Carlos Gaviria, líder de la izquierda colombiana y candidato de Polo Democrático en las últimas elecciones colombianas, alerta sobre el creciente drama de los desplazados por los paramilitares y fustiga la política económica de Uribe.
› Por María Laura Carpineta
A pesar de no seguir enseñando Derecho, Carlos Gaviria todavía mantiene el hablar lento y claro. Entre sus alumnos se cuenta nada menos que el presidente Alvaro Uribe, del que una vez dijo: “El dice que aprendió Derecho de mí, pero yo no le enseñé esto”. El año pasado se presentó como el candidato presidencial de una izquierda unida y logró un resultado histórico. Por primera vez el progresismo colombiano rompió el bipartidismo de liberales y conservadores, y el Polo Democrático se convirtió en la primera fuerza de oposición. La misma que actualmente lidera las acusaciones contra el presidente y sus aliados, por sus presuntas alianzas con los paramilitares. El gobierno les respondió con otras acusaciones menos fundadas –los llamó guerrilleros disfrazados– y con allanamientos y operaciones de espionaje. Pero Gaviria no se desanima. “La política es como una tarea pedagógica”, asegura con una sonrisa y luego dice como avergonzado: “No sé si es demasiado optimista, pero creo que con el tiempo vamos a poder abrir los ojos de esta obnubilada sociedad colombiana”.
–¿Por qué dice que en Colombia existe una democracia simulada?
–En Colombia, el Congreso está cooptado por los paramilitares, quienes sin duda apoyaron a Uribe en su primera candidatura y también en la reelección. Estos mismos grupos de criminales dicen que tienen controlada más de la tercera parte del Congreso. ¿Podría pensar alguien que ése es un Congreso democrático? Además, las decisiones en Colombia no se toman en el Poder Legislativo, a través de un debate libre y abierto, sino que se toman en los desayunos en el Palacio de Nariño. El presidente invita a su bancada y a otros posibles socios y les ofrece cargos y prebendas. Otra cosa que para mí es inquietante es el intento del presidente Uribe de cooptar a la Corte Constitucional, una de las instituciones que hasta ahora se había mantenido más independiente. El padre de uno de los magistrados de la Corte fue nombrado embajador de Francia.
–¿Y la opinión pública? Uribe mantiene uno de los niveles de popularidad más altos del continente...
–Ha habido una estrategia muy hábil para cambiarle a la gran mayoría de la gente su clamor de justicia social por una promesa de seguridad. Estamos viviendo una situación que yo llamo anómica. La gente no parece acatar las reglas que rigen la vida de una sociedad, las normas de derecho, sino que se hace justicia por su propia mano: hay organizaciones armadas tanto de izquierda como de derecha y una delincuencia común muy importante. Lo que el gobierno ha hecho es darle a la gente la esperanza de que eso se va a acabar y que se va a acabar mediante la victoria militar del presidente, especialmente sobre la guerrilla de las FARC. Entonces, la gente pone en segundo plano su situación social y sus necesidades básicas insatisfechas. El presidente ha logrado ir ambientando sutilmente su propuesta, aprovechando esa situación de temor y fatiga, para consolidar un statu quo que es desigual e injusto.
–¿Por eso no se ven grandes conflictos gremiales o salariales?
–Sí. Se lo sintetizo con la siguiente anécdota: cuando era magistrado de la Corte Constitucional nos visitó un miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Después de haber hablado con sindicalistas, empresarios y jueces, el hombre se reunió con nosotros y nos dijo: “Es lamentable, pero he llegado a la conclusión de que en Colombia es más fácil y menos peligroso fundar una guerrilla que un sindicato”. Además, como en el resto del globo, el creciente desempleo y la disminución de los trabajadores en blanco están debilitando a los sindicatos.
–Ese crecimiento de la masa de desocupados a su vez ayuda a alimentar las filas de las guerrillas y de los paramilitares.
–Claro. Si yo leyera mañana en los diarios que se firmó la paz, a mí no me parecería una gran noticia, porque el conflicto armado es apenas un brote epidérmico de un mal social muy grave. Por eso, si realmente se quiere acabar con esta situación de violencia, hay que atacar las causas. Colombia es el tercer país con mayor desigualdad del continente. Tenemos un modelo económico macabro que produce miseria. Tuvimos un crecimiento económico mayor de lo que se esperaba, pero los mismos economistas adictos al gobierno reconocen que no se han creado empleos. ¿A quién beneficia este tipo de crecimiento entonces?
–¿Cómo funciona la oposición dentro de esta “democracia simulada”?
–El gobierno de Uribe dice que la oposición tiene todo tipo de garantías. Sin embargo, cuando uno viaja al exterior y habla mal del gobierno, le dicen apátrida. ¡Como si hablar mal del gobierno fuera lo mismo que hablar mal del país! Uribe hizo algo similar durante la campaña presidencial. Como nosotros nos declaramos como un partido de izquierda, el presidente dijo que éramos guerrilleros disfrazados, terroristas vestidos de civil. Todo esto a pesar de nuestras carreras dentro de las instituciones y que en nuestro programa político rechazamos los cambios por la vía armada. Las palabras de Uribe nos pusieron en la mira de los paramilitares y de los sicarios. Hacer política ahora es más peligroso, especialmente si uno es opositor. Y peor aún si uno se dice de izquierda y se opone a un proyecto tan popular como el de Uribe.
–¿La gestión de Uribe mejoró la seguridad?
–Hay logros, pero no son tan extraordinarios como se los presenta. Lo que hay que preguntarse es a qué costo se lograron. En primer lugar, se dice que bajó la tasa de homicidios. Pero esa tasa venía bajando desde 1995 y, por eso, no se le puede atribuir a la política de “seguridad democrática” de Uribe. Además, los homicidios bajaron principalmente en las grandes ciudades –Cali, Bogotá y Medellín–, en donde la política de seguridad depende de los alcaldes y no del gobierno nacional. En segundo lugar, se han reemplazado los secuestros con los desplazamientos. El desplazamiento de personas se ha incrementado de una manera alarmante. La semana pasada, la prensa colombiana hablaba de cuatro mil campesinos, solamente del departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), que habían tenido que desplazarse por las fumigaciones en áreas de cultivos ilegales. Aunque parezca macabro, es negocio para el gobierno cambiar secuestros por desplazamientos. Los primeros suponen un delito atroz, pero además tienen un impacto tremendo porque llevan un nombre: secuestraron a fulano de tal, un político, un hacendado, un sindicalista. En cambio, cuando se dice que se desplazaron 4 mil campesinos, ¿quiénes son?, ¿cómo se llaman? Los paramilitares hasta ahora han desplazado a campesinos de 4 millones de hectáreas y eso ahora aparece como algo secundario.
–Ecuador ya tiene en su territorio a miles de refugiados colombianos. ¿Por qué Bogotá no se acercó a Quito para solucionar esta situación?
–Creo que Colombia le está dando un trato totalmente inadecuado a los países vecinos y, especialmente, a Ecuador, un país más pobre y más débil. Pero todo este asunto deriva de un hecho básico: Colombia ha entregado completamente su soberanía. La política exterior colombiana la maneja Estados Unidos. Y esto no es simplemente una afirmación temeraria o retórica, sino que se puede comprobar en los hechos. Colombia rompió su tradición internacionalista y apoyó la invasión a Irak, a pesar de haber sido ilegítima e ilegal. Lo hizo porque está muy condicionada por la ayuda militar que recibe con el Plan Colombia y el Plan Patriota. Bogotá no puede decidir su política antinarcóticos de forma soberana. Estados Unidos ordena fumigar con glifosato (un herbicida tóxico), cuando ellos mismos no lo utilizan en su país.
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