“Congonhas SA”. El director de la película argentina “Fuerza Aérea SA” Enrique Piñeiro fue invitado a participar en un seminario sobre la crisis de los aeropuertos brasileños poco antes del desastre que el martes pasado mató a unas 200 personas en la aerostación de Congonhas, enclavada en una zona densamente poblada de San Pablo. El encuentro había sido organizado en Brasilia por los controladores aéreos que desde hace 10 meses –cuando el choque de un Boeing y una avioneta dejó 154 muertos en la Amazonia– enfrentan a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a cargo de los aeropuertos civiles.

Con dos de sus líderes presos por orden del comandante de la FAB, brigadier Juniti Saito, bajo cargos de “insubordinación” y “quiebra de la verticalidad del mando” los controladores evitaron hacer pronunciamientos públicos, pero a condición de anonimato avisaron hace menos de un mes: “Los militares brasileños son tan incompetentes y corruptos como los argentinos, si el gobierno no da un basta en el aquelarre de Infraero (empresa estatal aeroportuaria) están dadas las condiciones para que en cualquier momento ocurra una nueva tragedia”. La premonición se reveló acertada el martes pasado, cuando el vuelo 3054 de TAM explotó después de incrustarse contra un predio vecino a la terminal de Congonhas.

Fueron los mismos brigadieres que aplicaron sin atenuantes la justicia militar –contra los operadores de vuelo “sediciosos”– quienes durante años contemporizaron a través de Infraero con el lobby de las aerolíneas privadas, en favor de Congonhas y los extraordinarios dividendos que supone un aeropuerto en el casco urbano de San Pablo. Claro que la optimización del lucro incrementó la tasa de riesgo de quienes viven en los barrios aledaños a Congonhas, como Moema y Jabaquara. Se estima que unas 10 personas que la semana pasada estaban frente al aeropuerto murieron tras el impacto del Airbus A-320 de TAM. A ésas se suman otras 4 fallecidas en 1996, cuando un Fokker de la misma empresa embistió contra el vecindario, dejando 99 víctimas fatales.

Según estimaciones extraoficiales, más de 17 millones de pasajeros circulan cada año por esa terminal con capacidad para absorber 15 millones. La privatización del aeropuerto paulista se constata en el millonario programa de reformas iniciado hace 4 años, que tuvo como prioridad la ampliación del área comercial y no la refacción de la pista de aterrizaje, que el martes pasado aún no contaba con el sistema de drenaje para impedir derrapes en días de lluvias intensas.

Paradójicamente, el presidente Lula da Silva redobló su respaldo al brigadier Saito después del desastre al encomendarle el seguimiento de los peritajes en Congonhas, mientras corren rumores sobre la dimisión del ministro de Defensa, Waldir Pires, antiguo defensor de una reforma que permitiera más injerencia civil en la gestión aeroportuaria.

En línea con lo anterior, Lula, desgastado por la crisis y falto de reflejos políticos, demoró tres días en hablar a la nación y cuando lo hizo anunció la construcción de un nuevo aeropuerto controlado por el Estado pero con participación de capitales privados, según precisó su jefa de gabinete, Dilma Rousseff. Una señal de que la deserción estatal observada en los últimos años a través de la falta de políticas públicas puede agravarse con el desembarco de grupos privados en la administración aeroportuaria.

Mientras, el “cartel de los aerócratas”, según una expresión del periodista Elio Gaspari, sigue haciendo de las suyas, menos preocupado con el dolor de los familiares de las víctimas que con el costo en indemnizaciones y desprestigio que acarreará el accidente.

Desde el martes a la noche la presidencia de TAM, cuyas acciones cayeron el 17 por ciento, montó una estrategia de desinformación para atenuar su responsabilidad en el desastre.

Tras horas de protestas de los familiares, que amenazaron tomar las oficinas de la empresa en Porto Alegre, TAM informó que había 176 personas a bordo del Airbus, aunque no divulgó sus nombres. Un día después, en otro comunicado de prensa se admitía que había 186 adultos y bebés a bordo y recién el viernes notificó que, en realidad, viajaban 187 personas: más de las permitidas en una nave que siguió volando pese a que los técnicos habían detectado fallas en su dispositivo de freno, 4 días antes del siniestro.