Desde Brasilia

La calma imperante durante los 5 primeros meses del segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva se acabó de un tajo. La “Operación Navaja” de la Policía Federal destapó, después de decenas de allanamientos y detenciones, un esquema de corrupción que obligó a renunciar al ministro de Energía, Silas Rondeau, el martes último y tres días después salpicó al presidente del Senado, Renan Calheiros, pieza decisiva de la coalición montada por Lula.

Como en 2005, cuando otro escándalo puso a su gobierno entre las cuerdas y cayeron los ministros claves, Lula repitió que las averiguaciones deben continuar “duela a quien le duela”, pero exigió a la Policía Federal, proclive a los golpes de marketing, que respete las garantías individuales.

La reputación del presidente no está en cuestión, por lo pronto, pero la catarata de denuncias, reforzadas por las revelaciones de la revista Veja de este fin de semana (se descuenta que otras se conocerán en los próximos días) astillaron la base de sustentación de su gobierno al involucrar a Calheiros y Rondeau, dos miembros del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha), el de mayor peso en el Parlamento.

A los dos se los sospecha de vínculos ilegales con empresas constructoras. Rondeau, un técnico sin vuelo político, habría recibido 50 mil dólares de Maria de Fátima Palmeira, filmada mientras se paseaba a metros de su despacho en el Palacio de Minas y Energía. Palmeira es ejecutiva de la firma Gautama, cuyo propietario, Zuleido Soares do Veras, está entre los 48 presos durante la redada policial de hace dos semanas.

Renan Calheiros, el hombre más poderoso del Congreso, pagaba las cuentas de su ex amante y presentadora de noticias en la TV Globo, con cheques de la firma Mendes Junior, según el semanario Veja que accedió al dossier policial de 52.000 páginas y 585 grabaciones elaborado después de meses de espionaje autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.

Calheiros evitó aparecer en público y divulgó una desmentida con argumentos que no persuadieron ni a sus correligionarios del PMDB, para quienes es inevitable la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación, una hipótesis que da escalofríos a los miembros del Poder Ejecutivo.

Hasta dónde llegan las conexiones entre las mafias de los contratistas y gobernadores, ministros y legisladores nadie sabe, pero en los pasillos del Congreso todos sospechan lo peor. “Hay una sensación de asco en la gente, estamos caminando por un camino sin retorno, esto es peligroso para las instituciones”, advirtió en el recinto el senador Pedro Simón, para quien Brasil puede acabar como Italia en los años 1990, cuando las revelaciones sobre la Tangentópolis, que comprometían a políticos y empresarios, acabaron con el sistema político nacido en la posguerra.

El concubinato entre políticos y contratistas de obras públicas se remontaría a fines de los años 1950, cuando el ex presidente Juscelino Kubitschek decidió fundar Brasilia, una obra faraónica que dio lugar a contratos no siempre transparentes. Entre las empresas que hicieron fortuna está la mencionada Mendes Júnior, cuyos fundadores eran, igual que Kubitschek, oriundos de Minas Gerais.

Desde entonces, bajo la arquitectura futurista del Parlamento sobreviven las viejas mañas de los caudillos del Nordeste, de donde proceden Calheiros y José Sarney, actual senador y ex presidente brasileño que apadrinó la cohabitación del PMDB con el Partido de los Trabajadores, bendecida por Lula.

A través de financiamiento de campañas, sobornos a legisladores y tráfico de influencias las corporaciones han envilecido la administración del Estado. Antes de renunciar en 1992 envuelto en escándalos de corrupción, el ex presidente Fernando Collor de Mello recibió más de 3 millones de dólares de la constructora Odebrecht para solventar sus gastos electorales.

En 1993 cayó una decena de legisladores, “los enanos del presupuesto”, cuando se probó que cobraban millones para aprobar obras públicas. Entre los mayores corruptores figuraban los ejecutivos de OAS, empresa donde ya se destacaba el ingeniero Zuleido Soares do Veras.

Soares do Veras fundó en 1995 su propia constructora, Gautama, que en mérito a todo tipo de maniobras ilícitas consiguió contratos millonarios con varios estados y el gobierno federal. El responsable del programa Luz para Todos, uno de los más elogiados del gobierno Lula por llevar electricidad a las poblaciones rurales más postergadas, renunció la semana pasada bajo sospecha de recibir coimas de Soares do Veras.

Jaques Wagner, gobernador petista de Bahía y la ministra jefa de la Casa Civil, Dilma Rousseff, fueron fotografiados a bordo del yate de Soares do Veras. Apodado “jefe” y “mexicano”, Soares comparecerá esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia. Nadie sabe si aceptará confesarlo todo, a cambio de una atenuación de la pena, o guardará silencio. De esa decisión depende, en gran medida, la evolución de esta crisis que sacude los cimientos de la política brasileña.