Los prisioneros de Guantánamo siguen provocándole dolores de cabeza a la Casa Blanca. Una corte federal de apelaciones de Washington ordenó al gobierno de George Bush entregar toda la evidencia que tenga sobre los detenidos en la cárcel militar cubana. Según el fallo, el Departamento de Justicia se verá obligado a revelar toda la información sobre los prisioneros que hayan apelado su caso ante una corte civil. Los tres jueces federales estuvieron de acuerdo en que las cortes no pueden tomar una decisión si no tienen toda la evidencia. “Es un claro rechazo a los intentos del gobierno de esconder la verdad”, aseguró Sabin Willett, uno de los abogados que representa a los detenidos.

Desde hace dos años, la Corte Suprema permite que los aproximadamente 360 detenidos en Guantánamo recurran a cortes de apelación civiles para rever su status de combatientes enemigos. Es esta denominación la que legitima su reclusión en una cárcel en donde los derechos civiles de los detenidos caen en un agujero oscuro controlado por el Pentágono. Según abogados que han seguido los procesos militares, las acusaciones no siempre están fundadas. “Lo que más me molesta es la predisposición a utilizar sólo fragmentos de informaciones”, aseguró Stephen Abraham al diario The New York Times.

Abraham denunció que la mayoría de los informes de inteligencia, en los que las cortes militares fundamentan sus acusaciones, sólo se basan en presuntas vinculaciones con organizaciones enemigas o simplemente porque se encontraban en el lugar equivocado. “La actitud que predomina es: ‘Si están en Guantánamo, por algo debe ser’”, aseguró. El fallo del sábado ayudará a revelar estas irregularidades. Antes las cortes civiles sólo podían pedir las transcripciones de las audiencias en la cárcel cubana. En cambio, ahora el Pentágono también tendrá que poner a disposición los informes de inteligencia que llevaron a la detención de los supuestos terroristas.

Pero el fallo tiene una limitación, que ya preocupa a los defensores de los derechos civiles. El texto sostiene que el gobierno deberá entregar toda la información, cuyo acceso sea “razonable”. Eso significa que la Casa Blanca puede ocultar informes de inteligencia, si éstos contienen datos considerados sensibles para preservar la seguridad nacional.