El crimen organizado ha penetrado las estructuras básicas del Estado mexicano financiando campañas de candidatos a alcaldes, a los cuales luego cobra con el control de las policías municipales. No es gratuito, las campañas electorales en México son de las más caras del mundo, y de las menos fiscalizadas, como lo evidenció el Tribunal Electoral que reconoció que, en el año 2000, Vicente Fox utilizó un financiamiento paralelo al legalmente instituido para ganar la Presidencia de la República, en el cual una gran cantidad de recursos tuvieron un origen no identificado. Por si hubiera duda, la semana pasada el ex candidato al gobierno de la Ciudad de México por el derechista Partido Acción Nacional, Demetrio Sodi, estimó que 70 por ciento de los recursos que se manejan en las campañas no son fiscalizables por el Instituto Federal Electoral (IFE), como ocurrió con su propia campaña. El propio IFE reportó el miércoles pasado más de 200 mil spots de televisión que no fueron reportados ni justificados por los partidos políticos durante la campaña presidencial, por lo que no existe evidencia sobre quiénes los financiaron.

Esto explica que, en los últimos cinco meses, el ejército y la Policía Federal Preventiva hayan desarticulado a las policías municipales en al menos tres ciudades de distintos estados del país –una parte importante del total de 170 mil policías a nivel nacional–, o por lo menos les hayan decomisado todo su armamento oficial en otras tantas, como ocurrió a finales del año pasado en la fronteriza ciudad de Tijuana, donde los policías salieron a las calles a patrullar armados con resorteras (¿tiradores, le dicen en Argentina?), o que incluso haya detenido a buena parte de los elementos policíacos de Monterrey para investigación.

Las estructuras municipales del país se encuentran tan infiltradas por el narcotráfico, que los cárteles de las drogas operan en casi total impunidad, las más de las veces protegidos por las propias policías municipales, ya sea por acción o por omisión, lo que les ha permitido apoderarse de 30 por ciento de todas las tierras cultivables del país y extender los sembradíos de drogas a zonas de extrema pobreza y áreas boscosas, denunció el lunes el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos.

Esta situación, aunada al déficit de legitimidad, credibilidad y apoyo social a su gobierno, es una de las razones para que, desde el 11 de diciembre del año pasado, el presidente Felipe Calderón haya habilitado al ejército en funciones policíacas, con lo que se ha desatado un baño de sangre que ahora nadie sabe cómo parar. Por eso, Calderón hizo viajar el sábado anterior a la Ciudad de México a casi todos los alcaldes de su partido, a los que reunió en la sede nacional del PAN para exigirles que asuman su responsabilidad en materia de seguridad pública. Calderón los exhortó “a que cada orden de gobierno, cada nivel, asuma la responsabilidad que le corresponde”. En realidad, les rogó: “Ustedes ayúdennos y nosotros los ayudamos”.