En un duro golpe a la política antiterrorista británica de Tony Blair, dos libios acusados de terrorismo ganaron una apelación contra su deportación del Reino Unido. La Comisión Especial de Apelación para Casos Inmigratorios, creada para lidiar con casos de máxima seguridad, reconoció que los dos sospechosos, conocidos con las iniciales de DD y AS, eran peligrosos para la seguridad nacional, pero dictaminó que deportarlos sería una violación de sus derechos humanos. El Ministerio del Interior británico se mostró “desilusionado” con la decisión e indicó que apelaría el fallo. El primer ministro Tony Blair pataleó. “Tiene que haber un modo de deportar a sus países a esta gente”, dijo luego de conocerse el fallo.

El caso de DD y AS es fundamental para la política antiterrorista británica posterior a los atentados del 7 y 21 de julio de 2005 que dejaron un saldo de 56 muertos y cientos de heridos. El gobierno de Blair firmó ese año acuerdos con Libia, Jordania y el Líbano para poder deportar a sospechosos de terrorismo sin violar la Convención Europea de Derechos Humanos. En estos acuerdos, duramente cuestionados por organizaciones de derechos humanos, los países se comprometían a que los deportados no serían torturados o ejecutados.

La defensa de DD y AS argumentó con éxito que estos acuerdos eran papel mojado en Libia y que no había garantías de ningún tipo de que los acusados pudieran recibir un juicio justo. En el comunicado posterior al fallo, el Ministerio del Interior señaló que apelaría la medida porque a su juicio los acuerdos con Libia eran suficientes para salvaguardar los derechos humanos de los dos sospechosos. “La comisión ha hallado que estos individuos constituyen un peligro para la seguridad nacional. Nosotros seguimos creyendo que los acuerdos alcanzados con otros países garantizan el respeto de sus derechos humanos”, señaló el ministerio.

Estos acuerdos son fundamentales para deportar a extranjeros que el gobierno de Tony Blair considera que son una amenaza pública, aunque no pueda llevarlos a juicio porque no tiene suficientes pruebas. El problema es la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, que plantea claros límites a lo que puede hacer un gobierno. En el caso particular de Libia, el gobierno británico está intentando crear un panel para el monitoreo de los deportados a fin de garantizar el cumplimiento de lo acordado. El problema es que el principal organismo de derechos humanos de Libia está presidido por el hijo del coronel Muamar Gadafi. No es exactamente el tipo de garantía de independencia que exige la convención europea.

Complicando aún más la cuestión, los abogados de DD y AS señalaron en un comunicado posterior al dictamen que el mismo Ministerio del Interior británico admitía que no había manera de garantizar el respeto de los derechos humanos de parte del gobierno de Gadafi. “El gobierno y la defensa estaban de acuerdo en que es altamente probable que los opositores del gobierno libio sean torturados si se los deporta”, señalaron los abogados. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos manifestaron su beneplácito ante la decisión. La directora de Amnistía Internacional, Kate Allen, señaló que la política gubernamental antiterrorista había quedado desacreditada. “El dictamen deja en claro que nadie puede ser deportado a un país donde es posible que se lo torture. Los acuerdos con el gobierno libio no ofrecen ninguna garantía al respecto. Si se sospecha que alguien ha cometido un delito se lo debe juzgar en base a las pruebas que haya”, indicó Allen.