El espectro de la jornada trágica del 11 de abril, preámbulo del fugaz golpe contra Hugo Chávez, se paseó ayer por las calles de Caracas: los focos de disturbios comenzaron desde muy temprano por simpatizantes del presidente, en otra jornada de protesta contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que rechazó el miércoles pronunciarse por el delito de rebelión de los cuatro jefes militares involucrados en el golpe. La característica central del día fueron la confusión y las acusaciones cruzadas, pero en principio resulta claro que primero hubo en las calles presencia de la Policía Metropolitana (PM), a cargo del alcalde metropolitano de la oposición, Alfredo Peña, y que luego Chávez decidió anular este despliegue con el de la Guardia Nacional, la Disip (policía política) y la policía de Caracas, que le son leales. El vicepresidente José Vicente Rangel, que recibió gas lacrimógeno en su propia cara, acusó de “provocaciones” a la PM: Peña, en respuesta, dijo que la PM había actuado en respuesta a francotiradores que la apuntaban. Hubo cinco heridos de bala. Con la situación bajo control, Chávez la minimizó advirtiendo que fueron “pequeños grupos anárquicos de los disturbios que se registraron en los últimos días en la capital”. Pero a la noche hubo manifestaciones opositoras en defensa de la PM.
Los primeros desórdenes se registraron en el barrio 23 de Enero, al oeste de Caracas. Otros focos se presentaron cerca del Palacio de Miraflores y de la Asamblea Nacional. En primer término, la Policía Metropolitana (PM) y la del Municipio Libertador de Caracas controlaron los desórdenes, en medio de los cuales quedaron heridos de bala un agente y cuatro civiles, fuera de peligro según el parte médico. El alcalde mayor de Caracas, el opositor Alfredo Peña, denunció que turbas seguidoras del presidente Hugo Chávez atacaron en la madrugada la céntrica sede de su despacho con armas de guerra de alto poder, pero fueron repelidos por agentes de la PM que él tiene a sus órdenes. Los partidarios del presidente Chávez protestaron desde el miércoles en rechazo a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que fue favorable a quienes participaron en el golpe cívico-militar del 11 de abril, específicamente a cuatro militares de alto rango (ver nota aparte). “Se está buscando una salida intermedia para evitar los efectos que un pronunciamiento de delito de rebelión tendría en la sociedad, sea un levantamiento de militares como del pueblo chavista”, señaló a Página/12 Irma Alvarez, del diario El Universal. El TSJ deberá decidir en los próximos días acerca de un nuevo proyecto de sentencia sobre el caso de los militares vinculados con los hechos del 11 de abril.
Por su parte, Rangel y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusaron en la jornada a la PM de “disparar a mansalva” y a Peña de jugar a la desestabilización. Una bomba lacrimógena lanzada por la PM impactó cerca del vicepresidente, quien se encontraba dialogando con uno de los grupos en protesta. Asimismo se registraron enfrentamientos en el barrio 23 de Enero, un kilómetro al oeste del Palacio de Miraflores, donde también se concentraban cientos de partidarios del gobierno tratando de cerrar algunas vías públicas. Allí, miembros del grupo izquierdista Tupamaros –pro Chávez– chocaban con armas de fuego con la policía. Según los Tupamaros, la policía reprimió disparando, incluso desde helicópteros, una manifestación en protesta por la decisión del máximo tribunal. En ese curso de los acontecimientos, los líderes opositores llamaron a la “desobediencia civil”.
La Guardia Nacional, una policía militarizada, asumió cerca del mediodía la custodia de parte del centro y oeste capitalinos para evitar nuevos episodios de violencia, a la que luego se sumaría la Disip. La PM se replegó a sus cuarteles. El ministro Diosdado Cabello había descartado la aplicación del estado de excepción. Por su parte, el alcalde del Municipio Libertador, el ultraoficialista Freddy Bernal, responsable de los irregulares “Círculos Bolivarianos” que respaldan a Chávez, rechazó que se responsabilice “a priori” a partidarios del gobierno por losenfrentamientos públicos. Bernal reiteró que el gobierno de Chávez rechaza el “uso de la violencia como medio de protesta”, pero advirtió que “gran parte” de los venezolanos están “insatisfechos e intranquilos” por la decisión del Supremo respecto de los “golpistas”. El juicio queda en suspenso, y mucho pende de la decisión del Tribunal.