El gobierno de Chile quiere reactivar su comisión de derechos humanos. La presidenta Michelle Bachelet creará un consejo para recibir denuncias de personas perseguidas bajo el régimen militar de Augusto Pinochet que no hayan sido contempladas en las comisiones de años anteriores. Después de mantener la iniciativa en estricta reserva, la mandataria difundió el lunes la medida que permitiría producir un informe final a mediados de 2009 y otorgar indemnizaciones a víctimas de la dictadura, informó el diario chileno El Mercurio. Si el Senado aprobara la legislación para que funcione el nuevo consejo, recién el año que viene entraría en vigencia, en momentos que Bachelet busca incluir a Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el 28 de mayo de 2008.

“Nosotros presentamos una indicación de que sobre todo las personas que fueron objeto de torturas o de prisión en la época de la dictadura, y que no alcanzaron a presentar sus antecedentes por diversos motivos, puedan hacerlo”, explicó el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. Según el funcionario, la decisión del Ejecutivo es parte del compromiso adquirido por el gobierno chileno con las organizaciones de derechos humanos.

En la reunión del Comité Político del lunes pasado en La Moneda, la iniciativa de la jefa de Estado fue analizada e informada por los ministros a los presidentes de partidos de la Concertación, quienes recibieron con satisfacción la noticia. De hecho, varios de ellos se habían pronunciado a favor de reabrir la Comisión Valech, establecida por el ex mandatario Ricardo Lagos en septiembre del 2003, para revisar los casos de cerca de 7 mil personas que, pese a presentar sus antecedentes, fueron objetadas. Según la prensa local, de 35 mil denuncias, Valech recogió poco más de 27 mil. Por otra parte, los líderes de sectores oficialistas habían hecho notar que muchas personas, ya sea por desconocimiento o incluso pudor, se habían marginado del proceso.

Dieciséis años después de que el ex presidente Patricio Aylwin recibiera el informe Rettig y a casi tres años de que Lagos hiciera lo propio con el informe Valech, ahora Bachelet busca reabrir la labor que realizaron esas comisiones de derechos humanos. Para ello se creará un consejo asesor que calificará detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, que no hayan sido incluidos en las instancias presididas por el abogado Raúl Rettig y monseñor Sergio Valech, que entregaron sendos informes en marzo de 1991 y noviembre de 2004, respectivamente.

De acuerdo con la prensa local, el nuevo organismo será integrado por seis personas designadas por la presidenta y se creará mediante un artículo transitorio incorporado al proyecto de ley para abrir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se encuentra en el Congreso desde junio de 2005 cuando fue enviado por la administración de Lagos y que el Ejecutivo intentó acelerar la semana pasada pidiendo diez días de tramitación en cada Cámara. Así se espera que la próxima semana el proyecto sea visto por el Senado y pueda convertirse en ley a mediados de octubre, luego de tener su tercer trámite en la Cámara de Diputados, dijo El Mercurio.

Después de la sanción de la ley, la presidenta debería elegir en un plazo de 60 días a los integrantes del grupo, quienes a su vez tendrán seis meses para recoger los antecedentes y un año más para emitir un informe con los resultados y conclusiones, señaló la prensa local. En consecuencia, el informe final estará a mediados del año 2009.

Además, las víctimas cuyos antecedentes fueran aceptados por el consejo podrán acceder a beneficios económicos. Según cálculos que maneja el Ministerio de Hacienda, las indemnizaciones que se otorgarán implicarán un gasto de 6286 millones de pesos chilenos en 2008 y de 7353 millones desde 2009 hacia delante. De esta forma, el gobierno estima que las nuevas compensaciones que surgirían podrían demandar unos 14 millones de dólares anuales.