Hugo Chávez ya tiene su reforma constitucional lista. Después de dos meses de debates y votaciones rápidas, la Asamblea Nacional venezolana terminó de aprobar los 69 nuevos artículos de la Carta Magna. El último artículo en votarse fue el que reglamenta el estado de excepción (estado de sitio). La nueva norma suprime la libertad de información durante las emergencias provocadas por crisis financieras, conflictos sociales, desastres naturales o sediciones.

Aunque el chavismo no tuvo que pelear tanto esta batalla, la reforma le costó más de un dolor de cabeza. El más importante fue el enfrentamiento –y posiblemente la ruptura– con la segunda fuerza chavista, el partido Podemos. Las diferencias ya se habían empezado a notar con el proyecto de partido único de Chávez. Ni Podemos ni el Partido Comunista ni Patria para Todos se plegaron todavía al Partido Socialista Unico de Venezuela (PSUV). Sin embargo, habían conseguido disfrazar sus negativas con promesas de fidelidad al presidente y su proyecto de país, conservando su lugar dentro del chavismo.

Pero en la última votación del miércoles a la noche. Podemos dejó bien claras sus diferencias con el gobierno al votar en contra del artículo más cuestionado de la reforma, el del estado de excepción. “En el marco de la Constitución siempre hemos respaldado al gobierno. Pero si nos sacan de la ella, no podemos continuar. El país es más importante que el gobierno y el presidente de la República”, explicó a este diario el diputado y líder de Podemos, Ismael García. El dirigente sigue reconociéndose chavista y se niega a pasarse al bando de la oposición, como a algunos líderes antichavistas ya les gusta anunciar.

En el oficialismo, no obstante, ya tomaron distancia de sus antiguos socios. El propio Chávez los llamó traidores unas semanas atrás, cuando García y otros dirigentes de Podemos salieron a cuestionar la rapidez con que se estaba discutiendo la reforma constitucional y los 25 artículos que la Asamblea Nacional había agregado, por fuera del proyecto de ley que había presentado el gobierno en agosto pasado.

Todavía queda el referéndum del 2 de diciembre, en el que la sociedad deberá ratificar en las urnas las modificaciones. Sin embargo, las movilizaciones chavistas en las calles y el caudal electoral que volvió a demostrar Chávez a fines del año pasado hacen que se dé por descontado que el presidente venezolano se anotará una nueva victoria política.

Entre los principales cambios se destacan la reelección presidencial indefinida, la extensión del mandato del Ejecutivo a siete años, la eliminación de la autonomía del Banco Central, el fin del latifundio y la prohibición de privatizar –parcial o totalmente– cualquier empresa pública. Entre ellas la petrolera Pdvsa, que tendrá el monopolio de la explotación de los recursos naturales de la rica Faja del Orinoco y de las reservas de gas de todo el país. Además crea un quinto poder nacional, el Popular, que será elegido a través de asambleas de base y manejará un presupuesto y proyectos propios.

La reforma fue criticada en las calles de Caracas esta semana durante las manifestaciones masivas de estudiantes universitarios cercanos a la oposición, que terminaron en fuertes enfrentamientos con grupos chavistas y con la policía. Para el oficialismo estas protestas siguen siendo minoritarias. “Se va a notar claramente con la victoria del referéndum”, auguró el diputado y constitucionalista Carlos Escarrá. Según explicó a este diario, todos los cambios están en sintonía con las leyes internacionales, incluso el artículo sobre el estado de excepción. “Se trata de evitar que los medios de comunicación, que son partidos políticos privados, puedan volver a incitar a la rebelión y la guerra”, explicó, recordando el golpe de 2002 contra Chávez.