Miles de sindicalistas colombianos ya no sólo deben enfrentarse con sus empresas, sino que además arriesgan su vida ante la amenaza de las fuerzas paramilitares y el ejército. Por eso Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los gremios, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. “Hay un patrón de agresiones sistemáticas contra trabajadores involucrados en disputas laborales y campañas en contra de privatizaciones a favor de los derechos de los trabajadores”, indica un informe presentado esta semana por el organismo, que contrasta con las cifras manejadas por el gobierno.

En medio de marchas y repudios contra la violencia, la realidad colombiana sigue sumando numerosos casos de ataques y homicidios contra los gremialistas y sus familiares, lo que se completaría con una ausencia crónica de investigaciones y procesamientos por parte de las autoridades.

Entre enero de 1991 y diciembre de 2006, la organización colombiana Escuela Nacional Sindical (ENS) documentó 2245 homicidios, 3400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. A pesar de su supuesta desmovilización, los paramilitares respaldados por el ejército y las fuerzas de seguridad estarían detrás de la mayoría de las agresiones.

En este sentido, el informe publicado a principios de la semana pasada por Amnistía revela una batería de casos en los que fueron violentados trabajadores organizados de la salud, educación, servicios públicos, agricultura, minería, petróleo, gas, energía y alimentación. “En los últimos años, el sindicato de los trabajadores de la industria alimentaria (Sinaltrainal) se ha visto envuelto en conflictos laborales, a menudo con grandes empresas multinacionales. Con frecuencia se han cometido violaciones de derechos humanos coincidiendo con períodos de conflicto laboral”, describe el documento.

A comienzos de este año, grandes empresas como Nestlé y Coca Cola fueron denunciadas por los trabajadores de Sinaltrainal. “En la parte exterior de la fábrica y sus alrededores en el municipio de Bugalagrande permanecen personas desconocidas vestidas de civil y armadas, estos sujetos se identificaron como trabajadores al servicio de Nestlé”, señalaba un comunicado del sindicato.

Este mismo gremio habría alentado acciones judiciales en Estados Unidos contra plantas embotelladoras bajo licencia de Coca Cola instaladas en Colombia, por considerar que su personal estaba implicado en homicidios y otras violaciones contra sindicalistas cometidas por paramilitares.

Pero los “paras” y las trasnacionales no serían los únicos responsables. La Confederación Sindical Internacional (CSI), que cuenta con tres organizaciones afiliadas en Colombia, la CUT, CGT y CTC, también critica al gobierno. “Es muy inquietante que durante la última Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, los empresarios y el gobierno hayan logrado que Colombia no fuera clasificada dentro del grupo de países que más viola los derechos laborales y los derechos humanos”, advierte la CSI en un comunicado del mes pasado.

Una antigua autoridad de la inteligencia colombiana (DAS), que es sospechada de tener contactos con Uribe, informó en el 2004 que ese organismo habría proporcionado una lista de 24 dirigentes sindicales de distintos distritos a los jefes del Bloque Norte, uno de los grupos integrantes de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Bajo los lentes del presidente colombiano el panorama parece menos alarmante. “Cuando yo llegué a la Presidencia aquí asesinaban 256 (líderes sindicales) al año. Desde la hora cero empezamos a protegerlos. Se redujo a 25 en el año 2005. En el año 2006 nos volvió a subir a 60, porque se le sumó a eso un enfrentamiento entre las FARC y el ELN”, destacó en un discurso en junio.

Pero las estadísticas no son las mismas para la ENS, que señala que entre el 1º de enero y el 20 de noviembre de 2006 fueron asesinados en el país 71 sindicalistas, situación que revela un incremento de los homicidios en un 6 por ciento frente al mismo período del año 2005, cuando se registraron 67 asesinatos.

“Pese a los ampliamente publicitados logros del gobierno de Uribe y su estrategia de seguridad democrática en materia de protección de derechos humanos a sindicalistas, no existe ningún cambio positivo en lo referido a homicidios y, por el contrario, se evidencia una permanencia en las dimensiones de las violaciones”, señala la organización no gubernamental.

Informe: Juan Manuel Barca.