Ayer se cumplieron cinco años del golpe de Estado, que derrocó durante 48 horas al presidente Hugo Chávez. La sociedad venezolana sigue dividida entre chavistas y antichavistas, pero la situación política es ahora muy distinta. Los dirigentes y gremialistas opositores perdieron su credibilidad ante sus propias filas y ya no tienen la misma capacidad de movilización que demostraron los días previos al golpe. El presidente, en cambio, salió fortalecido. Hoy, a tres meses de haber sido reelecto, domina completamente el Parlamento, está a punto de crear un partido único bajo su mando y comenzó a nacionalizar los sectores clave de la economía venezolana. El escenario cambió, pero muchos de los actores siguen ahí. La verdad se supo, pero muchos de los responsables siguen libres. Ayer, en Caracas, en lo único que coincidían todos los venezolanos es en que las heridas siguen abiertas.

La peor crisis en la historia política de Chávez empezó a fines de 2001, cuando el presidente aprobó 49 leyes, entre ellas una nueva Ley de Tierras y un nuevo régimen para los hidrocarburos. Estos cambios tocaron fibras sensibles entre el empresariado, que empezó a presionar a través de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y la gerencia de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El 11 de abril de 2002 estas organizaciones convocaron a una huelga indefinida y a movilizarse. La marcha iba a dirigirse al edificio central de Pdvsa. Sin embargo, emocionado por la multitud que lo seguía, Carlos Ortega, el entonces presidente de CTV, decidió reorientar la marcha hacia el Palacio de Miraflores. La consigna era clara: “Sacar a Chávez”. Pero en los alrededores de la Casa de Gobierno ya estaban cientos de simpatizantes chavistas que habían salido a apoyar al presidente. Hasta el día de hoy siguen discutiendo quién disparó primero. La oposición sostiene que había francotiradores del gobierno, pero lo cierto es que la mayoría de los muertos eran chavistas. En total, 19 personas fallecieron y más de cien resultaron heridas.

Los medios reproducían los incidentes, pero daban su propia interpretación de lo que sucedía. Chávez decidió entonces ordenar la suspensión de la señal de las cinco emisoras más importantes. Esta fue la excusa que necesitaban algunos mandos militares para oponerse públicamente al presidente y desconocer su autoridad. El canal estatal de repente dejó de transmitir y los rumores de que Chávez había renunciado comenzaron a circular. Más tarde, se supo que los militares habían tomado el Palacio de Miraflores a la noche y que a la madrugada del 12 de abril habían trasladado a Chávez a un centro militar. Los venezolanos se despertaron ese día con un nuevo gobierno, dirigido por el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, quien en sólo unas horas dio marcha atrás con las reformas y removió y arrestó a los principales funcionarios chavistas. La Casa Blanca ya saludaba al nuevo gobierno venezolano, cuando el mundo y los propios venezolanos todavía se preguntaban qué había pasado. Frente al malestar social, el entonces jefe del ejército, Efraín Vázquez Velasco, intentó tranquilizar a sus filas. “Esto no es un golpe de Estado ni una insubordinación. Es una imposición de solidaridad con todo el pueblo venezolano”, aseguraba. Las palabras de Velasco y la falta de información en los medios de comunicación detonó la movilización de cientos de miles de simpatizantes chavistas que tomaron las calles de la capital para demandar la vuelta de Chávez. La presión social fue tal que a las pocas horas Velasco le retiraba el apoyo a Carmona. A la noche siguiente, el canal estatal volvía a transmitir y comunicaba que el presidente no había renunciado. A las cuatro de la mañana, Chávez daba una conferencia de prensa desde Miraflores y afirmaba que el país estaba de vuelta en paz. Ayer, tanto opositores como oficialistas coincidieron en pedir justicia. Lo hicieron en dos actos separados y ambos recordaron a sus caídos. Hasta el momento, los únicos imputados por la Fiscalía son los ex jefes de la Policía Metropolitana de Caracas Henry Vivas y Lázaro Forero y el ex secretario de Seguridad de la Alcaldía Iván Simonovis. Hace dos años que están detenidos, acusados de dar la orden a los policías de disparar contra los manifestantes chavistas en el puente Llaguno, cerca del Palacio de Miraflores. Ayer, aprovechando el aniversario, comenzaron una huelga de hambre. Piden mejores celdas y que se agilicen sus juicios. En el acto de ayer, los familiares de los opositores que murieron en las horas previas al golpe apoyaron a los tres detenidos y pidieron al gobierno que investigue las denuncias sobre los supuestos francotiradores chavistas.

Mientras los sectores opositores se cuidaron de no reivindicar el golpe, el líder y ex rival electoral de Chávez, Manuel Rosales, sorprendió al responsabilizar al presidente del golpe de Estado. “Fue Chávez el que renunció y provocó todos los acontecimientos de ese día”, sostuvo el gobernador del rico estado de Zulia. “Muchos de los que hoy celebran (el fracaso del golpe) aplaudían lo que ocurría en esos días”, agregó. Las palabras de Rosales no tuvieron eco entre sus compañeros, que prefirieron guardar silencio.

Entre el chavismo, las celebraciones estuvieron marcadas por los reclamos de justicia y los discursos conciliadores. Reunidos en el simbólico puente Llaguno, cientos de personas pidieron que se condene a los responsables políticos del golpe como Carmona, Velasco y Ortega. Esta semana el Tribunal Supremo dio un primer paso en esa dirección al autorizar el pedido de extradición del ex presidente de Fedecámaras y ex presidente de facto Carmona. Con una llamativa ausencia del presidente, los oradores aprovecharon para mostrarse más moderados que en años anteriores. “Creo que ha llegado el momento de reflexionar con mucha serenidad sobre todo lo que ha ocurrido, y sobre todo hay que tender puentes hacia otros sectores de la sociedad”, aseguró el ex vicepresidente José Vicente Rangel. “Con todo lo doloroso que fue el 11 de abril de 2002, fue un hecho necesario para estimular el proceso de cambio en Venezuela”, agregó.