Tabaré Vázquez les dio ayer un nuevo impulso a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura. Excluyó de la Ley de Caducidad los casos de los uruguayos, unos 40, que fueron transportados ilegalmente de Buenos Aires a Montevideo en 1978. Dicha ley protege a los militares y policías que violaron los derechos humanos en territorio uruguayo durante el gobierno de facto. Se trata de un grupo de militantes de izquierda uruguayos que fueron detenidos en Buenos Aires a fines de 1977, torturados en los pozos de Quilmes y Banfield y trasladados meses después a Montevideo. Según Oscar López Goldaracena, el abogado que investigó y presentó el caso ante la Justicia, todos fueron ejecutados y enterrados en Uruguay. El presidente Vázquez ya ordenó reanudar las excavaciones en predios militares para encontrar sus restos.

Los traslados de detenidos políticos de Buenos Aires a Montevideo durante las dictaduras no son una novedad. La Justicia uruguaya ya está investigando dos de los llamados vuelos de la muerte, reconocidos recientemente por las propias Fuerzas Armadas en los informes que entregaron al presidente Vázquez. Pero con la investigación de López Goldaracena quedó demostrado no sólo que las cúpulas castrenses no dijeron todo, sino además que los traslados no fueron tan excepcionales como se creía. “Desde finales de 1977 y durante 1978 hubo un sinnúmero de traslados”, explicó a este diario el abogado. “Además, hay indicios para creer que era una práctica de ida y vuelta”, agregó.

Para López Goldaracena, el presidente Vázquez excluyó de la Ley de Caducidad no sólo a víctimas que aparecen en la denuncia que presentó un grupo de familiares, sino a toda la investigación. O en otras palabras, a todas las víctimas que hayan sido llevadas ilegalmente desde Buenos Aires a Montevideo. Su investigación da cuenta de unos 40 desaparecidos y de tres traslados principales –aunque él destaca que podrían ser muchos más–. El primero se habría realizado por lancha en febrero de 1978 e involucraría a cinco o seis personas, que más tarde fueron vistas en el centro de detención clandestino uruguayo de La Tablada. En el segundo, a fines de mayo de ese año, habrían viajado más de 20 personas en un avión.

En el tercer traslado, López Goldaracena nuclea distintos viajes, de ida y de vuelta, que se realizan entre junio y octubre de 1978. En ellos son trasladados los uruguayos que estaban detenidos en los pozos de Banfield y Quilmes. Aquí se cuentan familias enteras como los Severo, que eran seis. Antes de ser trasladados ese año, tres prisioneras uruguayas dieron a luz en Buenos Aires. Los bebés fueron recuperados más tarde, durante los ochenta. Uno de ellos es uno de los familiares que impulsan la denuncia.

La otra novedad que introduce la investigación es la identificación de dos lugares donde habrían sido enterrados los cuerpos de esos desaparecidos. Uno es La Tablada, un antiguo hotel devenido centro de tortura con la dictadura, adonde habrían sido llevados los prisioneros del primer traslado y donde podrían estar los restos de las personas torturadas y asesinadas en ese centro clandestino. El otro es el Centro de Artillería Antiaérea Nº 1, un predio militar cercano al aeropuerto Carrasco, en el departamento de Canelones. Nunca se había identificado este lugar como un centro de detención, sin embargo, López Goldaracena y el equipo de antropólogos que lidera las excavaciones creen que allí podrían haber estado detenidos los prisioneros del primer y segundo vuelo de la muerte e incluso de los sucesivos vuelos de 1978.

Los testimonios de los sobrevivientes uruguayos y argentinos de los pozos de Banfield y Quilmes no sólo confirmaron estos traslados, sino que reafirmaron que los oficiales uruguayos también participaron de los interrogatorios y las torturas en los centros clandestinos argentinos, como sostuvieron sobrevivientes del primer vuelo de la muerte esta semana en los tribunales uruguayos.