Desde Madrid

Con la presencia de unos 30 mil españoles que se desplazaron hasta Roma para asistir al evento, el Vaticano proclamó ayer como beatos a 498 religiosos asesinados por simpatizantes republicanos en la península entre 1934 y 1939, es decir, en los años previos y durante el transcurso de la sangrienta Guerra Civil que costó la vida a cerca de un millón de personas. El hecho se produce en medio de un clima de enfrentamiento político entre el gobierno encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la oposición conservadora aliada a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, que acusan al premier español de haber reabierto las heridas dejadas por el conflicto con la elaboración de la llamada Ley de la Memoria Histórica destinada a resarcir a las víctimas de la guerra y de la posterior dictadura encabezada por su vencedor, el general Francisco Franco.

Este hecho inédito –es la primera vez que el Vaticano realiza una beatificación masiva de tanta envergadura– no sólo es una respuesta a los intentos del Partido Socialista por hacer una mínima justicia a los vencidos durante la guerra civil, sino que se enmarca dentro de un conflicto aún mayor mantenido a lo largo de los últimos tres años y medio entre la administración Zapatero y la máxima jerarquía eclesiástica. Un enfrentamiento político y mediático que ha tenido sus puntos de mayor intensidad cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual y durante el transcurso de la modificación de la Ley de Reforma Educativa, que incluyó la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía como obligatoria en las escuelas, una medida que tanto los conservadores del Partido Popular como los sectores religiosos rechazaron desde un comienzo con todas sus fuerzas por considerar que ataca los valores católicos de la sociedad al considerar como válidas las diferentes opciones sexuales, al tiempo que pone énfasis en la difusión de los valores de respeto por los derechos humanos.

Aunque tanto el Partido Popular como la jerarquía católica han negado que la beatificación masiva llevada a cabo ayer en Roma fuera una respuesta a la Ley de la Memoria Histórica propuesta por los socialistas, el esfuerzo que tanto conservadores como obispos pusieron durante los días previos para movilizar multitudes hacia el Vaticano dejó traslucir las verdaderas intenciones políticas y mediáticas del evento.

La beatificación masiva de estos 498 religiosos, a la que concurrieron el ministro de Relaciones Exteriores de Zapatero, Miguel Angel Moratinos, un diputados socialista y ocho del Partido Popular, junto con autoridades de menor jerarquía del gobierno que no quiso desairar por completo al Vaticano, despertó también otra polémica doméstica cuando los familiares de los sacerdotes progresistas asesinados por simpatizar con la república se quejaron de que sus muertos no habían sido incluidos entre los nuevos beatos. Ante este cuestionamiento hecho público por diversas familias de sacerdotes vascos y catalanes durante los días previos a la beatificación la Iglesia prefirió guardar un riguroso silencio.

Sin embargo, ayer en el Vaticano la trascendencia política de este hecho, que transforma a España en una verdadera potencia mundial en lo que respecta a cantidad de santos católicos, fue realzada por las palabras del cardenal Saraiva Martins, que presidió el evento, ya que el papa Benedicto XVI no suele estar presente en este tipo de ceremonias. Saraiva lamentó que la identidad de los cristianos esté “constantemente amenazada” y, en sintonía con la actual línea dura propuesta por el Papa, llamó a “defender la dignidad de la persona, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en la unión matrimonial una e indisoluble entre un hombre y una mujer, el derecho y el deber primario de los padres en lo que se refiere a la educación de los hijos”, palabras que fueron fuertemente aplaudidas por la multitud de españoles presentes, que las entendieron como una alusión directa a la actualidad política interna.