La ofensiva que se está llevando a cabo en España contra la plana mayor de Herri Batasuna, el ilegalizado partido político vasco que forma parte del entramado de ETA, no se ha detenido ayer. El juez Baltasar Garzón confirmó a últimas horas de la noche la prisión incondicional para 17 de los 23 detenidos la pasada semana, dejando a los otros cinco en libertad bajo fianza. Grupos de militantes radicales protagonizaron ayer distintos incidentes en el País Vasco en protesta contra esta medida, que han caracterizado como una auténtica “declaración de guerra” al movimiento independentista. Los manifestantes quemaron un autobús en la provincia de Vizcaya y diversos cajeros en algunas localidades de la región, sin que se produjeran víctimas durante los incidentes.

La cúpula de Herri Batasuna fue detenida cuando se llevaba a cabo una reunión en la que supuestamente se iba a decidir un cambio en las autoridades del partido. El juez Garzón ha justificado la medida alegando que el grupo está prestando apoyo político a ETA luego de que la organización armada interrumpiera en junio la tregua que mantenía en espera de las frustradas negociaciones con el gobierno de Madrid. “No tienen voluntad de acabar con la violencia terrorista”, alega el magistrado, señalando que la dirección de Batasuna es la principal aliada a la hora de ayudar a ETA a conseguir sus fines políticos.

Entre los detenidos se encuentran dirigentes históricos del nacionalismo radical vasco, como Rufino Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Juan José Petrikorena y Joseba Permarch, todos ellos pertenecientes a la mesa nacional de HB, al igual que otros 12 de los detenidos. Desde que ETA organizó su ala política nunca se había realizado en España una ofensiva tan aparatosa contra los dirigentes visibles del independentismo.

Para comprender el porqué de un acecho judicial de tamaña envergadura justo en estos momentos hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, la cercanía de las elecciones presidenciales de marzo obliga al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a mantener un alto grado de agresividad en torno del nacionalismo vasco, para evitar que el opositor Partido Popular se aproveche del fracaso en las negociaciones de paz con ETA en la campaña electoral. El PP ha acusado reiteradamente a los socialistas de ser demasiado blandos con la banda terrorista. Con esta ofensiva sus argumentos pierden fuerza. El segundo factor es Baltasar Garzón. El popular magistrado es conocido en España por sus simpatías con la izquierda en el gobierno. De hecho, en 1993 llegó a abandonar la magistratura para formar parte de las listas electorales del PSOE gracias a una exitosa gestión de Felipe González, presidente del gobierno durante esos años. Su recorrido político fue corto y terminó renunciando a su banca de diputado en el ocaso del felipismo. Ahora el juez ha resuelto volver a la gran escena política haciéndole un gran favor a Zapatero en el preciso momento en que más lo necesita.

Pero la lucha contra el entorno etarra está lejos de resultar sencilla para el gobierno socialista, a pesar de esta oleada de detenciones. El presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, del Partido Nacionalista Vasco, salió ayer a criticar con dureza la decisión judicial argumentando que “en Irlanda jamás se le pasó por la imaginación meter a los dirigentes del Sinn Fein en la cárcel para avanzar en el proceso de paz y conseguir acuerdos políticos”. Con estas declaraciones, el máximo mandatario vasco ratifica su deriva independentista, que en los últimos días lo ha llevado incluso a convocar un referéndum (considerado inconstitucional por el gobierno español) para que los vascos decidan su futuro en octubre de 2008.

Por su parte, el Partido Popular, que en un primer momento había tachado de electoralista la medida judicial contra Herri Batasuna, cambió el fin de semana de opinión. Su líder, Mariano Rajoy, se vio obligado a apoyar a regañadientes la decisión de la Justicia, antes de que su primera valoración se le volviera en contra como un boomerang. Durante los últimos tres años el partido conservador pidió en reiteradas ocasiones que se llevara a cabo una medida de esta naturaleza contra Herri Batasuna y el entorno político de ETA y ahora que se ha hecho el PP no parecía dispuesto a apoyarla. Rajoy salvó a sus huestes del papelón, pero terminó perdiendo puntos de cara a un electorado que lo ve demasiado cercano a posiciones de derecha extrema, algo que no ayudará si pretende ganar las presidenciales de marzo.