Un rescate militar del ejército colombiano falló y terminó con seis muertos. Un comando de elite antisecuestro de las Fuerzas Armadas intentó ayer liberar a un empresario agropecuario que se encontraba en un campamento de las FARC en las montañas del departamento de Caldas, en el noroeste del país. La semana pasada millones de colombianos, dirigidos por los familiares de las decenas de secuestrados que mantiene la guerrilla, salieron a las calles para pedir la liberación de los rehenes y rechazar la política de rescates militares que apoya el gobierno de Alvaro Uribe.

Diego Mejía Isaza era un empresario de 50 años, que había sido secuestrado el pasado 1° de mayo en una zona rural de Neira, en el departamento de Caldas, a unos 300 kilómetros de Bogotá. Los medios colombianos sostenían ayer que las FARC pedían unos 2,5 millones de dólares por él. Los familiares se habrían negado a pagarlo y habrían acudido a las autoridades. Según el comandante del ejército, el general Mario Montoya, les habrían dado la luz verde para un rescate militar. “Como es de suponer, en todo tipo de operación hay riesgos, y este riesgo, precisamente, lo corrimos, con beneplácito, con el visto bueno de la familia”, explicó ayer el oficial.

Siempre según el ejército colombiano, el operativo habría comenzado bien. El equipo de elite habría conseguido sacar a Mejía Isaza del campamento. Sin embargo, cuando lo llevaban hacia Manizales, la capital de Caldas, se habrían dado cuenta de que el empresario estaba herido. Antes de llegar a la ciudad murió. Las otras cinco víctimas –un soldado y cuatro presuntos guerrilleros– fallecieron en medio del combate.

Hacia años que las Fuerzas Armadas colombianas no reconocían un rescate militar fallido. Hace algunas semanas, la noticia del asesinato de once ex diputados provinciales en una presunta ofensiva del ejército causó una movilización callejera en todo el país como no se veía hace años. Las once víctimas estaban secuestradas desde abril de 2002 y eran parte de los 56 canjeables que las FARC utilizaban para negociar un intercambio humanitario.

Según el comunicado de la guerrilla, los once ex legisladores provinciales habían quedado en medio del fuego cruzado, provocado por un ataque de fuerzas no identificadas. Inmediatamente el gobierno de Uribe negó cualquier responsabilidad y sostuvo que no había ordenado ningún rescate militar. A pesar de sus declaraciones, la duda quedó sembrada. El gobierno francés, que en los últimos tiempos ofició como intermediario en un acercamiento entre Bogotá y las FARC, salió a recordarle a Uribe que no apoyaba la liberación de rehenes por la vía militar. Lo mismo le dijeron millones de colombianos días después al copar las calles de las principales ciudades del país.

La ofensiva de ayer del ejército seguramente volverá a tensar la relación con las FARC, que esta semana había aceptado hacer un gesto –hacia la comunidad internacional y la sociedad colombiana– y entregar los cuerpos de los ex diputados provinciales. Pero ayer por la mañana, aún antes de conocerse el rescate fallido, Bogotá le hizo saber a la mayor guerrilla del país que poco importó esa decisión. Un vocero de la Presidencia reiteró que no desmilitarizarán ninguna región del país, aun si sólo es para que entreguen los cuerpos de los secuestrados a una organización humanitaria como la Cruz Roja Internacional.