Sergio Cabral es gobernador del estado de Río de Janeiro, un aliado del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y potencial candidato presidencial de Lula. El actual gobernador carioca fue militante del Partido Comunista y hoy forma parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), formación de centro que se alió con el oficialista PT para el último ballottage.

Cabral asumió la gobernación en enero pasado con un discurso de mano dura contra la delincuencia. Como medida polémica le pidió al Ejecutivo que le mande soldados para que vigilen las calles de Río, el segundo estado más grande de Brasil. “El tema de la inseguridad está siendo combatido en Río”, dijo en entrevista a Página/12 en su breve paso por Buenos Aires. Cabral también habló sobre la situación de la alianza gobernante tras la reciente renuncia del ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau –PMDB–, involucrado en un escándalo de corrupción.

–¿Podría verse afectada la coalición de Lula con el PMDB?

–De ningún modo; la relación del PMDB con el presidente está basada en principios sólidos de democracia y gobernabilidad. Lula está estableciendo una alianza muy sólida con nuestro partido, para construir un proyecto nacional.

–El presidente mantuvo una alta popularidad pese a los casos de corrupción. Para este segundo mandato, ¿va a seguir siendo inmune?

–Lula es un hombre honesto y serio. El no tiene control sobre todas las cosas. La gente cree en su visión demócrata. El presidente es un ejemplo por su pasado de lucha y es un líder indiscutido. Habla con los empresarios y también con el Movimiento de los Sin Tierra.

–Usted vino a lanzar los Juegos Panamericanos que se realizarán el próximo julio. ¿Podrá evitar que se produzcan brotes de violencia narco?

–Tenemos un sistema de seguridad muy fuerte. El aparato del Estado (la policía civil y la policía militar), más 9 mil hombres de la Fuerza Nacional de Seguridad (una elite militar). Río se beneficiará con el sistema de información, de escuchas, de controles; vamos a recibir armas, barcos...

–¿Qué pasó con su pedido al gobierno de que envíe a efectivos de las Fuerzas Armadas para controlar la violencia en las favelas?

–Está en la elaboración final. Es un trabajo de logística, no de presencia visible de las Fuerzas Armadas en las calles. Es una fuerza que estará en áreas de patrullaje, controles de cruce de rutas, arterias de llegada a Río. El tema de la inseguridad de Río está siendo combatido.

–¿No les genera un problema a las Fuerzas Armadas estar subordinadas a la policía?

–No estarán subordinadas, no harán patrullaje en las calles. Pero es necesario el apoyo federal. Hoy tenemos 800 hombres de la fuerza de seguridad nacional. Pedimos que lleguen a 9 mil.

–Usted estuvo en Colombia recientemente. ¿Busca copiar el modelo colombiano de guerra contra los narcos?

–Espero extraer la experiencia de Medellín. Colombia tiene dos guerras: al interior, la selva contra la cocaína, y una guerra urbana. En esta guerra urbana, el gobierno está teniendo logros. Medellín tiene 2.300.000 habitantes, la mitad vive en favelas. En Río tenemos 6 millones, y uno y medio en favelas. En Medellín las fuerzas nacionales combatieron duramente al tráfico y, por otro lado, hubo un trabajo de urbanización, con construcción de calles, casas, escuelas y la presencia permanente de la policía. En Río vamos hacer combate al traficante, combata a la criminalidad y por otro lado llevaremos un plan de desarrollo con mil millones de reales (512 millones de dólares) para las grandes favelas. Haremos calles, avenidas, salud y educación. Hoy las favelas no tienen comunicación con la ciudad. Estamos combatiendo un fenómeno que se da también en Medellín: la parapolicía.

–¿Tiene en mente una reforma del régimen de castigo a los menores de edad?

–Propuse para el Congreso un cambio del concepto de la ley penal. Si un menor de edad –por debajo de los 18 años– comete un crimen, tiene un tratamiento de menor. Pero mi idea es que la fiscalía pueda solicitar que a partir de este delito se cambie la mayoridad a este menor. Si comete otro delito, recibirá una condena.

–También ha hablado de la despenalización de las drogas.

–Tenemos una nueva discusión sobre los costos de la prohibición. Las drogas hacen mal, lo mismo que el cigarrillo. ¿Cuál es el costo para la sociedad, sobre todo de los países en desarrollo?, ¿cuánta gente muere por la prohibición de las drogas? Los adictos no tienen una asistencia pública legal. Yo gasto 2 mil millones de reales por año en combate a la seguridad y gran parte –1 millón de dólares– es debido a la prohibición de la droga. Es como el tema del aborto. Estoy lanzando la idea de la legalización del aborto. Tenemos un número importante de mujeres que se atienden por la mala praxis de un aborto.