La decisión de Hugo Chávez de no renovarle la concesión del espacio radioeléctrico al canal de televisión abierta RCTV desató un vendaval en Venezuela y en el mundo de los medios. Hubo protestas en las calles, despedidas lacrimógenas de periodistas, discursos condenatorios en el recinto del Senado estadounidense, el Parlamento Europeo y el Congreso brasileño. Y hubo también una respuesta desafiante del gobierno venezolano, que advirtió a otros medios televisivos opositores que nadie tiene la renovación garantizada.

Parece una obviedad que un gobierno votado por dos tercios de la población para impulsar un régimen socialista aspire a tener un canal del Estado que difunda programas culturales en vez de tevé chatarra. También parece evidente que un gobierno tiene todo el derecho a no renovar una licencia, porque lo contrario sería suponer que las licencias son eternas. RCTV no fue censurada ni expropiada ni multada ni sancionada, sino que debió trasladar su programación a una señal de cable y a Internet porque cuando se le venció el privilegio de transmitir por la televisión abierta, el gobierno optó por ocupar la señal con un canal estatal. Parece obvio pero no es habitual. Los gobiernos no suelen enfrentar a los grupos económicos que controlan los grandes medios, porque la respuesta corporativa suele ser contundente. Cuando se ven amenazados, los multimedios ejercen su poder de lobby para defender lo que ellos llaman “libertad de expresión” a través de sus comunicadores a sueldo, que muchas veces se definen a sí mismos como “periodistas independientes”.

Se puede argumentar que no fue prolijo lo de Chávez. Tenía sobradas razones para no renovarle y hasta para quitarle la licencia a RCTV porque ese canal había promovido el fallido golpe de Estado del 2002. Pero el gobierno nunca abrió un expediente para investigar esa conducta ni explicó por qué RCTV fue el único que pagó un costo por ese apoyo, cuando la mayoría de los medios “independientes” había apoyado el golpe. Sin embargo, tampoco son prolijos en este tema los gobiernos que negocian las renovaciones en reuniones privadas, como sucede acá y en todos lados.

En un mundo ideal las licencias se abrirían a concurso en el marco de un proyecto de comunicación consensuado por toda la sociedad, como acaba de fallar la Corte Suprema de México. Quizá los señores Hadad, Manzano o De Narváez no son los más idóneos para dirigir un canal de televisión. Quizá no está bien que el principal diario y el segundo canal de aire y la empresa de televisión por cable más grande tengan el mismo dueño. Pero el gobierno argentino les renovó la licencia sin fundamentar esa aparente discriminación positiva. Lo mismo hicieron todos los gobiernos que lo precedieron con los dueños de entonces, y lo mismo pasa en otros países. El propio Chávez negoció la renovación de la licencia de Venevisión, del grupo Cisneros, el otro gran canal de la televisión abierta venezolana. Hasta entonces, Gustavo Cisneros, presidente del grupo, había sido el líder de la oposición al chavismo, pero después del acuerdo el canal moderó sus críticas. No parece correcto que el lobby mediático sea juez y parte en el tema de las licencias televisivas, silenciando los enjuagues que lo favorecen mientras amplifica y distorsiona las supuestas consecuencias para la libertad de expresión de las decisiones que lo perjudican.

Se podrá decir, parafraseando mal a Bertolt Brecht: primero vinieron por RCTV, después vendrán por otro y por otro hasta acabar con la pluralidad informativa en Venezuela. Se podrá decir también que el gobierno de Chávez adoptó leyes antipáticas que se parecen mucho a criminalizar la crítica. Pero también hay que decir que la oposición sigue estando mejor representada en los medios que en la población general, ni hablar del Parlamento, donde no tiene ni un solo representante porque no se presentó en las últimas elecciones. Y hay que decir que las leyes mordaza existen e intimidan, pero las críticas en los medios opositores siguen siendo tan fuertes como en el primer día, con la notoria excepción ya apuntada del grupo Cisneros. El único canal de noticias las 24 horas, Globovisión, la tercera señal en audiencia, sigue siendo rabiosamente antichavista y hasta ahora ningún periodista venezolano fue detenido.

La polarización no favorece la libre circulación de ideas, pero tampoco los oligopolios. En Venezuela, cuando llegó Chávez, la cosa era así:

“Si se analiza el índice de concentración de las industrias infocomunicacionales venezolanas a partir de la influencia de las cuatro principales empresas de cada sector en facturación y en dominio de mercado de ventas, se concluye que se trata de un país con un alto nivel de concentración, particularmente en lo que respecta a las telecomunicaciones, pero también en televisión de pago, televisión abierta y prensa”. La cita es de un informe sobre propiedad de medios en América latina en el año 2000, un año después de la asunción de Chávez. El trabajo fue preparado por los docentes en comunicación Guillermo Mastrini (UBA) y Martín Becerra (Universidad de Quilmes) para el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una organización de la sociedad civil con base en Lima, y presentado el año pasado en Buenos Aires por Horacio Verbitsky y el periodista peruano Gustavo Gorriti.

Respecto de la televisión abierta, los autores del informe se permiten la siguiente observación: “La industria televisiva venezolana aparece dominada por la actividad del grupo Cisneros y por un volumen de facturación importante (72 por ciento del total de la torta publicitaria de las industrias culturales). Las dos primeras cadenas de televisión abierta (Venevisión y RCTV) ejercen un dominio sustantivo del mercado”.

En cuanto a la prensa gráfica, el informe de IPYS señala que los cuatro diarios principales concentran el 70 por ciento del mercado. Esos diarios eran y siguen siendo portavoces más o menos virulentos de la oposición: El Nacional, El Universal, Ultimas Noticias y El Mundo. “La prensa permanece con un mercado dominado por actores tradicionales (El Nacional, El Universal), que... establecen alianzas coyunturales en función de los posicionamientos y colocaciones que van adoptando en la dinámica política del país, caracterizada por fuertes disputas tras la corrosión del viejo sistema político venezolano en los años ’90”, dice el informe.

La telefonía venezolana, privatizada en 1991, se mantuvo como monopolio privado hasta fines del 2000. “El mercado de telecomunicaciones fue regulado por un régimen de monopolio hasta fines del año 2000, cuando comenzó a liberalizarse. Hasta ese entonces la concesión del servicio la tenía la compañía Cantv, mayoritariamente integrada por el grupo Verizon (GTE y Bell Atalantic)... El nivel de concentración es extremo, dado que se trata de un monopolio”, destaca el trabajo. Después de permitir la entrada de nuevos actores al mercado telefónico a partir del 2001, el gobierno de Chávez llegó a un acuerdo económico con Venizon para nacionalizar Cantv el año pasado y el traspaso se hizo sin grandes traumas.

La investigación de Becerra y Mastrini no analiza en detalle al grupo 1BC que controla RCTV además de dos radios, una productora de contenidos y un servidor de Internet entre otros emprendimientos. Pero la reseña que los autores hacen del grupo Cisneros da una idea del alcance de los grupos multimedia en el siglo XXI, que dista mucho del rol testimonial que aparentan cuando tratan las noticias:

“El grupo Cisneros tiene compañías e intereses en las áreas de telecomunicaciones, medios (fundamentalmente audiovisuales), cervecería, entretenimientos y alimentos. Entre sus empresas sobresale la emisora televisiva Venevisión en Venezuela y su intervención en la compañía DirecTV (aliado con Hughes Electronics). También cuenta con acciones en la cadena Univisión, dirigida a la comunidad hispana en Estados Unidos, y en la empresa de servicios de Internet AOL Latinoamérica. Además, el grupo es propietario de un equipo de béisbol profesional y cuenta con la embotelladora más grande de Sudamérica gracias a un acuerdo suscripto a fines de la década del noventa con la compañía Coca-Cola... Venevisión es hoy uno de los tres proveedores de contenidos en castellano más importantes del mundo, a la vez que provee programación a los canales Caracol (Colombia), Chilevisión (Chile, hasta el 2000) y Univisión, entre otros. Asimismo, cuenta con los derechos de Space, I.Sat, MuchMusic, Playboy TV y otras señales presentes en todo el continente americano. En el sector de entretenimientos, está asociado con Blockbuster en Puerto Rico y con Vene Music, que promueve música latina, entre otras compañías que expanden su margen de acción a toda América latina y al mercado hispano de Estados Unidos... El grupo Cisneros es socio de grandes operadores del sector medios de comunicación, producción de contenidos y del mercado financiero (como el Banco Itaú de Brasil)”. Los grupos económicos usan a sus medios para defender sus intereses, no para abrir espacios que desafíen su hegemonía.

En Venezuela, hasta hace poco, un oligopolio privado controlaba la agenda mediática. Ahora ese oligopolio enfrenta la competencia del aparato de comunicación estatal del gobierno chavista, que incluye más de 200 radios y canales comunitarios, decenas de sitios de Internet, el canal regional Telesur, el local VTV y el cultural TVes, sucesor de RCTV en la televisión abierta. Para la diversidad informativa, un poco de competencia nunca viene mal.