Alvaro Uribe se quedó con ganas de festejar. Justo cuando el presidente colombiano preparaba las celebraciones para el segundo aniversario del proceso de desmovilización de los paramilitares, la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le daba una muy mala noticia. “Hemos decidido suspender indefinidamente nuestras presentaciones a las diligencias judiciales por el flagrante incumplimiento del Estado colombiano”, aseguraron los 24 líderes del mayor grupo paramilitar, desde la prisión de Itagüi. Con esta declaración, los paramilitares se negaron a decir dónde están los cuerpos producto de sus masacres, a contar sus crímenes y a reparar a sus miles de víctimas. O en otras palabras, le dieron un portazo al gobierno de Uribe.

El comunicado de los jefes paramilitares sorprendió a todos. Cerca de la medianoche del martes difundieron una carta dirigida al ministro del Interior, Carlos Holguín, al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, y al alto comisionado de Paz del gobierno de Uribe, Luis Carlos Retrepo. En ella explicaban que un reciente fallo de la Corte Suprema les quitaba las garantías necesarias para continuar dentro del proceso de desmovilización. Hace dos semanas el tribunal había determinado que los paramilitares no podían ser juzgados por el delito de sedición, como establecía la Ley de Justicia y Paz, el marco legal creado por Uribe que ayer cumplió dos años. En 2004, el gobierno de Uribe y la cúpula de las AUC acordaron que estos últimos se entregarían a la Justicia, dejarían las armas y contarían toda la verdad sobre sus crímenes si el Ejecutivo se comprometía a limitar sus condenas a no más de ocho años y a no extraditarlos. Para justificar estos beneficios, el presidente tuvo que demostrar que no se trataba de criminales normales. “Son parte del conflicto armado”, repitió hasta el cansancio ayer el mandatario. “Si se le reconoce sedición a la guerrilla, se les debe reconocer con los mismos elementos a los paramilitares”, agregó. El primero en reaccionar a sus declaraciones fue el presidente de la Corte Suprema, César Valencia, quien sostuvo que el presidente malinterpretó el fallo. Según explicó, el mismo razonamiento se utilizará con los guerrilleros y con cualquier grupo armado ilegal.

Dentro de las críticas que se han escuchado en los últimos dos años, la principal es contra ese argumento. Analistas, dirigentes sociales, políticos de la oposición coinciden en que, mientras su crímenes pueden ser similares, sus orígenes no lo son. “El gobierno quiere equiparar a los paramilitares con la guerrilla y no son lo mismo”, explicó el politólogo colombiano Francisco Giraldo. Según el analista, los grupos de ultraderecha no pueden ser considerados como sediciosos porque nunca buscaron subvertir el orden gubernamental ni estatal. “Por el contrario, tenían un interés en común: destruir a las guerrillas”, agregó. De forma similar, Regulo Madero, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, marcó la diferencia con el resto de los grupos armados ilegales. “Lo que define a los paramilitares es la connivencia de las fuerzas del Estado”, destacó.

Lo cierto es que, a pesar de las críticas, Uribe nunca creyó que la Justicia le tiraría por la borda todo el marco legal que justificaba el proceso de desmovilización de los paramilitares. Sin muchas opciones a mano, el mandatario decidió jugarse ayer su última carta. Enviará un proyecto de ley al Congreso que calificará a los paramilitares como sediciosos. El mismo Congreso en donde un tercio de los legisladores está siendo investigado por sus vínculos con los paras.