Desde Tarija

Mañana comienza la Asamblea Constituyente en Bolivia. Lo que se vivió hasta hoy fue parte de un proceso preconstituyente que estuvo ausente y que ha hecho que en más de ocho meses de sesiones no se haya escrito ni un solo artículo. Así lo reconoce Roberto Aguilar, primer vicepresidente de la Asamblea y militante del oficialista Movimiento Al Socialismo. Y es que luego de pasarse siete meses tratando de escribir su reglamento interno, los 255 representantes nacionales divididos en 21 comisiones utilizaron cuarenta días para recorrer todo el país recogiendo propuestas de la población y, sobre todo, conociendo el territorio para constatar empíricamente que Bolivia es altiplano, pero también valles, llanos y Amazonia. “En cualquier teoría constitucional, estas etapas corresponden a una preconstituyente, que no se hizo en Bolivia, pero fue importante hacer este recorrido, porque la nueva Constitución se está escribiendo en cada encuentro territorial. El lunes, cuando lleguemos a Sucre, nos esperarán más de 4000 propuestas recogidas en el camino”, dice Aguilar.

Más allá del optimismo de arrancar a escribir la nueva Constitución mañana, lo cierto es que a la Asamblea boliviana ya no le queda tiempo. En menos de quince días las 21 comisiones deberán sistematizar las propuestas y tener listos sus informes para llevarlos a plenaria. De ahí en adelante, habrá plazo hasta el 2 de julio para aprobar los 300 artículos que tendrá la Carta Magna. A partir de ahí, la sombra de un referéndum para consultar al pueblo sobre los disensos se cernirá sobre la Asamblea.

Es por eso que ya se habla de la posibilidad de ampliar los plazos por tres meses. Aunque nadie del oficialismo lo admite, el presidente de la República, Evo Morales, dio en una reunión su visto bueno para sesionar más allá del 6 de agosto. Todos hablan de aprender de Ecuador y no sacar una mala Constitución por falta de tiempo que obligue a hacer una nueva Constituyente en menos de diez años. Eso sí, si se alargan los plazos, los asambleístas no recibirían sueldo.

Pero los atrasos no son lo único en común que tienen el proceso boliviano y el ecuatoriano. Tal vez lo único que diferencie la Constituyente de una simple reforma es el pedido de hacer de Bolivia un Estado plurinacional. Los movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo piden reconocer a las 36 etnias que habitan el territorio como nacionalidades con autonomías indígenas, elección de autoridades por usos y costumbres y un sistema judicial comunitario, que nada tiene que ver con el derecho romano. El problema es que esto crearía 36 distritos indígenas, que cubrirían casi todo el territorio, dejando seis regiones a lo “multicultural”, que ocuparían los espacios de las ciudades más grandes del país. Con ello, Bolivia pasaría a tener 42 regiones en lugar de nueve departamentos (provincias).

Este planteamiento choca de frente contra las autonomías departamentales, que tienen a su favor que cuatro de ellos ganaron un referéndum que debería garantizar su integridad territorial y el acceso a la autonomía luego de la aprobación del nuevo texto constitucional.

Y el país se encuentra polarizado ante estos dos planteamientos. Mientras las organizaciones de la región andina (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca) se inclinan por un Estado plurinacional, con autonomías regionales e indígenas, todo el oriente y las tierras bajas quieren autonomías departamentales. Para tratar de conciliar ambos planteamientos, los autonomistas proponen dar autogobiernos a los indígenas, pero dentro de su territorio y en la forma de municipios donde sean mayoría.

Sin embargo, los indígenas no quieren estar subordinados a los departamentos y hay asambleístas que ya los llaman a movilizarse para conseguirlo. “Existe una gran movilización social en Bolivia, que si se la canaliza por las vías democráticas podría ser muy buena para el país, pero que si se sale de ella, podría derivar en una guerra civil”, dice Boaventura de Sousa, abogado y sociólogo portugués que se ha convertido en el gurú de la teoría plurinacional.

Si bien la discusión está instalada en las 21 comisiones, es en la cartera de autonomías donde se materializará la nueva Bolivia. Según Eduardo Yáñez, vicepresidente de Autonomías, la Constituyente escuchará a todos los sectores e incluirá todas las formas autonómicas en su texto. “Será cada departamento el que decida qué tipo de autonomía y organización territorial quiere tener”, dice. Con ello, Bolivia tendrá un país a la carta en el que se podrá optar por autonomías departamentales, provinciales, regionales, municipales e indígenas. De Sousa ya se veía venir esta situación y cree que es la mejor solución: “Bolivia tendrá una Constitución experimental que dejará el proceso abierto. Habrá mucha frustración de todos lados, pero al menos los ciudadanos sabrán que la lucha no terminó y que en algunos años podrán volver a pedir reformas mayores”, dijo.

Con ello, sea en agosto o en noviembre, Bolivia tendrá una nueva Constitución pero, como en todos los libros en los que se escribe el destino de este país, el final quedará abierto.