No tan rápido. Después de anunciar con bombos y platillos la liberación de los primeros guerrilleros canjeables, el presidente colombiano Alvaro Uribe aclaró que los insurgentes detenidos tendrán que cumplir con una serie de condiciones primero. “Que acepten desmovilizarse, que se comprometan a no volver a las filas armadas, que se comprometan a trabajar por la paz, y que acepten vigilancia de un gobierno extranjero o de la Iglesia Católica,” explicó Uribe en un acto en Bogotá.

El mandatario además aseguró que con este gesto quiere desenmascarar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Las FARC no han estado interesadas en un acuerdo humanitario, sino que más bien buscan una zona de despeje (desmilitarizada)”, sostuvo Uribe, que desde hace meses enfrenta presiones desde Europa y los organismos de derechos humanos para negociar con la guerrilla un intercambio de unos 300 insurgentes por más de 50 secuestrados.

Entre los rehenes canjeables se encuentra la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que se ha convertido en la cara del conflicto en Europa, a partir de su doble ciudadanía, francesa y colombiana. Uribe informó ayer que está analizando cada paso de la excarcelación con su par francés, el recién asumido Nicolas Sarkozy. “El personalmente está involucrado en todo el proceso”, aseguró.

Este acercamiento con Europa llega en el momento justo para el presidente colombiano, que en los últimos meses ha visto deteriorada su imagen internacional por la llamada parapolítica. Este escándalo ha vinculado a dirigentes aliados del gobierno con los jefes paramilitares, ahora desmovilizados y detenidos. Ya hay 13 legisladores y dos gobernadores detenidos, varios funcionarios del gobierno bajo sospecha –el vicepresidente y el ministro de Defensa, principalmente– y un sinnúmero de alcaldes y funcionarios municipales involucrados. Ayer fueron detenidos otros cuatro alcaldes del departamento de Sucre.