El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ayer, después de semanas de negociación, la imposición de nuevas sanciones económicas y comerciales a Irán. Los quince miembros coincidieron en que Teherán se había negado a abandonar su programa nuclear, el cual supone, según la resolución, una amenaza contra la paz internacional. “Irán sigue desafiando la voluntad de la comunidad internacional”, sostuvo el embajador estadounidense en funciones, Alejandro Wolff. Pero no todos los diplomáticos fueron tan duros. La mayoría intentó bajarle el tono a la resolución y destacar que todavía están abiertos a nuevas negociaciones. “Instamos a Irán a aprovechar esta oportunidad para sumarse a nosotros en la búsqueda de una salida negociada”, dijo el embajador británico, Emyr Jones Parry.

Desde finales del año pasado, el Consejo de Seguridad venía demandando que Teherán suspendiera todas sus actividades nucleares, especialmente el enriquecimiento de uranio. La primera resolución, la del 23 de diciembre pasado, hacía énfasis en que el gobierno iraní permitiera a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) despejar cualquier duda sobre los fines del programa nuclear. La resolución aprobada ayer reitera las mismas demandas y agrega nuevas sanciones para redoblar la presión. El texto también presenta un nuevo plazo de tres meses para volver a analizar la situación y endurecer las sanciones si Teherán mantiene su negativa a abrir sus plantas nucleares y terminar con el enriquecimiento de uranio.

Las nuevas sanciones no incluyen ningún tipo de acción militar. En cambio, se centran en restricciones comerciales y económicas. A partir de ahora, Irán tiene prohibido la exportación de armas, se congelan los activos financieros a 28 personas y entidades que están relacionadas con el programa nuclear y misilístico de ese país. Entre las personas afectadas se encuentran varios miembros de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica. También se restringen los viajes internacionales de estos individuos. Finalmente, la resolución insta a que todos los países suspendan cualquier venta de armas, crédito o ayuda financiera al régimen iraní.

Antes de la votación, el embajador de Qatar, Nasser Abdulaziz Nasser, lamentó que el Consejo de Seguridad llegara a la instancia de imponer nuevas sanciones a Irán. “Estas medidas no son el medio apropiado para presionar”, aseguró. Aun así, cuando le tocó el turno, Nasser votó a favor por considerar que la resolución “puede ayudar a explorar nuevas vías en la búsqueda de una solución pacífica, que sea diplomática”, explicó. Su par sudafricano, Dumisani Kumalo, también intentó presentar la resolución como una puerta a nuevas negociaciones. “Las medidas coercitivas deben utilizarse con cautela y sólo con el propósito de fomentar el diálogo político”, sostuvo el diplomático.

No es casual que estos dos embajadores intenten suavizar el tono de la resolución y sus posibles interpretaciones. Sudáfrica, Indonesia y Qatar fueron los últimos miembros del Consejo de Seguridad en apoyar esta resolución. Aunque son tres países sin poder de veto, los principales promotores del texto, Estados Unidos y las potencias europeas, querían que esta vez las sanciones fueran aprobadas por unanimidad para imprimirle más legitimidad al proceso. Por eso también volvieron a agregar a las sanciones el listado de propuestas económicas y diplomáticas que los países europeos habían hecho a Irán en junio pasado. Estas propuestas tienen ahora sólo un significado simbólico, ya que ya probaron que no son suficientes para persuadir al gobierno iraní.

En Washington festejaron la aprobación de las sanciones. “Se trata de una reprimenda internacional que dejará a Irán más aislado que nunca”, aseguró el subsecretario de Estado, Nicholas Burns. El gobierno estadounidense estuvo presionando mucho en los últimos días para conseguir un consenso en el Consejo de Seguridad, que le permita enmarcar su disputa verbal con Teherán dentro de un esfuerzo multilateral para frenar una supuesta amenaza a la paz mundial.

Según sostienen la Casa Blanca y también la ONU, el régimen iraní estaría desarrollando un programa nuclear militar clandestinamente, utilizando como fachada su programa civil. Por su parte, Teherán, un país firmante del Tratado de No Proliferación, sigue sosteniendo que no tiene intención de construir una bomba atómica y que todos los países tienen derecho a desarrollar fuentes de energía, incluso energía atómica. El problema es que el gobierno iraní se niega a abandonar su programa de energía atómica, pero tampoco logra terminar de convencer a la AIEA, una agencia de la ONU y el último premio Nobel de la Paz, de sus intenciones pacíficas.