El lobby mediático critica la decisión del gobierno venezolano de no renovarle la licencia a un canal golpista, pero en Venezuela la oposición controla la mayoría de los medios.
› Por María Laura Carpineta
En los últimos tiempos, parlamentos, organizaciones internacionales y medios de todo el mundo convirtieron a la cadena televisiva Radio Caracas TV –o RCTV para los venezolanos– en el paladín de la libertad de expresión y una víctima más del gobierno de Hugo Chávez. La oposición venezolana junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), parlamentarios de la Unión Europea, el senado de Estados Unidos y organizaciones civiles como Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras conformaron un frente inédito para rechazar la decisión del gobierno de no renovar la concesión del canal e iniciar un fuerte debate sobre la libertad de opinión en Venezuela. Pero en el calor de las acusaciones y la discusión pasaron por alto un detalle. La ley venezolana permite que el gobierno decida si renueva o no una concesión a un medio. Se trata de un mecanismo instaurado en los años cuarenta y cincuenta para fomentar la competitividad del libre mercado, un principio al que todos los detractores de Chávez suelen adherir sin miramientos.
Cuando Chávez anunció a fines del año pasado que no renovaría la concesión de la emisora RCTV no debe haber imaginado la reacción internacional de las últimas semanas. Sin dudas sabía que esta decisión –-inédita en la historia venezolana– iba a provocar una movilización de la oposición, a la que el canal representa. RCTV es la señal más antigua, la segunda en audiencia y concentra cerca de la mitad de la publicidad de la televisión. Desde 1953 ha logrado ganarse la lealtad de los televidentes venezolanos con sus novelas. Hoy son el principal producto de exportación de 1 Broadcasting Caracas (1BC), que a través de una filial en Miami las distribuye a Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente.
Pero ésta no es su única cara. RCTV fue sancionada cuatro veces por tergiversar información y ridiculizar a las autoridades durante gobiernos anteriores. Pero fue su participación en la campaña de desinformación durante el golpe de abril de 2002 lo que marcó su relación con el chavismo. Mientras algunos jefes militares, las principales figuras de la cúpula católica y el empresario Pedro Carmona irrumpían en el Palacio de Miraflores en medio de la madrugada para tomar el gobierno, los principales canales de televisión emitían alguna película vieja o un capítulo repetido de la novela de turno. Según declaró más tarde ante la Asamblea Nacional, el entonces gerente de producción del noticiero, Andrés Izarra, el presidente del canal, Marcel Granier, ordenó que no emitiera nada sobre Chávez, sus ministros o sus seguidores. Izarra no lo aceptó y renunció. Tiempo después Chávez lo nombró ministro de Comunicación e Información y, hace sólo unos meses, presidente de Telesur.
La actuación de RCTV en el efímero golpe empresarial fue la razón que utilizó Chávez a la hora de anunciar su decisión. “Es mejor que vaya preparando sus maletas. No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión”, había dicho eufórico en el discurso de fin de año frente a las Fuerzas Armadas. Ya en 2003, el gobierno había iniciado un proceso contra el canal por “incitar a la comisión de delitos”, en referencia a sus llamados a apoyar a los sindicatos y los gremios antichavistas.
“En el contexto en el que estamos en Venezuela es más sano que exista una RCTV a que tengamos en su lugar otro canal del Estado u otro canal privado afín al Estado”, aseguró hace unos días el representante de Reporteros Sin Fronteras en ese país, Andrés Cañizalez. Con más o menos palabras, éste es el argumento de los que condenan la decisión del gobierno venezolano. Pero a pesar de las advertencias, el tan mencionado “debate amplio” no está en peligro en Venezuela. Alrededor del 80 por ciento de los canales de televisión y del 70 por ciento de las radios están en manos privadas, y la gran mayoría de los medios privados son controlados por la oposición. Además, 1BC, la empresa que dirige RCTV, también cuenta con varias radios y con una participación minoritaria en otros medios. Sin mencionar que “el canal de las novelas”, como le llaman sus directivos, seguramente continuará por cable.
En la medianoche de hoy, un nuevo canal público, TVes, comenzará su transmisión a todo el país. Lo hará mientras miles de personas protestan en las calles de Caracas y piden libertad de expresión.
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