Desde México, D. F.

Bajo sospecha de fraude electoral, y urgido de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas, Felipe Calderón se apoyó en el ejército no sólo para tomar posesión como presidente de México, el 1o de diciembre del año pasado, sino que lleva cinco meses y medio intentando demostrar que ha asumido el poder con el respaldo de las tropas, a las cuales ha movilizado en 13 de las 32 entidades federativas del país en una campaña frontal contra el crimen organizado con un solo resultado visible: imponer verdaderos estados de sitio en varias regiones del territorio nacional y cometer graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ya recomendó que vuelvan a los cuarteles por estar trastrocando el orden legal de la nación.

Incluso, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, “desaconsejó” utilizar al ejército en tareas de seguridad pública, “por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse, que son violaciones a los derechos humanos”.

En su intento por convertir a la seguridad pública en el eje legitimador de su gobierno, Calderón desplazó a la Policía Federal Preventiva –utilizada para reprimir a la APPO en Oaxaca, el año pasado, pero inoperante ante el crimen organizado–, luego de fracasar en un intento de reclutamiento voluntario de militares para incorporarlos a esa corporación policíaca, y echó mano del ejército, a la vez que inició una abrumadora campaña mediática para justificar el uso de tropas como si fueran policías.

Así, sólo ha conseguido desnudar la debilidad de las instituciones mexicanas para combatir particularmente al narcotráfico, que a su vez ha respondido con más de mil ejecutados en lo que va de este año. Los operativos no han servido más que para demostrar el tamaño de los carteles, su influencia territorial y el potencial de armamento, así como la capacidad logística y operativa de las bandas que montan emboscadas y retenes para asesinar a militares incluso de alto rango, a jefes policiales y funcionarios de alta capacitación –como el responsable de Inteligencia de la Procuraduría General de la República, ejecutado el lunes pasado en la capital del país–, y a media docena de periodistas –dos de ellos, desaparecidos desde hace casi una semana–, mientras en paralelo se asesinan entre ellos como parte de su propia guerra interna por el control de los principales corredores de droga.

Hace dos semanas, en uno de esos operativos en el estado de Michoacán, cinco soldados murieron en una emboscada. Tras que el presidente Calderón les rindiera honores como “héroes” a los efectivos caídos, el ejército barrió con unidades terrestres y aéreas 18 municipios de la zona, incluido el vecino estado de Guerrero. Para ello, incurrieron en cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura, atentados a la integridad física, allanamientos, ejercicio indebido del servicio público y la violación comprobada de una adolescente, aunque existen otras cuatro denuncias sobre ultraje sexual que aún investiga la CNHD. En total, el ejército entregó a la Procuraduría General de la República a 36 detenidos –cuatro de ellos, menores de edad–, pero sólo 13 personas han sido formalmente acusadas.

El martes pasado, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, reportó un total de 52 quejas solamente por este operativo militar en cinco municipios michoacanos, que se suman a otras 28 en 11 estados del país; advirtió que las labores de seguridad pública encomendadas al ejército “empiezan a trastrocar el sistema legal”, y recomendó que los militares sean sacados de las calles “lo antes posible” para dedicarse a “su función de defensa de la soberanía nacional, no de la persecución de la delincuencia”.

Las violaciones sexuales denunciadas en Michoacán no son hechos aislados. El 24 de abril, una indígena náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio, murió en un hospital del estado de Veracruz luego de ser presuntamente ultrajada por varios soldados, aunque la propia CNDH negó que así hubiera ocurrido, pese a declaraciones ministeriales y un par de autopsias que avalan el hecho.

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que sólo 7500 militares participan “en apoyo” a la Policía Federal Preventiva en los operativos contra el crimen organizado que, en lo que va de este año, han servido para destruir o decomisar más de 670 toneladas de droga en diversos puntos del país, asegurar 1648 armas de fuego; detener a 1224 personas relacionadas con el narcotráfico, destruir 311 pistas clandestinas utilizadas para el tráfico de droga vía aérea, desmantelar 131 campamentos utilizados por los carteles.

Pero las bandas de narcotraficantes ni se inmutan, y tan sólo el fin de semana pasado ejecutaron al coordinador de Inteligencia de la PGR, a cuatro escoltas del gobernador del estado de México, a varios policías y un capitán del ejército se convirtió el lunes en la víctima número mil en lo que va del año. El miércoles pasado, la policía del estado de Sonora y militares enfrentaron a una banda casi en la frontera con Estados Unidos, que dejó un saldo de 17 sicarios, cinco policías y dos narcomenudistas muertos. Después de esto, la mayor parte de la policía municipal de Cananea prefirió abandonar la ciudad. En el curso de la semana, en total fueron asesinadas 68 personas en 13 estados del país. Según el presidente de la CNDH, esta ola de violencia obedece al “descuido en la lucha contra el crimen organizado que se dio en el anterior sexenio; estamos pagando esos costos. A ello debemos agregar la falta de policía y que las labores de ésta las están realizando militares, sin ser ésa su función constitucional”.