Luego de las multitudinarias protestas contra su gobierno del último miércoles, que paralizaron la mayor parte del país y jaquearon al régimen, el presidente Alan García endureció la represión y tensó más la cuerda de la crisis social. Más de 150 manifestantes antigubernamentales fueron detenidos en todo el país y el gobierno ordenó la captura de los dirigentes del sindicato de maestros, en huelga hace ocho días. El paro de los maestros públicos gatilló las protestas de la última semana, que han dejado tres muertos. Entre el jueves por la tarde y el viernes fueron detenidos por la policía los principales dirigentes del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep). Antes de que comiencen las detenciones, la policía había reprimido violentamente las marchas de protesta.

El viernes las principales calles de Lima amanecieron fuertemente custodiadas por tanquetas y miles de policías para impedir nuevas movilizaciones. Las fuerzas armadas, por su parte, resguardaban los principales locales públicos. Los dirigentes sindicales detenidos han sido acusados ante la fiscalía por alterar el orden público e impedir el libre tránsito con sus marchas. El ex congresista y ex candidato presidencial del Partido Socialista Javier Diez Canseco también fue detenido cuando fue hasta un local policial a indagar por la situación de los maestros recluidos en ese lugar. Diez Canseco fue liberado ayer, pero ha sido denunciado por una supuesta agresión a un coronel de la policía al momento de su detención, lo que el ex parlamentario niega y la policía no ha podido probar. El viernes también fue liberado Robert Huaynalaya, importante dirigente del Sutep, pero ha sido denunciado penalmente por el gobierno y se encuentra en libertad condicional. Al momento del envío de esta nota la mayor parte de los dirigentes sindicales detenidos permanecían encarcelados en Seguridad del Estado.

Mientras los maestros en huelga exigían la liberación de sus dirigentes y pedían diálogo con el gobierno para levantar el paro, el presidente García volvió a la carga contra los huelguistas. “Es el comunismo que se niega a morir y que siempre está detrás de todas estas cosas. Mano dura con esa gente. Eso es lo que quiere el pueblo”, amenazó García, quien parece haber olvidado que en el año 2004 él participó, junto a los dirigentes sindicales a los que ahora ataca, de protestas similares, aunque de menor magnitud, contra el gobierno de Alejandro Toledo. Las duras palabras de García anunciando “mano dura” para acallar los reclamos sociales fueron celebradas por el empresariado, la derecha y el fujimorismo. Del otro lado, Mario Huamán, presidente de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), denunció que el gobierno de García “se está portando como la dictadura fujimorista”.

Aunque el gobierno insiste en culpar por las protestas sociales a “pequeños grupos radicales”, la magnitud de éstas no deja dudas del amplio respaldo que han tenido las manifestaciones antigubernamentales, lo que refleja el creciente descontento con un presidente que llegó al poder ofreciendo cambiar la política neoliberal y restituir los derechos labores y que una vez en el poder se olvidó de sus promesas. El resultado es una espectacular caída de su popularidad. Según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica publicada ayer viernes, el nivel de aprobación a la gestión de García ha descendido al 35 por ciento. Hace un año, el presidente peruano comenzó su gestión con una aprobación cercana al 70 por ciento. La situación más dramática para el gobierno se da en el interior del país: en la zona del oriente la aprobación presidencial apenas llega al 11 por ciento, en el centro andino es del 13 por ciento y en el sur del 17 por ciento. Lima sigue siendo el lugar donde mejor le va al gobierno, con 45 por ciento de apoyo, aunque esta cifra es bastante menor que el 64 por ciento que tenía en marzo. “Este rechazo a la gestión del gobierno se explica porque se está excluyendo a las mayorías de la actual bonanza económica que el gobierno nos recuerda todos los días, y esa exclusión es mayor en el interior del país”, le señaló a Página/12 Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.