Desde Madrid

Luego de dos años de durísimas negociaciones el Partido Socialista pudo presentar ayer en el Parlamento español el proyecto definitivo de la llamada ley de la memoria histórica, cuyo objetivo principal es cerrar la herida abierta que dejó tras de sí la dictadura franquista cuyos crímenes nunca fueron juzgados debido a los acuerdos alcanzados a la muerte de Francisco Franco por las diversas fuerzas políticas en el marco de la conocida transición española. La ley no abrirá la puerta para que estos delitos terminen en los tribunales, como pretendían algunas fuerzas a la izquierda del PSOE, pero declarará ilegítimos todos los juicios pronunciados por los tribunales de la dictadura.

El Partido Popular, heredero político del franquismo y principal fuerza de oposición, manifestó una vez más su abierto rechazo a la legislación promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que lo hizo Ezquerra Republicana de Cataluña, al que el proyecto le ha parecido insuficiente porque declara ilegítimos pero no ilegales los juicios de los tribunales de la dictadura. Para el PP, en cambio, la ley reabre las heridas que en su momento provocó la Guerra Civil y que, según los conservadores, habían quedado más que bien cerradas durante la transición. Con esta medida, afirman, el gobierno de Zapatero concluye con su proyecto “de volver a dividir a España” que caracterizó todo su mandato desde que asumió el poder en 2004.

Más allá de su carácter meramente simbólico, la ley obligará también a todos los municipios y organismos del Estado a retirar definitivamente los símbolos franquistas que aún subsisten en cientos de pueblos y ciudades españolas, un aspecto que también han rechazado algunos intendentes del Partido Popular, que ya se han negado en el pasado a retirar las estatuas del Caudillo, a cambiar nombres de calles o a quitar banderas y demás símbolos de la dictadura.

La decisión de declarar ilegítimas las sentencias emitidas por los tribunales franquistas, aunque no ilegales como querían Izquierda Unida y otros grupos de izquierda, tiene en cambio algo más que un valor simbólico, ya que la intención es expulsar de modo definitivo del ordenamiento jurídico vigente a aquellas normas dictadas bajo la dictadura que se consideren represoras y contrarias a los derechos humanos, impidiendo de ese modo que puedan ser invocadas en el futuro por autoridades administrativas y judiciales. De esta forma, perderán definitivamente vigencia una serie de disposiciones ultramontanas puestas en vigor por Francisco Franco y que nunca habían sido derogadas, aunque hayan caído en el olvido y ningún juez las aplique desde hace años.

Por su parte, las diferentes asociaciones que se han batido durante los últimos treinta años por conseguir una ley similar terminaron por aceptar la propuesta del grupo socialista, aunque creen que no puede considerarse definitiva. Algunos grupos, como el de los homosexuales que sufrieron represalias durante el franquismo, sienten como un logro histórico que se les haya reconocido su carácter de víctima, mientras los que tienen familiares supuestamente en fosas comunes de fusilados se han molestado por la disposición de la ley que permite que se impida la apertura de una de estas fosas si alguno de los familiares de las víctimas no está de acuerdo. Las asociaciones también echan en falta que no se vaya a realizar un censo de las víctimas de la dictadura, a la vez que critican que no se haya introducido un artículo obligando a que los programas de estudios de la enseñanza media y primaria incluyan un pormenorizado relato de lo ocurrido durante los años oscuros del régimen.

El Foro por la Memoria, una de las asociaciones que más reticencias ha mostrado a la hora de aceptar el actual proyecto, pretendía también que se realizara una pormenorizada investigación de los crímenes franquistas no con el objetivo de juzgar a los responsables que aún puedan estar vivos, sino con un carácter meramente testimonial. Ese aspecto fue rechazado por el PSOE, al igual que la anulación de los juicios, que a criterio de los socialistas iba a generar un gran disloque jurídico, sobre todo en el ámbito patrimonial, teniendo en cuenta la infinidad de expropiaciones ilegítimas que Franco ejecutó contra familias enteras de militantes republicanos.

El proyecto tal y como fue presentado ayer en el Parlamento cuenta también con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió, que lograron que se incluyera en la ley la condena a las ejecuciones realizadas por grupos descontrolados de republicanos contra creyentes y sacerdotes católicos.

Por último, la ley exige no sólo a las administraciones públicas que retiren los símbolos del franquismo, sino que permite que a las instituciones privadas que no lo hagan se les retiren subvenciones y ayudas públicas. Esta medida ha sido rechazada por la Iglesia Católica ya que en varias parroquias todavía pueden verse placas conmemorativas de los “caídos por Dios y por España”. El próximo 28 de octubre, en Roma, la Iglesia dará su versión del supuesto “revisionismo histórico” que tanto critica a los socialistas, canonizando de forma masiva, en un hecho inédito para el Vaticano, a cerca de 500 sacerdotes fusilados por la República en plena Guerra Civil. El núcleo duro de la derecha religiosa española piensa movilizar 20 mil fieles a Roma para asistir al evento al que consideran la contracara de la actual propuesta de ley.