Raúl Iturriaga, un ex oficial de la dictadura, se negó a declarar y está prófugo. Ayer hubo choques entre militares que cuestionan los juicios de la verdad y familiares de desaparecidos.
La rebeldía de uno de los ex jefes de la DINA, que se negó a presentarse ante la Justicia y está ahora prófugo, impulsó una ola de cuestionamientos de los sectores castrenses chilenos a los juicios por la verdad. Nuevamente, los militares retirados se animan a defenderse públicamente y a asegurar que “rescataron del marxismo al país”. Ayer estos grupos se enfrentaron en la calle con familiares de asesinados y desaparecidos por la dictadura, a los que llamaron “terroristas”. “La situación es muy peligrosa”, advirtió Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Raúl Iturriaga dirigió, junto con el ahora detenido general Manuel Contreras, la policía secreta de la dictadura pinochetista, más conocida como la DINA. Hace apenas unos días, la Justicia lo condenó por la desaparición de un estudiante y militante de izquierda, Luis San Martín. Iturriaga, no contento con la sentencia, a la que calificó de “arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica”, decidió fugarse y eludir los años de prisión. “Si el ministro (el juez Alejandro Solís) me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista (del Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Luis Dagoberto San Martín Vergara está vivo y secuestrado por mí”, explicó en un mensaje posterior a su fuga.
Como Iturriaga, el resto de los oficiales retirados que están siendo investigados, procesados y condenados reiteraron ayer que las ejecuciones y las detenciones fueron misiones “realizadas en cumplimiento del servicio”, responsabilizando de todos los crímenes a las cúpulas militares de aquellos años. “La institución salvó a Chile del caos que vivía antes de 1973”, aseguró el presidente del cuerpo de oficiales superiores, Arnoldo Latorre, reviviendo al fantasma marxista. Los militares retirados también cuestionaron las “insolentes” declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet y de sus ministros. Todo el gabinete y los legisladores de la Concertación cerraron filas en estos días para repudiar la fuga del ex jefe de la DINA, hoy el hombre más buscado de Chile.
El temor del oficialismo y de los organismos de derechos humanos es que otros oficiales retirados o en actividad sigan los pasos de Iturriaga. En Chile hay un poco más de un centenar de represores procesados y/o condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad. Durante la dictadura dirigida por Augusto Pinochet más de tres mil chilenos fueron ejecutados o desaparecieron, cientos de miles fueron forzados al exilio y unos 50 mil fueron torturados, inclusive niños.
La figura de Iturriaga no es sólo central para entender la represión en Chile, sino que fue uno de los hombres que dirigió las misiones en el exterior más famosas del gobierno de facto. Fue señalado por la Justicia argentina y por la chilena como uno de los autores intelectuales del atentado en Buenos Aires contra el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Couthbert. La Justicia italiana también lo condenó en ausencia por el atentado contra el vicepresidente de Salvador Allende, Bernardo Leigthon, en Roma.
Después de confrontar con los oficiales retirados, la dirigente de la asociación de familiares de víctimas Lorena Pizarro destacó que en Chile los sectores castrenses están preparando una contraofensiva para frenar a los juicios por la verdad. Y para probarlo recordó una reunión que pasó casi inadvertida para muchos, cuando un grupo de militares se encontró con Lucía Pinochet, la hija del dictador, para discutir la estrategia conjunta que adoptarían para enfrentar los procesos judiciales.
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