Colombia vivirá esta semana, el miércoles 7 de agosto, su cambio de gobierno, con la entrega del mando por parte del conservador Andrés Pastrana, que se irá con el sabor amargo de haber fallado en su promesa de una salida negociada con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su sucesor, el liberal independiente de línea dura Alvaro Uribe, que obtuvo el sillón presidencial con un 53 por ciento de los votos el pasado 26 de mayo, asumirá con los desafíos de un programa de gobierno tan ambicioso como riguroso con respecto al conflicto interno armado. Armando Borrero, analista militar y ex asesor de seguridad del gobierno del liberal Ernesto Samper (1994-1988), dialogó con Página/12 sobre las perspectivas y viabilidad de la proclama uribista.
–¿Qué consiguió en esta exhaustiva gira internacional Alvaro Uribe?
–Se sabe de los temas que trató, por ejemplo en Estados Unidos fueron el Plan Colombia, la ayuda, y hubo reuniones con el FMI para tratar su plan de refinanciación de la deuda externa. Hay una preocupación muy grande de los países vecinos por el conflicto externo, esto es, el problema de la extensión del conflicto colombiano a algunos de esos países. Y el narcotráfico, especialmente, con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Panamá. Aparte de establecer relaciones personales, lo que buscó Uribe fue una agenda de trabajo, lo que es especialmente importante en el caso de las relaciones con Venezuela, que no han sido buenas en los últimos meses. Y Venezuela, independientemente de qué régimen tenga, es un país muy importante para Colombia: es nuestro segundo socio comercial y compartimos una frontera de 2200 kilómetros, que tiene la particularidad de ser tal vez la frontera más viva de América Latina. Es una frontera de contacto permanente.
–¿Qué pasó con las gestiones de Uribe con Europa?
–España es tal vez el punto más importante, es el puente para la Unión Europea. Lo que se busca es cambiar su mirada sobre el conflicto colombiano. La conducta de las FARC ya la ha cambiado en los últimos tiempos, los secuestros de extranjeros han hecho que se buscara más información sobre la realidad colombiana. Se busca ver cuál va a ser la posición de Europa con respecto al Plan Colombia; siempre se ha pretendido que la Unión Europea ayude a combatir el narcotráfico y a estabilizar el país, pero con una financiación de tipo social; nunca antes se ha pedido ayuda militar a Europa. Sin embargo, con Francia se habló de una cooperación en el plano militar.
–¿Qué consiguió el futuro gobierno con la renovación por Estados Unidos del Acta de Preferencias Arancelarias Andinas?
–Esto se venía trabajando desde mucho antes de Uribe: el país consigue un acceso preferencial al mercado norteamericano. Las exportaciones colombianas en su mayor parte van a Estados Unidos y Venezuela, los demás mercados son muy pequeños en el conjunto del comercio exterior colombiano. Hay renglones de exportadores que se benefician mucho, por ejemplo el de las flores, y de los textiles y las confecciones –artículos de cuero, etc.–, en fin, hay muchas industrias intensivas en mano de obra además que se ven favorecidas, y ese tipo de industrias son generadoras de empleos.
–La recaratulización del Plan Colombia que se obtuvo de Estados Unidos al poder asignar sus recursos a la lucha antiinsurrección, ¿podría significar un cambio de carátula más general?
–Sobre todo esto es importante para afuera: se ve una mayor intervención en la lucha contra la insurgencia armada y no tanto un plan dirigido a combatir el narcotráfico. En el exterior es una diferencia analítica, pero en el interior, aquí, no hay ninguna frontera; simplemente es aceptar la realidad: es imposible combatir el narcotráfico sin que simultáneamente se combata la guerrilla, porque siempre que se ataque a un cultivo se va a encontrar un grupo armado ilegal que lo está defendiendo.Las FARC han ido avanzando en las distintas etapas del negocio. Inicialmente, en los años `80, básicamente vivían de impuestos a los cultivadores; luego aplicaron impuestos también a los comerciantes de la base y de la hoja, y luego fueron más lejos: laboratorios propios, procesamientos propios. Ahora están en la fase de venta propia, ya tienen rutas hacia el exterior, como quedó demostrado en la conexión con narcotraficantes brasileños. Hay un comercio directo de cocaína refinada. Además, todas las violencias colombianas tienen al narcotráfico como causa generadora: el narcotráfico financia a la guerrilla, a los paramilitares, a las vendettas de las mafias, y parte de la delincuencia urbana se da en la disputa por los mercados de la droga.
–La embajadora norteamericana en Bogotá Anne Patterson habló de un llamado a los reservistas, ¿cómo incide en lo militar y en lo económico?
–La embajadora lo dijo, y luego la ministra de Defensa (Marta Ramírez), que tomará posesión el 7 de agosto repitió la posibilidad. Este es un punto que ha sido muy criticado en el país y yo mismo lo critiqué, porque sencillamente es irresponsable plantear en este momento un llamado a filas, no hay manera de hacer una movilización –sólo se podría hacer un llamamiento de unas pocas reservas– porque no hay cuadros suficientes para dirigir las tropas; la velocidad de rotación de los soldados es mucho más elevada que la de los suboficiales y oficiales; y en la reserva hay muchísimos soldados pero muy pocos cuadros de mando, y muchos ya no están en edad de ser llamados. En fin, se necesitaría reentrenamiento. Yo creo más plausible que se genere un plan de crecimiento de las Fuerzas Militares, más racional, de tal manera que en cuatro años se puedan alcanzar unas metas de crecimiento importantes, pero ampliando la formación de oficiales, suboficiales, y contratando soldados profesionales. Llamar a las reservas no tiene sentido, porque no hay equipos, ni armamentos, no hay alojamiento; el ejército ha crecido mucho y está al tope de sus posibilidades. En 10 años se duplicó.
–De hecho, Uribe propuso duplicar el tamaño del ejército y profesionalizarlo, ¿de dónde va a obtener el dinero para financiarlo?
–El ha propuesto una reforma tributaria: los grandes contribuyentes estarían obligados a comprar bonos, que se devolverían en cinco años, con unos intereses muy bajos, para ayudar a financiar la guerra. Luego, un control muy fuerte a la evasión, que como en toda América Latina es un deporte nacional, entonces aplicaría medidas mucho más fuertes de control. En Colombia se pagan más impuestos que en muchos países latinoamericanos. Asimismo, combatir la corrupción, y con estas tres medidas, más el refinanciamiento de la deuda externa como cuarta medida, se podría aumentar mucho el margen de maniobra del próximo gobierno. La refinanciación de la deuda podría implicar una presión mucho menor sobre el presupuesto nacional.
–Hasta ahora gran parte de las medidas tendientes a mejorar el ejército se concentraron en la formación de fuerzas de elite como la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido): ¿eso es suficiente para Uribe o cree que habría que encarar otras reformas?
–Hay que encarar más reformas, aumentar el número de soldados profesionales, porque está comprobado que son más eficaces; luego darle más movilidad al ejército: se necesita mucho en transporte helitransportado, en aviación táctica, algo en blindaje para proteger comunicaciones, carreteras.
–Pastrana dijo en un reportaje reciente que mejoró la capacidad del ejército, ¿usted qué opina?
–Sí, no se puede negar que aumentó el gasto militar, que creció el tamaño de las Fuerzas Militares, especialmente el ejército, se crearon más brigadas móviles y se avanzó mucho en tecnología: por ejemplo, en la capacidad de combate nocturno, el ejército colombiano está a la cabeza de Latinoamérica.
–¿Qué capacidad tienen las FARC ahora?
–Son un movimiento guerrillero grande, con muy buena capacidad de combate, pero tengo la sensación de que ya no pueden crecer más, porque el reclutamiento en el campo es muy difícil, porque no tienen ningún apoyo social ni político, ya que se convirtió en un puro aparato armado, y no hay mucho planteamiento político: estuvieron casi cuatro años en la zona de distensión, en San Vicente del Caguán, y no hicieron política en absoluto. Son un aparato militar de 17.000 hombres en armas, que ya no pueden vivir de las comunidades campesinas. Las áreas que más les producen dinero las tienen intensamente disputadas. El conflicto colombiano está en crisis, y entra a su fase resolutiva, pero eso puede durar mucho.
–¿Qué busca la guerrilla con su campaña de sabotaje a la infraestructura civil?
–Ha disminuido muchísimo, pero buscan poner contra la pared al Estado. Sin embargo, los resultados políticos son muy negativos, como suele suceder con el terrorismo. Después de eso, suspendieron los ataques a las redes energéticas y ahora se dedicaron a amenazar alcaldes, a hacer entrar en colapso el Estado en las regiones más apartadas. Es una estrategia que les salió en forma de boomerang, porque no fue lejos como se creyó y la sociedad resultó más resistente de lo que pensaba: ahora la gente se moviliza cuando hay ataques a los pueblos.
–¿Qué pretenden con los secuestros políticos?
–Ellos querían presionar un canje de prisioneros, pero el gobierno no ha aceptado y jurídicamente es muy difícil que ocurra. Se tomaron medidas de protección, pero luego del secuestro del avión en enero y con el fin del área de distensión, han disminuido notablemente. Sin embargo, hay bastantes secuestros de tipo económico.
–¿Qué grado de credibilidad tiene Uribe –a quien se acusó de connivencia con los paramilitares– en su planteo de lucha contra los mismos?
–Creo que él tiene credibilidad. Sucede que aquí fueron legales unos organismos de autodefensas llamados Convivir, que fueron un programa importante en la época que Uribe fue gobernador de Antioquia. En las condiciones del conflicto colombiano esas organizaciones fueron fáciles de captar por los grupos paramilitares, pero no creo que hubiera una conexión directa.
–Los paramilitares están haciendo grandes esfuerzos por mejorar su imagen, ¿puede ser el preludio para que entren de facto en la lucha antiguerrillera?
–Sí, tratan de ganar legitimidad y conformar un movimiento político, pero además deben pensar en una negociación futura, en tener la posibilidad de un status político, ser parte de una negociación tripartita Estado-guerrilla-paramilitares. Y prevenir sanciones internacionales.
–¿Cuál es el costo de la red de informantes civiles que propugna Uribe?
–El costo no sería elevado, porque se supone que habría voluntarios. A mí no me gusta la idea, me parece que en las condiciones actuales es muy difícil la organización civil. En el campo colombiano hay mucha movilidad horizontal de la población, trabajo estacional, obreros, viviendas dispersas. No hay una integración social intercomunitaria fuerte.
–¿Qué ramificaciones tienen las FARC en el exterior, más allá de Venezuela y el IRA?
–Muy poca: perdieron su oficina en México, tienen dificultades para moverse en Europa y en América Latina solo tienen eco en Venezuela.
–¿Podrían tener conexiones con las redes de terrorismo árabe?
–Pienso que deben tener contactos, pero no en una participación importante. Se ha hablado de Irak, de Irán, pero en la práctica no se comprobó nada. En Colombia siempre hubo una guerrilla autofinanciada y autodeterminada, poco dependiente del exterior, incluso durante la Guerra Fría: quizá por eso el conflicto se ha prolongado, porque, a diferencia de El Salvador o Guatemala, las FARC no dependen de la logística suministrada desde el exterior.