El informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) lo dice con el lenguaje diplomático de rigor, pero no deja dudas: el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia está en serios problemas.

El informe, que fue presentado esta semana, se refiere a la llamada primera etapa de la desmovilización, que terminó a mediados del año pasado con la presentación y entrega de armas de más de 31.000 personas que se identificaron como miembros de alguno de los 38 grupos paramilitares que se han formado en Colombia. Los grupos “paras” fueron creados en los ’80, supuestamente para combatir la guerrilla, pero luego diversificaron sus negocios para incluir el narcotráfico, los secuestros extorsivos y el control territorial a través de asesinatos y desapariciones en masa. En el 2003 firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito para deponer las armas y reinsertarse en la vida civil a cambio de una reducción importante de sus condenas y garantías contra su principal temor, el de ser extraditados a países en cuyos sistemas judiciales no pueden influir. En condiciones ideales la reinserción sería complicada, pero en Colombia lo es mucho más porque el país lleva décadas inmerso en una interminable guerra entre Estado, narcos, guerrilla y paras. Los paras supuestamente se han rendido, pero mantienen su cuota de músculo en los pasillos del poder y en las pequeñas comunidades que supieron ser suyas. Su arma principal es lo que dicen y no dicen, porque ellos saben que el Estado que pretende juzgarlos, en sus distintos estamentos, fue cómplice y partícipe necesario de su accionar. Aun cuando al final haya perdido el control de la represión privada, como sucede ahora con Blackwater en Irak.

En Colombia, en pocos años, los paras se convirtieron en señores feudales. Manejaban radios y hospitales en vastos territorios y negociaban con políticos la desaparición de opositores y con las empresas, la de sindicalistas.

El documento, que en breve estará disponible en la página web del organismo (www. CIDH.org), se divide en dos partes. La primera cubre la visita en el 2006 de los miembros de la comisión a dos circuitos de desmovilización. Los circuitos son las localidades elegidas para que los paramilitares se concentren, se identifiquen, entreguen sus armas y, en caso de estar acusados de crímenes de lesa humanidad en cortes colombianas, manifiesten su voluntad de ajustarse a la ley de Justicia y Paz, que prevé penas reducidas para quienes colaboren con el proceso de desmovilización.

“Entre las cosas que observamos es que no hubo un control efectivo para verificar que los desmovilizados eran combatientes. Las listas eran entregadas por los propios paramilitares y sobre esa lista se armaba todo. Había que confiar en la buena fe de los tipos que entregaban las listas. Llamativamente, el ministerio de Justicia había contado 15.000 paramilitares pero se entregaron más de 30.000”, cuenta el argentino Víctor Abramovich, uno de los miembros de la comisión.

Según el informe, en el circuito de César, “numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes. Tanto en Chimila como en La Mesa preocupó el bajo número de combatientes (patrulleros) en comparación con personas que afirmaron ser operadores de radio (radio chispas) encargados de repartir víveres, o mujeres encargadas de tareas domésticas (lavanderas)...Se ha indicado que estos desmovilizados, pese a no ser combatientes, conformarían los ‘frentes de apoyo social’ del bloque en cuestión”. Es que a cambio de desmovilizarse los pobladores reciben un subsidio estatal para reinsertarse. Así, los paras se guardan y mandan a los pobladores de las comunidades que dominan, donde mantienen su política clientelística, sólo que ahora financiada por el Estado. “El incentivo eran los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso... Cada desmovilizado recibió un subsidio de 358.000 pesos colombianos”, dice el informe.

En cambio en otro circuito que visitó la comisión, Antioquia, se entregaron muchos combatientes. Pero se guardaron sus mejores fierros. La comisión observó que mientras los paras que se rendían entregaban armas vetustas de Europa del Este, verdaderas reliquias de la Guerra Fría, sus compañeros que montaban guardia, supuestamente a la espera del próximo turno programado para la desmovilización, portaban armas de última generación, similares a las del ejército colombiano. “La CIDH observó que las armas entregadas tampoco eran modernas y en algunos caso no parecían en buen estado. Observó también que combatientes no desmovilizados que montaban guardia sí portaban armas modernas y en buen estado”, señala el informe.

Otro cuestionamiento que hace la comisión tiene que ver con la forma en que les tomaron declaración a los paras y la exclusión de las víctimas de esta etapa del proceso, anterior a la etapa judicial. Los fiscales se valieron de un cuestionario standard que los paras conocían de antemano, sin cruzar datos ni repreguntar, en lo que la ley colombiana llamó “versiones libres”. El Estado colombiano parece interesado en hacer que los paras se reinserten en la sociedad con el menor ruido posible, sin ser molestados. Pero el costo es demasiado alto. Para la comisión, “la toma de versiones libres... constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques, sus miembros, y la dinámica socioeconómica que mantenía la existencia y funcionamiento de dichos grupos”.

La segunda parte del informe se ocupa de cómo se aplica la ley de Justicia y Paz a los paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora suman unos dos mil.

El primer problema que detectó la comisión es que muchos de esos presuntos criminales no pueden ser ubicados por errores, voluntarios o no, en los nombres, direcciones y teléfonos declarados en las versiones libres. Otra consecuencia de no cruzar datos, no consultar a las víctimas y no chequear la veracidad de lo confesado.

Otro problema legal se genera por la falta de una participación adecuada de las víctimas en el proceso. La Corte Suprema colombiana las excluyó de la etapa de la toma de versiones libres. “Si en la etapa previa el para confiesa, entonces el juicio es una mera formalidad. Lo importante es que participen en esta etapa para chequear información, poder hacer preguntas más claras, por ejemplo sobre la vinculación del para con el Estado”, dice Abramovich.

También está el tema de la protección de los testigos, ya que para el Estado recién comienza con los juicios, que todavía no empezaron, pero ya fueron asesinadas dos líderes del grupo de madres de desaparecidos. Atento a estos sucesos, el gobierno colombiano estaría por lanzar un nuevo programa de protección de testigos más abarcativo. “Si las víctimas no dan información, es muy difícil chequear lo que dicen los paras”, apunta Abramovich.

Después está el tema de las reparaciones. Para el Estado colombiano, las deben pagar los paras de sus bolsillos, sólo si son condenados, y tras una “audiencia de conciliación” con la víctima. Después de todo eso, si se comprueba que el para no es solvente, recién entonces interviene el Estado. “Imaginate un campesino ‘conciliando’ con (el poderoso líder para) Salvatore Mancuso. Es imposible”, grafica el miembro de la CIDH.

Al final, las víctimas de los paras terminan siendo también víctimas del proceso, demuestra el documento de la CIDH. “Ya que las víctimas están resignando justicia al aceptar penas reducidas, por lo menos el Estado debe equilibrar con verdad y reparación. Pero resulta que el acceso a la verdad quedó muy limitado por el sistema de versiones libres, y para acceder a las reparaciones los más pobres, los desplazados, los indefensos deben enfrentar a sus victimarios e ingresar en una maquinaria burocrática y esperar muchos años. El Estado tiene una responsabilidad primaria y debe disponer de una política activa de reparaciones, no hacerlo a costa de las víctimas”, señala el jurista argentino.

Con todas estas deficiencias, algunas salvables, otras no, avanza el proceso de desmovilización en Colombia. “Estoy preocupado”, reconoce Abramovich con diplomacia. No hace falta que diga más. Mientras las cosas sigan así, con el Estado y los paramilitares cubriéndose las espaldas y las víctimas pagando las consecuencias, queda claro que los únicos desmovilizados van a ser los que imaginan que el proceso funciona y que la crisis colombiana ya pasó.

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