado por la ley comercial es Chile, cuyo gobierno saludó la iniciativa, así como los países andinos, dado que el proyecto incluye la renovación de ciertas preferencias arancelarias a sus exportaciones a Estados Unidos. De hecho, los primeros beneficiarios de la ley comercial serán las naciones de área andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que tendrán la renovación ampliada del Acuerdo de Promoción Comercial Andina (ATPA, por sus siglas en inglés) que expiró en diciembre. El ATPA fue acordado como parte del reconocimiento de Washington a las naciones andinas comprometidas en la lucha contra el narcotráfico. En su nueva versión se mantiene el anterior universo arancelario libre de impuestos y se agregan los textiles con materia prima de origen.
Durante el debate, el proyecto fue duramente criticado por la minoría demócrata que denunció que la apertura comercial que supone la ley comercial provocará una pérdida de empleos para los trabajadores estadounidenses. Pero esas críticas no fueron unánimes. “Estados Unidos se ha quedado a la zaga como líder comercial. Este ha sido el momento para recuperarnos”, dijo el representante de California Bill Thomas, principal promotor del proyecto. Al parecer, funcionarios estadounidenses de alto rango plantearon el voto como una refutación de una percepción muy difundida en América latina de que Estados Unidos está abandonando el descalabro e incertidumbre que vive la región.
La Cámara baja aprobó también crear el Departamento de Seguridad Nacional, que se encargará de combatir y prevenir el terrorismo, unirá 22 organismos de policía, investigación y servicios de emergencia. El mismo fue propuesto por Bush tras los atentados del 11 de setiembre, que lo llevaron a declarar su campaña antiterrorismo. Para algunos legisladores, la aprobación en el Senado no sería tan holgada por cuanto la versión de la Cámara alta incluye disposiciones que impedirían la libre contratación y despido de los 170.000 empleados que integrarían ese Departamento.