La oposición brasileña está empeñada en no permitir que el presidente del Senado Renán Calheiros sea absuelto. Un grupo de senadores advirtió al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que no dará quórum para aprobar la renovación del impuesto al cheque, formalmente conocido como la ley de Contribución Provisoria sobre los Movimientos Financieros. Esta ley autoriza una partida anual de 20 mil millones de dólares para programas y asistencia social. Al mismo tiempo, esos legisladores comenzaron a impulsar ayer las investigaciones y los procesos de destitución correspondientes por las otras tres denuncias que pesan sobre el líder de la Cámara alta y aliado de Lula.

La absolución de Calheiros del miércoles pasado causó una ola de indignación tanto en la sociedad como en los medios brasileños. Con 40 votos de sus compañeros a favor y 35 en contra, el presidente del Senado se salvó de ser destituido del cargo. Lo acusaban de recibir sobornos de una empresa contratista del Estado, a través del lobbista de la compañía y amigo suyo. Todos los analistas coinciden en que gran parte de esa victoria se debe a que la votación fue secreta. Por eso, ayer el grupo de senadores que se oponen a la absolución de Calheiros pidieron discutir una enmienda constitucional que anularía las sesiones secretas. El tema ya fue asignado a una comisión y podría ser tratado la semana próxima.

Los senadores nucleados en el autodefinido Grupo de Aliados de la Etica pertenecen a las bancadas de seis partidos: los opositores Socialismo y Libertad (PSOL) y Democrático Laborista (PDT) y la socialdemocracia (PSDB), los ultraconservadores de Democráticos (DEM), los oficialistas Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Además de terminar con las sesiones secretas y acelerar los otros tres procesos por corrupción contra Calheiros, los legisladores demandan que el presidente del Senado renuncie a su cargo. “No participaremos de reuniones de jefes de bancada con Calheiros porque entendemos que no tiene condiciones para continuar como presidente del Senado”, amenazó el líder del PSDB en el Senado, Tasso Jereissati.

Pero la amenaza mayor llegó con la negativa de tratar la prórroga del impuesto al cheque. Ese impuesto supone una partida millonaria que ya está destinada a ayuda social, especialmente para el nordeste del país. En un momento en que el gobierno de Lula está muy golpeado por las denuncias de corrupción de sus aliados, los brotes incontrolables de violencia en Río de Janeiro y la reciente crisis aérea que terminó con casi 200 muertos, los programas sociales y las mejoras entre los sectores más pobres son el principal capital político del presidente.

Según datos difundidos ayer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los índices sociales han mejorado en el último año. Uno de las cifras más destacables es el aumento del 13 por ciento de los salarios reales en las clases populares. Ayer el oficialismo logró imponer una pequeña victoria y aprobar la creación de una comisión especial en Diputados para tratar la prórroga. Sin embargo, es en el pleno que tendrán dificultades para conseguir la mayoría especial que necesitan.