EL MUNDO › EL PRESIDENTE COLOMBIANO EXPLICO QUE LO HIZO TRAS UN PEDIDO DE SU PAR FRANCES
El gobierno decidió excarcelar al hombre más importante de la guerrilla, Rodrigo Granda, entre 180 ex rebeldes que serán liberados entre hoy, mañana y el jueves. Al hacerlo, presiona a las FARC para que acepten un intercambio humanitario.
› Por Katalina Vásquez Guzmán
desde Medellín
El más importante guerrillero de las FARC detenido en Colombia, Rodrigo Granda, fue excarcelado en la tarde de ayer. Pero se trata de “una decisión unilateral del gobierno”, explicó a los medios Miguel González, abogado del también llamado “canciller” de las FARC. Granda, que fue llevado desde la cárcel La Dorada, en el departamento de Caldas, a la ciudad de Bogotá, se sumó a los otros 187 rebeldes que recobrarían su libertad tras firmar un acuerdo con el gobierno colombiano para desertar del grupo subversivo y reinsertarse en la vida civil, aunque el “canciller” mantiene su decisión de ser guerrillero. El presidente Alvaro Uribe explicó anoche que libera a Granda por pedido de su par francés, Nicolas Sarkozy. Y agregó: “El gobierno reitera que le da todas las garantías para que él realice labores de gestor por la paz”.
La liberación de Granda, que no se ha anunciado como definitiva, se dio para restablecer las relaciones del grupo guerrillero con Francia, España y Suiza, países que buscan la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Sin embargo, en el comunicado del domingo último, en el que el Secretariado de las FARC rechazó la excarcelación de guerrilleros, no se mencionó haber designado a Granda como representante del grupo para negociaciones o conversaciones en Colombia o fuera del país.
Uribe dio anoche sus razones: “No puedo dejar una zona desmilitarizada, no puedo permitir que los guerrilleros salgan para volver a delinquir y no puedo dejar de buscar la libertad de los secuestrados”. Con ello trató de explicar las sorpresas que causaron sus anuncios de la semana pasada sobre la liberación de guerrilleros presos, lo que algunos interpretaron como una cortina de humo frente a las fuertes críticas por las escuchas telefónicas que mostraron a los desmovilizados paramilitares delinquiendo desde la cárcel de Itagüí y por el reciente escándalo de la parapolítica que tenía el ojo crítico de la comunidad internacional puesto sobre el gobierno de Uribe.
Por otro lado, que el presidente haya dispuesto personal y herramientas jurídicas para sacar a los guerrilleros de las cárceles en tiempo record es, para muchos, una estrategia para arrinconar a las FARC ante la opinión pública. Hacer esto y obtener una respuesta de rechazo, como en efecto sucedió el domingo último, pone a la guerrilla contra la pared y la responsabilizaría de la falta del intercambio humanitario. Por su parte, Uribe afirmó que se trataba de “un gesto unilateral, esperando que podamos ver en libertad a los secuestrados y que responde a las múltiples exigencias del acuerdo humanitario”.
Por eso dos centenares de guerrilleros fueron llevados a la cárcel Normandía, en Chiquinquirá, desde 50 centros penitenciarios del país. Allí pasaron el fin de semana último, y ayer celebraron una ceremonia protocolaria con miembros de la Iglesia Católica y altos funcionarios del gobierno, donde 187 de ellos firmaron un acuerdo por el que se comprometieron a no delinquir nuevamente y reintegrarse a la sociedad como civiles.
Son 11 mujeres y 176 hombres, ahora ex combatientes de las FARC, los que recobrarían su libertad gracias a que fueron procesados sólo por hechos políticos. Cincuenta de ellos salen hoy indultados y los demás lo harán mañana y pasado. Así se hace efectiva la promesa del presidente de liberarlos antes del 7 de junio. “Ellos se han comprometido a no volver a delinquir”, dijo ayer Uribe. Otros 14 rebeldes que están en Chiquinquirá, según informó el diario El Tiempo, tienen inconvenientes con la documentación y no cumplen la totalidad de requisitos para ser liberados.
Por su parte, las FARC insisten en que la excarcelación que se cumplió ayer no es un canje humanitario, pues los liberados son “desertores” y miembros de la población civil acusados de rebelión que no pertenecen a su organización. Además, sigue en pie la petición de despejar los municipios montañosos Florida y Pradera, en el departamento del Valle de Cauca, sur del país. Mientras tanto, el abogado de Granda dijo que no tiene clara la situación jurídica de su defendido, quien hasta la noche de ayer se encontraba en la sede de la Conferencia Episcopal, a donde llegó en carro blindado desde la Escuela Militar de Cadetes.
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