La Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó ayer el proyecto de la Casa Blanca de ampliación de las facultades de los servicios de Inteligencia para espiar las comunicaciones de presuntos terroristas, sin orden judicial. La medida permite a los organismos de seguridad como CIA, FBI y NSA realizar escuchas telefónicas e interceptar correos electrónicos sobre todo fuera de Estados Unidos, pero a través de empresas de comunicación estadounidenses, por un período limitado de seis meses. En momentos en que Bush necesitaba una victoria política, la actualización de la vieja legislación fue aprobada el sábado por el Senado y ayer por la otra Cámara, gracias a los demócratas. Por su parte, organizaciones civiles criticaron la ley ya que podría atentar contra las libertades constitucionales.

La votación de la Cámara de Representantes se produjo después de un mensaje del presidente Bush, que presionó para que se aprobara el proyecto. “Proteger Estados Unidos es nuestra más solemne obligación y urjo a la cámara a que apruebe esta ley sin demoras”, dijo el mandatario. Los diputados ratificaron la iniciativa del gobierno por 227 votos a favor y 183 en contra, después de que el Senado la aprobara con 60 votos a favor y 23 en contra.

Todo está listo para que el presidente promulgue la renovación del Acta de Vigilancia para la Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés), que concede al gobierno libertad total para interceptar comunicaciones entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros, que empleen medios de comunicación estadounidenses. La FISA, en rigor, ya permitía al gobierno controlar las comunicaciones entre sospechosos, pero requería de una autorización judicial. Con la nueva reglamentación, bastará para autorizar vigilancias de gran alcance la firma del controvertido fiscal general, Alberto González, hoy bajo la mira del Congreso por el despido de siete fiscales, y enfrentar acusaciones de perjurio y un juicio político en su contra. Justamente el Partido Demócrata cuestionó el poder que obtendría González. “Lo que hace esta ley es permitir al fiscal general que pinche a cualquiera, donde sea y cuando sea, sin el permiso de un tribunal, sin ningún tipo de control”, afirmó la representante demócrata Zoe Lofgren.

En un principio los demócratas aceptaban la idea de vigilar comunicaciones, pero exigían una orden judicial para que los agentes pudieran escuchar una conversación que incluyera a una parte en Estados Unidos, intentando proteger las libertades civiles. Pero ante las advertencias de la Casa Blanca de posibles ataques terroristas en Estados Unidos, el partido opositor con mayor representación en el Congreso se dividió y un sector terminó negociando. Después de la votación la presidenta demócrata de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, dijo que la ley contiene muchas disposiciones “inaceptables”, pero aceptó corregirlas más adelante, aunque antes de que expire el período de vigencia de seis meses, cuando el Congreso deberá renovar la legislación. Mientras tanto, Pelosi propuso que los parlamentarios debatan a partir de septiembre, cuando haya terminado el receso estival, sobre una nueva ley antiterrorista.

Por su parte, el gobierno explicó que sería poco razonable forzar a los agentes a lograr el acuerdo de la corte cada vez que escuchen conversaciones de un investigado en el exterior que haga llamadas frecuentes para hablar con un contacto en territorio estadounidense. Además el representante republicano Dan Lungren,uno de los defensores de la norma, relativizó el alcance de los rastreos. “Las conversaciones que se registran son eliminadas en el momento en el que se comprueba que los participantes no suponen una amenaza para la seguridad nacional”, argumentó. En una declaración emitida en la noche del sábado, Bush prometió firmar rápidamente la nueva ley que para él representa un avance en materia de seguridad. “Se cierra una brecha muy grave en nuestra recolección de información de inteligencia”, aseguró.

En cambio, grupos a favor derechos civiles calificaron la medida como “excesiva”. “Esto posibilita al gobierno pinchar conversaciones entre estadounidenses que se comuniquen con personas que residan fuera del país, sin que los tribunales ni el Congreso puedan impedirlo”, denunciaron. Los críticos de la ley creen que la nueva legislación que por el momento se aplica a sospechosos de participar en operaciones terroristas podría tener aplicaciones más amplias y dar lugar a abusos de autoridad.