El presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, no logra convencer a sus colegas y deshacerse de las sospechas sobre su participación en el esquema de sobornos y licitaciones fraudulentas de obras públicas nacionales y estaduales, que ya involucró a decenas de funcionarios. Ayer su abogado presentó una carpeta con documentación a la Justicia para respaldar la defensa que había pronunciado el senador frente a la Cámara esta semana. Sin embargo, todavía quedan muchos agujeros negros en su historia, como él mismo reconoce. La que tampoco ha logrado salir ilesa de esta ola de acusaciones y denuncias es la Policía Federal (PF), la misma que sacó a la luz la connivencia de empresas constructoras y funcionarios públicos. La jueza que lleva el caso, Eliana Calmon, separó de su cargo a tres hombres de la jerarquía policial, incluido el número dos de la institución.

Los funcionarios de la policía son el director ejecutivo y segundo en la línea de mando, Zulmar Pimente, el superintendente de la PF en el estado de Bahía, César Nunes, y Paulo Bezerra, designado para asumir próximamente la Secretaría de Seguridad Pública en ese mismo estado. Calmon acusa a los tres de obstaculizar las investigaciones de la policía, especialmente la que desembocó en un nuevo escándalo de corrupción, que ya forzó la reciente renuncia del ex ministro de Minas y Energía Silas Rondeau y la detención de 48 funcionarios y empresarios dos semanas atrás. Según una investigación de contrainteligencia, ordenada por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pimente habría difundido información protegida por el secreto de sumario. El hasta ayer número dos de la policía rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña sucia interna para desprestigiarlo.

La Justicia todavía no ha señalado formalmente al presidente del Senado como un sospechoso. Sin embargo, las sospechas sobre el aliado de Lula ocupan la primera plana de todos los medios, controlados en su mayoría por la oposición. El día después de su presentación en el Senado, todos los diarios, acompañados con voces de la oposición de derecha y de izquierda, coincidieron en que Calheiros no logró probar su versión. Según explicó, es verdad que tiene una hija extramatrimonial de tres años con la periodista Monica Veloso y que le enviaba dinero mensualmente, pero negó que ese dinero fueran coimas de una empresa constructora, como sostuvo en su última edición la revista Veja. Calheiros aseguró que el lobbista de la empresa es en realidad un viejo amigo que sólo le estaba haciendo un favor para mantener fuera de los medios la situación con su hija.

Pero lo que también reconoció Calheiros es que no puede dar cuenta de los pagos mensuales de más de 1500 dólares que realizó antes de diciembre de 2005, cuando reconoció formalmente a su hija. Ayer su abogado presentó recibos de todos los pagos desde esa fecha en adelante, pero no pudo responder por los anteriores. El abogado de Veloso rechazó parte de la versión de Calheiros y reivindicó la denuncia de Veja. Ese cuestionamiento más la escucha telefónica que se difundió entre Calheiros y uno de los procesados por el escándalo volvieron a dejar al senador bajo la lupa de sus colegas. El Partido Socialismo y Libertad, una escisión del PT, presentó una moción en el Congreso para pedir una Comité de Etica para juzgar el comportamiento de Calheiros. “No tengo por qué dejar mi cargo ni pedir licencia porque no hay ninguna acusación contra mí”, respondió el líder de la Cámara alta.