La Audiencia Nacional española, el tribunal que juzga especialmente delitos de terrorismo, narcotráfico y financieros, aprobó ayer la extradición a Estados Unidos del traficante sirio Monzer Al Kassar, reclamado por su supuesta participación en una operación de venta de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según un tribunal federal de Nueva York, Al Kassar vendió un sistema de misiles tierra-aire y miles de municiones a la guerrilla colombiana. A pesar del pronunciamiento de ayer, el supuesto traficante de armas no será trasladado inmediatamente. El fallo todavía puede ser apelado ante el pleno de la Sala en lo Penal de ese tribunal.

La justicia estadounidense acusa a Al Kassar de “conspiración para matar a ciudadanos, agentes y funcionarios estadounidenses, conspiración para obtener y usar misiles antiaéreos, conspiración para suministrar material y recursos a una organización terrorista internacional y blanqueo de capitales”. Estos delitos pueden ser castigados con la pena de muerte en Estados Unidos, por lo que España podría, legalmente, negarse a entregar al presunto traficante.

Durante el juicio en España, Al Kassar alegó que no había cometido delito alguno y que su intermediación se refería sólo a la venta de armas de Rumania a Nicaragua. Sostuvo que tenía un certificado que demostraba que el destinatario final de las armas era Nicaragua y no las FARC, por lo que la operación era perfectamente legal. Según explicó su abogado, el sirio habría sido víctima de un complot dirigido por agentes de la DEA, quienes lo engañaron y se hicieron pasar por funcionarios nicaragüenses. Con esta defensa, Al Kassar pidió que, de considerar el tribunal que había cometido un delito, se lo juzgara en España y no en Estados Unidos.

Al Kassar fue detenido en junio pasado, cuando acababa de llegar al aeropuerto de Barajas. Recién aterrizaba su vuelo nocturno procedente de Málaga cuando lo abordaron varios agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía judicial y le comunicaron su detención internacional. Ni él ni el sirio ni el libanés que guardaban sus espaldas se resistieron. Quizá porque, a diferencia de otros países en donde tiene pedido de captura, en España Al Kassar vive plácida y legalmente en su mansión marbellí hace diez años. O quizá porque no era la primera vez que se las tenía que ver con la Justicia española. El sirio fue imputado por el juez Baltasar Garzón como cómplice del secuestro del barco italiano “Achille Lauro” a manos de extremistas palestinos en 1985. Según Garzón, el misterioso sirio habría financiado la operación. El magistrado lo acusó de pertenecer a una organización terrorista –el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)–, de asesinato consumado, detención ilegal y piratería. Todas sus cuentas en Suiza fueron embargadas e investigadas. Durante el juicio, el supuesto traficante de armas pasó 14 meses en prisión preventiva, hasta que fue absuelto por falta de pruebas.

Sus antecedentes penales también llegan hasta la Argentina, donde todavía tiene una causa pendiente por irregularidades en la obtención de su documento, cédula de identidad y pasaporte durante los años del gobierno de su amigo, Carlos Menem. A diferencia del resto de los extranjeros, Al Kassar y su familia sólo tuvieron que esperar 24 horas para conseguir su residencia y convertirse en ciudadanos argentinos. Según él mismo declaró, Menem le habría ofrecido hacerle el favor durante una comida en la Casa Rosada.

La causa fue declarada prescripta en 2005 por el juez federal Jorge Ballesteros, pero a los pocos meses la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación. El caso llegó hasta la Corte Suprema, quien a fines del año pasado confirmó el fallo de segunda instancia y obligó a Ballesteros a avanzar en el caso, que concluyó con una condena en ausencia de seis años de prisión por falsificación de documentos públicos.

Al Kassar también fue investigado en el país por sus presuntas vinculaciones con la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador, otro escándalo de la época menemista. El supuesto traficante siempre negó su participación en el contrabando y, según se sospecha, las pruebas para probarlo se quemaron en la misteriosa explosión de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. Investigaciones en otros países lo acusan de vender armas en Brasil, Chipre, Bosnia, Somalía, Irán e Irak.