EL MUNDO › EN BOLIVIA POR LAS DEMANDAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
La represión a los mineros cooperativistas contrasta con la política dialoguista que el gobierno emplea con indios y campesinos.
› Por Pablo Ortiz
Desde Sucre
Evo Morales ahora despeja por la fuerza los cortes de ruta en Bolivia. El jueves pasado mandó a la Policía para que dispersara a los mineros cooperativistas que bloqueaban la carretera entre La Paz y Oruro, en Caracollo, el pueblo del altiplano en el que todos los caminos confluyen y dejan incomunicado el eje troncal conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Caracollo es un hito histórico para la relación entre Morales y los cooperativistas mineros. Fue en este punto en el que hace poco más de dos años, en mayo de 2005, sellaron un acuerdo de cooperación entre el movimiento cocalero y el minero. Los trabajadores de la mina llevaban una semana bloqueando dicho punto, mientras que Morales había convocado a sus bases de Chapare para iniciar una marcha que tenía como objetivo exigir la renuncia de Carlos Mesa a la presidencia de la República. Ese fue el primer acuerdo de Evo Morales para llegar a la presidencia y en solo un mes, antes de la renuncia definitiva de Mesa, había logrado articular todos los movimientos sociales en torno de su proyecto político.
Como pago a su primera alianza, el primer ministro de Minería de su gabinete fue un cooperativista, pero los enfrentamientos en Huanuni de octubre del año pasado, donde murieron 18 personas, rompieron todo vínculo. Ahora, los cooperativistas mineros son enemigos del gobierno y están bajo sospecha de coordinar sus acciones con los autonomistas de la media luna.
“Convocamos al diálogo (a los mineros) para resolver sus demandas, pero lamentablemente hay algunas que no se pueden atender, como el pedido de renuncia del gobernador de Oruro. Eso es una acción política”, dijo Morales, desde el Palacio Quemado el viernes por la noche.
Durante la pasada semana, tres cortes de ruta dejaron incomunicado a todo el país. Al ya mencionado en Caracollo se sumaron dos más en la provincia de Santa Cruz. El primero estaba ubicado en Yapacaní, una población de colonizadores andinos enclavada en la selva cruceña dirigida por Címar Victoria, un líder sindical incómodo para Morales, que por momentos es su aliado y por otro uno de sus principales opositores. Esta vez cortaron el tránsito entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba para exigir que sus posesiones en la reserva forestal de Choré sean tituladas individualmente y no de manera colectiva como indica la política de Morales. Unos 400 kilómetros al sur de allí, en Camiri, los representantes del pueblo indígena guaraní también bloquearon la zona chaqueña para exigir que la autonomía indígena esbozada en el proyecto del Movimiento Al Socialismo sea respetada en la Asamblea Constituyente.
A diferencia de lo sucedido con los mineros, Morales utilizó el diálogo para desarticular ambos conflictos. En el primero envió a la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y al segundo al presidente de la comisión Autonomías de la Asamblea Constituyente, Saúl Avalos.
Estos piquetes ilustran muy bien la relación de Morales con los movimientos sociales. Mientras los mineros cooperativistas cayeron en desgracia con la muertes en Huanuni, el aún líder cocalero mantiene una alianza sólida con el llamado Pacto de Unidad, una organización que nació en marzo de 2005 y que defendió a Evo de las acusaciones de Mesa. En ese momento estaba integrada por el movimiento cocalero, los trabajadores campesinos, los mineros, los aymaras liderados por Felipe Quispe, “El Mallku” y la Central Obrera Boliviana. Ahora, las bases se han reconfigurado y el Pacto de Unidad está dirigido por Isaac Avalos, diputado suplente del MAS que también es secretario general de la Confederación de Campesinos de Bolivia. Han quedado fuera los mineros y la muy debilitada Central Obrera Boliviana, que no encuentra mayores bases que las mineras y los maestros en un país en el que la industria prácticamente no existe.
De manera constante, Morales ha recurrido a los movimientos sociales afines a su gobierno para hacer aprobar leyes y presionar a la Asamblea Constituyente. El mejor ejemplo de esto es lo que sucedió el año pasado con la marcha de los indígenas de tierras bajas que exigieron el cambio a la Ley de Tierras. Pero una movilización aún mucho más grande se prepara para esta semana, cuando indígenas de tierras bajas se unan a los aymaras para presionar para que la Constituyente apruebe los proyectos oficialistas.
Mientras tanto, Morales demuestra que es capaz de intervenir los piquetes de los movimientos sociales que no le son afines. Así sucedió en septiembre pasado con la toma de urbanizaciones por el Movimiento Sin Techo en Oruro (un muerto), con los mineros cooperativistas que exigían volver a Huanuni en noviembre (un policía muerto a mano de los mineros), con la toma de estaciones de bombeo de gas en Tarija en marzo pasado (varios heridos) y el jueves pasado en Caracollo. Ahora, Morales dice que no aceptará pedidos corporativos. Se trata del mismo Morales que en 2002 mantuvo bloqueado Chapare durante un mes por un pedido corporativo de los cocaleros. Pero son otros tiempos y el presidente parece haber aprendido el arte de gobernar.
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